INTRODUCCIÓN

1. Los Jefes de Estado o de Gobierno del Movimiento de Países No Alineados se reunieron los días 15 y 16 de septiembre de 2006 en La Habana, Cuba, bajo la presidencia del Excmo. Dr. Fidel Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, con el objetivo de examinar los asuntos mundiales existentes, nuevos e incipientes de preocupación colectiva y que sean de interés para el Movimiento, con vistas a generar las respuestas e iniciativas necesarias a ese respecto. En este sentido, reafirmaron y pusieron de relieve la fe permanente del Movimiento en sus principios fundacionales , ideales y propósitos y su firme adhesión a estos, en particular para establecer un mundo pacífico y próspero, así como un orden mundial justo y equitativo.

2. Los Jefes de Estado o de Gobierno afirmaron la continua pertinencia y validez de todas las posiciones de principio y decisiones del Movimiento enunciadas en los documentos sustantivos finales de la XIII Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno del MNOAL celebrada en Kuala Lumpur los días 24 y 25 de febrero de 2003, las doce Conferencias Cumbre precedentes del Movimiento, así como todas sus Conferencias o Reuniones Ministeriales anteriores.
 

 

CAPÍTULO I: ASUNTOS MUNDIALES

 

Examen de la situación internacional

3. Los Jefes de Estado o de Gobierno subrayaron que el actual escenario mundial presenta grandes retos para los Países No Alineados en las esferas de la paz y la seguridad, el desarrollo económico y el progreso social, los derechos humanos y el estado de derecho. Afirmaron que han surgido muchas nuevas esferas de preocupación y retos que justifican la renovación del compromiso de la comunidad internacional de ratificar y defender los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional. Al evaluar los acontecimientos acaecidos en el plano internacional desde la XIII Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno del Movimiento, observaron que impedimentos fundamentales siguen obstaculizando el deseo colectivo del Movimiento de establecer un mundo pacífico y próspero, así como un orden mundial justo y equitativo. Entre otros, estos impedimentos son la continua falta de recursos y el subdesarrollo de la mayor parte del mundo en desarrollo, por un lado, y por otro, la permanente falta de cooperación y las medidas coercitivas y unilaterales que imponen algunos países desarrollados. Los países ricos y poderosos siguen ejerciendo una excesiva influencia en la determinación de la naturaleza y dirección de las relaciones internacionales, incluidas las relaciones económicas y comerciales, así como las normas que rigen dichas relaciones, muchas de las cuales se establecen a expensas de los países en desarrollo.

4. Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron que el Movimiento seguirá guiándose en sus esfuerzos por sus Principios Fundacionales y decisiones, la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. A ese fin, el Movimiento continuará defendiendo los principios de la soberanía y la igualdad soberana de los Estados, la integridad territorial y la no intervención en los asuntos internos de otro Estado; tomará medidas eficaces para suprimir los actos de agresión u otras violaciones de la paz y estimulará el arreglo pacífico de controversias internacionales, de manera tal que no peligren la paz y la seguridad internacionales y la justicia; se abstendrá, en las relaciones internacionales, del uso o la amenaza del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o de cualesquiera otros medios incompatibles con los propósitos y principios de las Naciones Unidas; establecerá relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos en su lucha contra la ocupación extranjera; logrará la cooperación internacional para solucionar los problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario; y promoverá y estimulará el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos sin distinción de raza, sexo, idioma o religión.

5. Los Jefes de Estado o de Gobierno observaron que las amenazas y desafíos existentes, nuevos e incipientes continúan obstaculizando los esfuerzos de los Estados por alcanzar un mayor desarrollo económico y progreso social, paz y seguridad, y el disfrute de los derechos humanos y del estado de derecho. La paz y la seguridad mundiales continúan eludiendo a la humanidad como consecuencia, entre otras cosas, del incremento de la tendencia de ciertos Estados a recurrir al unilateralismo y a las medidas impuestas de manera unilateral, del incumplimiento de los compromisos y obligaciones asumidos en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes jurídicamente vinculantes, en especial los que están relacionados con las armas de destrucción en masa y los tratados de armas convencionales, el terrorismo, los conflictos, las violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, la aplicación de dobles raseros en las relaciones internacionales y el incumplimiento por parte de los países desarrollados de sus compromisos en las esferas económica y social. Pusieron de relieve la necesidad de que la comunidad internacional corrija colectivamente esas situaciones, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional.

6. La globalización presenta oportunidades, retos y riesgos para el futuro y la viabilidad de los países en desarrollo. El proceso de globalización y liberalización del comercio ha producido beneficios desiguales entre los Estados y dentro de estos, y la economía mundial se ha caracterizado por un crecimiento lento y asimétrico e inestabilidad. En su forma actual, la globalización perpetúa o incluso aumenta la marginación de los países en desarrollo. Por consiguiente, la globalización tiene que transformarse en una fuerza positiva de cambio para todos los pueblos, que beneficie al mayor número de países y haga prosperar y potencie a los países en desarrollo, y no contribuya a su continuo empobrecimiento y dependencia del mundo desarrollado. Además, se tienen que realizar mayores esfuerzos encaminados a generar una estrategia mundial que asigne prioridad a la dimensión del desarrollo en los procesos mundiales a fin de que los países en desarrollo puedan beneficiarse de las oportunidades que ofrecen la globalización y la liberalización del comercio, mediante, entre otros, la creación de un entorno económico externo propicio al desarrollo, que exija mayor coherencia entre los sistemas comercial, monetario y financiero internacionales, los cuales deben ser abiertos, equitativos y reglamentados, previsibles y no discriminatorios.

7. La revolución en las tecnologías de la información y las comunicaciones sigue cambiando el mundo a una velocidad vertiginosa y de manera fundamental, y ha creado una gran y creciente brecha digital entre los países desarrollados y los países en desarrollo, la cual tiene que cerrarse para que estos últimos se beneficien del proceso de globalización. Es preciso facilitar más el acceso de los países en desarrollo a esas nuevas innovaciones tecnológicas en sus esfuerzos por modernizar y reactivar sus economías para alcanzar los objetivos del desarrollo y aumentar el bienestar de sus poblaciones. En este contexto, para lograr esos objetivos es preciso lograr un entorno internacional propicio y que los Estados cumplan sus compromisos y promesas, en particular el mundo desarrollado.

8. El futuro podría presentar tantos retos y oportunidades como el pasado, y el Movimiento debe conservar su fortaleza, cohesión y resistencia para poder enfrentarlos. La continua pertinencia y validez del Movimiento dependerá, en gran medida, de la unidad y solidaridad de cada uno de sus Países Miembros, así como de la capacidad de estos para adaptarse a esos cambios. Al respecto, es preciso dar mayor impulso al proceso de revitalización del Movimiento, que se inició en Conferencias Cumbre precedentes.

9. Los Jefes de Estado o de Gobierno recordaron la decisión de la Cumbre de la Organización de la Unidad Africana (OUA), celebrada en Argel en julio de 1999, en la cual se pedía el restablecimiento de la legalidad constitucional en los Estados cuyos gobiernos habían accedido al poder por medios inconstitucionales y, en este contexto, estimularon a los Países No Alineados a continuar defendiendo los ideales democráticos compatibles con los Principios Fundacionales del Movimiento.

 

El Movimiento de Países No Alineados: función y métodos de trabajo

10. Reconociendo las aspiraciones de sus pueblos, los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron el irrevocable compromiso y determinación, tanto político como moral, y el pleno respeto del Movimiento en cuanto a sus Principios Fundacionales y la Carta de las Naciones Unidas, así como a la preservación y promoción de estos, con vistas a consolidar y fortalecer aún más la función y posición del Movimiento como plataforma política principal, que representa al mundo en desarrollo en los foros multilaterales, en particular, las Naciones Unidas. En este contexto, recalcaron que el logro de los principios, ideales y propósitos del Movimiento depende de la unidad, la solidaridad y la cohesión entre sus miembros, firmemente arraigadas en el respeto mutuo, el respeto a la diversidad y la tolerancia.

11. Los Jefes de Estado o de Gobierno recordaron que, en el transcurso de los años, el Movimiento ha venido desempeñando una función activa y central en cuestiones de interés y vital importancia para sus miembros, tales como la descolonización, el apartheid, la situación en el Oriente Medio -incluida la cuestión de Palestina- el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y el desarme. Después de casi medio siglo de existencia y haber enfrentado muchos retos y vicisitudes, es oportuno y conveniente continuar examinando exhaustivamente el papel, la estructura, la metodología y los métodos de trabajo del Movimiento con el propósito de mantener el proceso de fortalecimiento y revitalización del Movimiento. En el contexto de los persistentes y nuevos retos y amenazas, es imprescindible que el Movimiento promueva el multilateralismo, en especial mediante el fortalecimiento del papel central de las Naciones Unidas, la defensa de los intereses de los países en desarrollo y la prevención de la marginación de éstos.

12. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su satisfacción por el desempeño y los logros alcanzados por el Movimiento durante los pasados cuarenta y cinco años en la preservación y promoción de sus ideales, principios y propósitos, así como por la atención que ha prestado a las preocupaciones e intereses colectivos de sus miembros. Recordaron las circunstancias históricas que condujeron a la fundación del Movimiento, cuyos primeros decenios de existencia, caracterizados por la confrontación entre los bloques oriental y occidental, estuvieron dedicados fundamentalmente a la liberación de los países del Sur del yugo de la colonización, la dominación foránea o la ocupación extranjera, la generación de desarrollo económico y progreso social y la eliminación del racismo y la discriminación racial. En reconocimiento de la sabiduría y visión de futuro de los Padres Fundadores , los dirigentes de los Países Fundadores y otros líderes anteriores del Movimiento, reafirmaron el compromiso del Movimiento con la salvaguardia, la defensa y la ulterior consolidación de sus principios, ideales y propósitos.

13. Los Jefes de Estado o de Gobierno acogieron con beneplácito las actividades por el cuadragésimo quinto aniversario de la fundación del Movimiento, el 1º de septiembre de 2006 (Día del Movimiento de los Países No Alineados) , lo cual fue un suceso histórico de gran significación para el Movimiento y puso de manifiesto su continua pertinencia y validez.

14. Al comprometer al Movimiento una vez más con sus principios, ideales y propósitos, y de conformidad con las posiciones de principio antes mencionadas, las cuales el Movimiento debe defender, preservar y promover desplegando mayores esfuerzos, así como con los mecanismos y acuerdos vigentes del Movimiento, los Jefes de Estado o de Gobierno acordaron tomar, entre otras, las siguientes medidas:

14.1. Emprender nuevos esfuerzos encaminados a lograr las metas y aplicar las medidas concretas esbozadas en la Declaración de Kuala Lumpur sobre la continuidad de la revitalización del Movimiento de Países No Alineados , y definir acciones concretas ulteriores, como la aprobación de un Plan de Acción, que llevará a cabo el Movimiento con vistas a lograr sus propósitos y objetivos en todas las esferas. El Plan de Acción del Movimiento será examinado cuando sea menester durante las Reuniones Ministeriales a fin de evaluar su aplicación y actualizarlo según corresponda;

14.2. Difundir los documentos resultantes de la XIV Cumbre del MNOAL como documentos oficiales del sistema de las Naciones Unidas, según proceda;

14.3. Fortalecer y manifestar la unidad y solidaridad entre los miembros del Movimiento, en particular con los Países No Alineados que están siendo objeto de amenazas externas de uso de la fuerza, actos de agresión o medidas coercitivas unilaterales, cuyos pueblos están viviendo bajo dominación colonial o foránea u ocupación extranjera, en la pobreza extrema o están padeciendo enfermedades, y son víctimas de desastres naturales, teniendo presente que el Movimiento no puede permitirse el lujo de reflejar falta de unidad y solidaridad en esas circunstancias;

14.4. Llevar adelante el proceso de revisión, análisis y fortalecimiento de las posiciones del Movimiento en relación con los problemas internacionales, con vistas a seguir garantizando la adhesión a sus Principios Fundacionales y la promoción de estos y consolidar aún más los denominadores comunes entre sus miembros;

14.5. Examinar y redefinir la función del Movimiento en el contexto de las realidades actuales y mejorar su estructura y métodos de trabajo, entre otras cosas, mediante el fortalecimiento de los mecanismos y acuerdos vigentes y la creación de otros nuevos, según proceda, y la utilización de éstos al máximo, la celebración de reuniones periódicas sobre esos mecanismos y acuerdos, la generación de una documentación concreta y concisa, el fortalecimiento del papel que desempeña el Presidente como portavoz del Movimiento, mediante el establecimiento de un mecanismo apropiado que sea parte del necesario sistema de respaldo para ayudar al Presidente, con el propósito de engendrar un Movimiento más coordinado, eficaz y eficiente, capaz de responder de manera oportuna a los acontecimientos internacionales que afecten al Movimiento y a los países miembros.

14.6. Coordinar la labor de los mecanismos vigentes del Movimiento en Nueva York, Ginebra, Nairobi, Viena, París y La Haya con la de los órganos y organismos pertinentes de las Naciones Unidas, tras definir sus respectivas esferas prioritarias de interés y competencia, teniendo presente la posición del Buró de Coordinación en Nueva York como centro para la coordinación del Movimiento.

14.7. Aumentar y reforzar la aptitud y capacidad del Movimiento con relación a las iniciativas, la representación y la negociación, así como su fortaleza e influencia ética, política y moral;

14.8. Fortalecer la coordinación y la cooperación, así como la formulación de estrategias comunes en cuestiones relacionadas con el desarrollo económico y el progreso social, con el Grupo de los 77 y China (G-77) por conducto del Comité Conjunto de Coordinación del G-77 y el MNOAL (CCC) a fin de abordar las preocupaciones y promover los intereses colectivos de los países en desarrollo en los foros internacionales pertinentes, en particular en el contexto de la reforma de las Naciones Unidas, y ampliar y afianzar la cooperación Sur-Sur. Dicha coordinación debe regirse por el Mandato aprobado entre ambos foros en 1994;

14.9. Acelerar el proceso interno de adopción de decisiones, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Documento de Cartagena sobre Metodología del Movimiento , mediante la acción decidida y oportuna, a fin de contribuir de manera más eficaz al proceso multilateral, con el propósito de promover el papel del Movimiento y afianzar su estatura como fuerza dirigente mundial;

14.10. Ser más proactivos al enfrentar los sucesos internacionales que podrían repercutir de manera adversa en el Movimiento y en sus Estados Miembros;

14.11. Estimular la interacción de los Ministros encargados de carteras de importancia para el Movimiento, como las de cultura, educación, salud, recursos humanos, información y comunicaciones, ciencia y tecnología, progreso social, mujeres y niños, con el propósito de mejorar la eficacia del Movimiento e incrementar la cooperación entre sus Países Miembros en esas esferas;

14.12. Ampliar y profundizar su interacción y cooperación con los parlamentarios, la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales, y el sector privado de Países No Alineados sobre la base del reconocimiento de que estos pueden desempeñar un papel constructivo en el cumplimiento de los principios, ideales y propósitos del Movimiento; y

14.13. Apoyar, como una manifestación de solidaridad más del Movimiento, las candidaturas de Países No Alineados, siempre que sea posible, al Consejo de Seguridad y al Consejo Económico y Social (ECOSOC), y a todos los órganos subsidiarios de la Asamblea General y del mencionado Consejo, teniendo en cuenta la subsiguiente obligación de esos países, cuyas candidaturas tengan éxito debido a ese apoyo, de defender, preservar y promover las preocupaciones e intereses del Movimiento en esos órganos y organismos, sin perjuicio de sus derechos soberanos.

 

Derecho Internacional

15. Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron y destacaron la continua pertinencia y validez de las posiciones de principio del Movimiento relacionadas con el derecho internacional de la manera siguiente:

15.1. Los Jefes de Estado o de Gobierno volvieron a subrayar que los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional son indispensables para preservar y promover el desarrollo económico y el progreso social, la paz y la seguridad, y los derechos humanos para todos y el imperio de la ley. En este contexto, los Estados Miembros de las Naciones Unidas deben renovar su compromiso de defender, preservar y promover la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, con el propósito de seguir avanzando hacia el logro del pleno respeto al derecho internacional; y

15.2. Los Jefes de Estado o de Gobierno siguieron observando con preocupación el ejercicio unilateral de la jurisdicción penal y civil extraterritorial de tribunales nacionales, sin que ello emane de tratados internacionales o de otras obligaciones dimanantes del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario. Al respecto, condenaron la promulgación de leyes nacionales dirigidas contra otros Estados basadas en motivos políticos y pusieron de relieve el efecto negativo de tales medidas para el imperio del derecho internacional así como para las relaciones internacionales, y demandaron el cese de todas esas medidas.

16. Reconociendo el grave peligro y las amenazas que representan las acciones y medidas que tienen como objeto socavar el derecho internacional y los instrumentos jurídicos internacionales, y consecuentes con las posiciones de principio del Movimiento al respecto y guiados por éstas, los Jefes de Estado o de Gobierno acordaron adoptar, entre otras, las medidas siguientes:

16.1. Determinar y aplicar medidas que contribuyan al logro de un mundo pacífico y próspero, así como de un orden mundial justo y equitativo basado en la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional;

16.2. Dirigir las relaciones exteriores sobre la base de los ideales, principios y propósitos del Movimiento, la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, así como la “Declaración sobre los principios del derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas”, la “Declaración sobre el fortalecimiento de la seguridad internacional” y la “Declaración sobre el mejoramiento de la eficacia del principio de la abstención de la amenaza o la utilización de la fuerza en las relaciones internacionales”;

16.3. Oponerse firmemente a la evaluación y certificación unilateral de la conducta de los Estados como medio de ejercer presión sobre los Países No Alineados y otros países en desarrollo;

16.4. Abstenerse de reconocer, adoptar o aplicar medidas o leyes coercitivas extraterritoriales o unilaterales, incluidas las sanciones económicas unilaterales, otras medidas intimidatorias y restricciones arbitrarias a los viajes, que tengan por objeto ejercer presión sobre los Países No Alineados –amenazando su soberanía e independencia y su libertad de comercio e inversión– e impedirles que ejerzan su derecho a decidir, por su propia voluntad, sus propios sistemas políticos, económicos y sociales, en los casos en que éstas constituyan violaciones manifiestas de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional, el sistema de comercio multilateral así como de las normas y principios que rigen las relaciones amistosas entre los Estados ; y, en este sentido, combatir y condenar esas medidas o leyes y su continua aplicación, perseverar en los esfuerzos por revocarlas de manera eficaz e instar a otros Estados a que actúen del mismo modo, tal como han pedido la Asamblea General y otros órganos de las Naciones Unidas; y solicitar a los Estados que aplican esas medidas o leyes que las revoquen de forma total e inmediata;

16.5. Oponerse, en tanto que reiteran la suma importancia de preservar el delicado equilibrio entre los derechos y las obligaciones de los Estados, tal como se estipula en los diversos instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes de los que son partes, a las acciones de ciertos grupos de Estados que reinterpretan, redefinen o reformulan de manera unilateral las disposiciones de esos instrumentos para que se ajusten a sus criterios e intereses, lo cual pudiera afectar a los derechos de los Estados Partes definidos en estos y, en este contexto, trabajar por garantizar que los Estados Partes preserven la integridad de dichos instrumentos;

16.6. Oponerse a todos los intentos de introducir nuevos conceptos de derecho internacional que tengan el propósito de internacionalizar determinados elementos contenidos en las llamadas leyes extraterritoriales de ciertos Estados mediante acuerdos multilaterales;

16.7. Esforzarse por generar nuevos progresos a fin de lograr el pleno respeto del derecho internacional y, al respecto, encomiar el papel que ha desempeñado la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la promoción del arreglo pacífico de las controversias internacionales, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto de la CIJ;

16.8. Instar al Consejo de Seguridad a hacer un mayor uso de la CIJ, principal órgano judicial de las Naciones Unidas, como fuente de opiniones consultivas e interpretación de las normas de derecho internacional pertinentes, y en relación con las cuestiones polémicas, instar también al Consejo a usar a la CIJ como fuente encargada de interpretar el derecho internacional pertinente, e instar además al Consejo a considerar la posibilidad de que la CIJ examine sus decisiones, teniendo presente la necesidad de garantizar su adhesión a la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional;

16.9. Los Estados No Alineados que son Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) continuarán preservando la integridad del Estatuto y garantizando que la CPI se mantenga imparcial y totalmente independiente de los órganos políticos de las Naciones Unidas, la cual no debe prescribir ni impedir las funciones de la CPI, teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes del Estatuto de Roma;

16.10. Los Estados No Alineados que son Partes en el Estatuto de Roma de la CPI exhortan a los Estados que aún no lo hayan hecho, a que consideren la posibilidad de ratificar el Estatuto de Roma de la CPI o de adherirse a éste;

16.11. Participar activamente y de manera sistemática en la labor del Grupo de Trabajo Especial de la Asamblea de Estados Partes de la CPI sobre el delito de agresión, con vistas a lograr una disposición convenida al respecto para su inclusión en el Estatuto en 2009;

16.12. Oponerse a todas las acciones, en particular por intermedio del Consejo de Seguridad, encaminadas a establecer un procedimiento de concesión de inmunidad a los funcionarios de las Naciones Unidas encargados de las operaciones de mantenimiento de la paz, que violen las disposiciones pertinentes del Estatuto de Roma de la CPI y dañen la credibilidad y la independencia de la CPI; y

16.13. Exhortar a los Estados No Alineados que son Partes en los tratados pertinentes a que trabajen colectivamente para incrementar y fortalecer su representación y coordinación en los órganos establecidos mediante esos tratados, y apoyar las candidaturas de sus especialistas como una manifestación de solidaridad más entre ellos.

 

Promoción y preservación del multilateralismo

17. Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron y destacaron la validez y pertinencia de las posiciones de principio del Movimiento con respecto a la promoción y preservación del multilateralismo y el proceso multilateral de la manera siguiente:

17.1. El Movimiento reafirmó que las Naciones Unidas, su Carta y el derecho internacional siguen siendo indispensables y primordiales para la preservación y el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y el fortalecimiento de la cooperación internacional. Si bien reconocen sus limitaciones, las Naciones Unidas, con su composición prácticamente universal y una legitimidad internacional bien fundada, y mediante ésta, el multilateralismo, siguen siendo el foro multilateral central para analizar los acuciantes problemas y retos mundiales que enfrentan todos los Estados en la actualidad. La responsabilidad de encauzar y lograr el desarrollo económico y el progreso social en todo el mundo, así como de responder a las amenazas a la paz y la seguridad internacionales, debe ser compartida entre todos los Estados y ejercida de manera multilateral por intermedio de las Naciones Unidas, la cual debe desempeñar la función central al respecto; y

17.2. El Movimiento reiteró su gran preocupación por el creciente recurso al unilateralismo y a las medidas impuestas de manera unilateral, que socavan la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, y reiteró además su compromiso con la promoción, la preservación y el fortalecimiento del multilateralismo y el proceso multilateral de toma de decisiones por conducto de las Naciones Unidas, mediante la estricta adhesión a su Carta y al derecho internacional, con el propósito de crear un orden mundial justo y equitativo y el gobierno democrático mundial, y no uno que se base en el monopolio de unos pocos poderosos.

18. Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron el papel de la cooperación Sur-Sur en el contexto general del multilateralismo y que éste es un proceso continuo, de vital importancia para enfrentar las amenazas y los retos que los países en desarrollo tienen ante sí en el avance hacia el desarrollo económico y el progreso social, el fomento y la preservación de la paz y la seguridad, y la promoción y protección de los derechos humanos y del imperio de la ley.

19. Consecuentes con las posiciones de principio mencionadas y guiados por éstas, y reafirmando la necesidad de promover, defender y preservar esas posiciones, los Jefes de Estado o de Gobierno acordaron adoptar, entre otras, las medidas siguientes:

19.1. Promover y propiciar la creación de un mundo multipolar mediante el fortalecimiento del multilateralismo por intermedio de las Naciones Unidas y los procesos multilaterales, los cuales son indispensables para preservar y promover los intereses de los Países No Alineados;

19.2. Emprender iniciativas aún más enérgicas para lograr la realización de la cooperación multilateral en las esferas del desarrollo económico y el progreso social, la paz y la seguridad, los derechos humanos para todos y el imperio de la ley, entre otras formas, mediante el fortalecimiento de la unidad, la solidaridad y la cohesión del Movimiento en lo referente a las cuestiones de preocupación e interés colectivos con el propósito de perfilar el programa multilateral, que incorpore al desarrollo como prioridad, lo cual debe tener en cuenta la necesidad de que los países en desarrollo, los países desarrollados y las instituciones internacionales intensifiquen las asociaciones y coordinen sus recursos para corregir de manera eficaz todos los desequilibrios del programa mundial;

19.3. Trabajar por el logro de un sistema de comercio multilateral universal, reglamentado, abierto, no discriminatorio y equitativo, subrayando el valor del multilateralismo para lograr una conclusión equilibrada, orientada al desarrollo y fructífera de la ronda de negociaciones de Doha, e instar a todos los Estados a cumplir con sus compromisos para configurar la globalización como una fuerza positiva y que todos compartan equitativamente sus beneficios;

19.4. Fortalecer las ventajas comparativas de los acuerdos e instituciones multilaterales vigentes sin comprometer el principio de la representación geográfica equitativa y la participación en pie de igualdad, y promover la democratización del sistema de gobierno internacional a fin de aumentar la participación de los Países No Alineados en el proceso de adopción de decisiones a nivel internacional;

19.5. Oponerse al unilateralismo y a las medidas que ciertos Estados imponen de manera unilateral, que pueden conducir al menoscabo y la violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional, el uso y la amenaza del uso de la fuerza y la presión y medidas coercitivas, como medio para lograr sus objetivos políticos nacionales; y

19.6. Fortalecer la cooperación Sur-Sur, entre otras formas, mediante el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones y mecanismos pertinentes, como medio indispensable para promover y preservar el multilateralismo y el proceso multilateral.

 

Arreglo pacífico de controversias y el no uso o la amenaza del uso de la fuerza

20. Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron y pusieron de relieve las posiciones de principio del Movimiento en relación con el arreglo pacífico de controversias y el no uso o la amenaza del uso de la fuerza de la manera siguiente:

20.1. Incumbe a todos los Estados defender, preservar y promover los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, en particular, con relación al arreglo pacífico de controversias y el no uso o la amenaza del uso de la fuerza; y

20.2. El Movimiento reiteró el principio básico de la Carta de las Naciones Unidas de que, en sus relaciones internacionales, todos los Estados se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o de actuar de cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. El Movimiento recalcó que la Carta de las Naciones Unidas contiene suficientes disposiciones relativas al uso de la fuerza para mantener y preservar la paz y seguridad internacionales, y que el logro de esta meta por parte del Consejo de Seguridad debería hacerse estrictamente de conformidad plena con las disposiciones pertinentes de la Carta. Debe evitarse recurrir al Capítulo VII de la Carta como marco general para abordar problemas que no representan una amenaza para la paz y la seguridad internacionales y, al respecto, el Consejo debe aplicar cabalmente las disposiciones pertinentes de la Carta, según proceda, incluidos los Capítulos VI y VIII. Además de la práctica de las Naciones Unidas y del derecho internacional enunciada por la CIJ y de conformidad con ésta, el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas es restrictivo y no debería reformularse ni reinterpretarse.

21. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su profunda preocupación y total consternación por la victimización de que han sido objeto civiles inocentes en los casos en que se ha recurrido a la fuerza o se han impuesto sanciones, incluidas las autorizadas por el Consejo de Seguridad. De conformidad con el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas, exhortaron a todos los Estados a promover el principio del no uso de la fuerza y del arreglo pacífico de controversias como medio de lograr la seguridad colectiva, y no el de la amenaza de la fuerza o del uso de la fuerza, teniendo presente “que no se usará la fuerza armada sino en servicio del interés común”, tal como se estipula en la Carta de las Naciones Unidas.

22. Consecuentes con las posiciones de principios mencionadas y guiados por éstas, y reafirmando la necesidad de promover, defender y preservar esas posiciones, los Jefes de Estado o de Gobierno acordaron adoptar, entre otras, las medidas siguientes:

22.1. Exhortar a la comunidad internacional a que renueve su compromiso de observar y defender los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional, así como los medios previstos en la Carta para el arreglo pacífico de controversias sin recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza;

22.2. Promover y preservar el diálogo entre civilizaciones, la cultura de la paz y el diálogo interconfesional, lo cual contribuiría a la paz y la seguridad, teniendo en cuenta la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración sobre el fortalecimiento de la seguridad internacional y la Declaración sobre el mejoramiento de la eficacia del principio de la abstención de la amenaza o la utilización de la fuerza en las relaciones internacionales;

22.3. Continuar ocupándose de las deliberaciones adicionales en las Naciones Unidas sobre la responsabilidad de proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad, teniendo en cuenta los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional, incluido el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados, la no injerencia en sus asuntos internos y el respeto de los derechos humanos fundamentales;

22.4. Fortalecer el papel del Movimiento en el arreglo pacífico de controversias, la prevención y solución de conflictos, el fomento de la confianza, y la consolidación de la paz y la rehabilitación después de los conflictos en los Países No Alineados o entre ellos, en particular mediante la determinación seria de medidas concretas que acelere la creación de un mecanismo del MNOAL en este sentido, cuyo mandato tiene que estar de conformidad con los Principios Fundacionales del Movimiento, la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Todo mecanismo de esta índole deberá basarse en el consentimiento de los Estados de que se trate;

22.5. Combatir y condenar la clasificación de los países como buenos o malos sobre la base de criterios unilaterales e injustificados, y la adopción de la doctrina del ataque preventivo, incluido el ataque con armas nucleares por ciertos Estados, lo cual es incompatible con el derecho internacional, en particular con los instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes relacionados con el desarme nuclear; y combatir y condenar, además, todas las acciones militares unilaterales, o el uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza contra la soberanía, la integridad territorial y la independencia de los Países No Alineados, las cuales constituyen actos de agresión y violaciones manifiestas de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, incluida la no injerencia en los asuntos internos de los Estados; y

22.6. Promover, para garantizar la paz y la seguridad internacionales, la diversidad de enfoques al desarrollo compatibles con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional, como valor fundamental de los Países No Alineados.

Cultura de paz y diálogo entre civilizaciones, religiones y culturas

23. Los Jefes de Estado o de Gobierno tomaron nota de que el mundo de hoy está formado por Estados con diversos sistemas políticos, económicos, sociales y culturales y religiones, lo cual está determinado por la historia, las tradiciones, los valores y la diversidad cultural de esos Estados, cuya estabilidad puede garantizarse con el reconocimiento universal de su derecho a determinar libremente su propio enfoque con respecto al desarrollo progresivo. En este contexto, hicieron hincapié en que el respeto a la diversidad de sistemas y enfoques es un valor fundamental, en el que deben basarse las relaciones y la cooperación entre los Estados en un mundo cada vez más globalizado, con el fin de contribuir al establecimiento de un mundo pacífico y próspero, un orden mundial justo y equitativo y un entorno propicio al intercambio de experiencias humanas. Recalcaron que la promoción del diálogo entre civilizaciones y la cultura de paz a escala mundial, en particular mediante la plena aplicación del Programa Mundial para el Diálogo entre Civilizaciones y su Programa de Acción y la Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz podrían coadyuvar a ese fin.

24. Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron que el diálogo entre culturas, civilizaciones y religiones debe ser un proceso duradero y que, en el entorno internacional actual, no es una opción sino una herramienta imprescindible, apropiada y productiva para promover el desarrollo económico y social, la paz y la seguridad, los derechos humanos y el imperio de la ley a fin de garantizar una vida mejor para todos. En este contexto, reafirmaron además que la tolerancia es un valor fundamental de las relaciones internacionales.

25. Los Jefes de Estado o de Gobierno hicieron suyo enérgicamente el llamamiento del Presidente del sexagésimo período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas a favor de un mensaje firme y unificador sobre la necesidad del diálogo y la comprensión entre civilizaciones, culturas y religiones, el cual debe ser una señal inequívoca del compromiso de trabajar de consuno para evitar incidentes lamentables o que inciten a la provocación y hallar mejores vías de promover la tolerancia y el respeto por la libertad de religión y convicciones. Los órganos pertinentes de las Naciones Unidas, incluida la Asamblea General, deben hacer aportes positivos al respecto y promover el diálogo que tanto se necesita sobre esas importantes y sensibles cuestiones.

26. Los Jefes de Estado o de Gobierno reconocieron el significado y la pertinencia cada vez mayores de una cultura de vivir en armonía con la naturaleza, lo cual es inherente a la civilización nómada en el mundo actual. Por consiguiente, recibieron con beneplácito los esfuerzos de los Estados por preservar y desarrollar la cultura y las tradiciones nómadas en las sociedades modernas.

27. Los Jefes de Estado o de Gobierno tomaron nota de la Convención relativa a la diversidad cultural y lingüística aprobada por la UNESCO el 25 de octubre de 2005. Observaron complacidos que la aprobación de ese instrumento es un destacado aporte a la comunidad internacional en la definición de un marco de referencia universal sobre la diversidad cultural. Los Jefes de Estado o de Gobierno exhortaron a los Estados Miembros del MNOAL y a los Estados observadores a pasar a ser partes en la Convención.

28. Los Jefes de Estado o de Gobierno recibieron con beneplácito los fructíferos esfuerzos de los Países Miembros del MNOAL, incluidas las iniciativas de la República Árabe de Egipto, la República de Indonesia, el Reino de Marruecos, la República Islámica del Pakistán, la República Islámica del Irán, la República de Filipinas, el Estado de Qatar y la República del Senegal, encaminadas a examinar las oportunidades para la coexistencia y la cooperación entre religiones y civilizaciones mediante ideas y estrategias, y la celebración de numerosas conferencias y foros a fin de iniciar alianzas entre religiones y civilizaciones , así como otros procesos e iniciativas intergubernamentales como la Primera Conferencia Ministerial sobre el diálogo y la cooperación interconfesionales por la paz y la Conferencia de alto nivel sobre la cooperación interconfesional por la paz que se celebrarán en Nueva York, el 21 de septiembre de 2006.

29. Consecuentes con las posiciones de principio mencionadas anteriormente y guiados por éstas y reafirmando la necesidad de defender, preservar y promover esas posiciones, los Jefes de Estado o de Gobierno acordaron adoptar, entre otras, las siguientes medidas :

29.1. Determinar y adoptar las medidas necesarias y contribuir de manera positiva, según proceda, a la ulterior promoción del diálogo entre civilizaciones, la cultura de paz y el diálogo interconfesional y, en este sentido, acogen con satisfacción los esfuerzos realizados a nivel internacional y regional, y en las Naciones Unidas, incluidos los esfuerzos que despliega en la actualidad el Grupo de Alto Nivel de la Alianza de Civilizaciones, del Secretario General;

29.2. Oponerse a todos los intentos de imponer a cualquier Estado algún modelo específico de sistema político, económico o cultural, que pueda conducir a la inestabilidad mundial y debilitar la seguridad de los Estados y de sus pueblos;
29.3. Promover una cultura de paz basada en el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados, la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, el derecho a la libre determinación de los pueblos sometidos a la ocupación extranjera y la dominación colonial, la prevención de la violencia, la promoción de la no violencia, la estricta adhesión a los principios de las relaciones internacionales consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y la plena realización del derecho al desarrollo;

29.4. Promover el respeto a la diversidad de religiones, creencias, culturas y profetas y otras figuras religiosas en todo el mundo, como parte del respeto universal a los pueblos y las civilizaciones;

29.5. Saludar los esfuerzos de los Países No Alineados para promover la cultura de paz, y el diálogo entre civilizaciones, religiones y culturas, incluida la organización de conferencias y foros internacionales y regionales;

29.6. Los Jefes de Estado o de Gobierno saludaron también el ofrecimiento de Filipinas de acoger una Reunión Ministerial Especial del MNOAL sobre el diálogo y la cooperación entre religiones por la paz, que se celebrará en el segundo semestre de 2009 en Davao, Filipinas.

29.7. Acoger con beneplácito la propuesta de la República Islámica del Irán de celebrar en Teherán, en septiembre de 2007, una Reunión Ministerial de los Países No Alineados sobre el tema de los derechos humanos y la diversidad cultural, y estimular a todos los Países No Alineados a que participen activamente en esa reunión.

29.8. Estudiar la posibilidad de establecer un instrumento internacional con miras a la eliminación de todas las formas de intolerancia religiosa.

 

Difamación de religiones

30. Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron su firme convicción de la necesidad de hacer hincapié en la moderación de todas las religiones y creencias, y promover la comprensión mediante el diálogo en todas las religiones y entre ellas. En este sentido, acogieron con beneplácito la convocatoria presentada por Jordania de la conferencia titulada “El papel práctico de la corriente moderada en la reforma y el renacimiento de la Umma", celebrada en Amán del 24 al 26 de abril de 2006, con vistas a promover valores moderados y verdaderos del Islam.

 

Derecho a la libre determinación y a la descolonización

31. Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron y pusieron de relieve la validez y pertinencia de las posiciones de principio del Movimiento en relación con el derecho a la libre determinación de los pueblos sometidos a la ocupación extranjera o la dominación colonial o foránea, de la manera siguiente:
31.1. El Movimiento subrayó el derecho fundamental e inalienable de todos los pueblos, incluidos todos los territorios no autónomos, así como los territorios que se encuentran bajo ocupación extranjera o dominio colonial o foráneo, a la libre determinación, cuyo ejercicio, en el caso de los pueblos que están sometidos a la ocupación extranjera o la dominación colonial o foránea, sigue siendo válido e imprescindible para asegurar la erradicación de todas esas situaciones y garantizar el respeto universal a los derechos humanos y las libertades fundamentales;

31.2. El Movimiento reafirmó el derecho del pueblo de Puerto Rico a la libre determinación y la independencia en virtud de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, y tomó nota de las resoluciones sobre Puerto Rico aprobadas por el Comité Especial de Desconolización de las Naciones Unidas; y

31.3. El Movimiento siguió preocupado por la pérdida, la destrucción, la remoción, el robo, el saqueo, el movimiento ilícito o la malversación del patrimonio cultural y cualesquiera actos de vandalismo o daño en su contra en zonas de conflicto armado y territorios ocupados.

32. Consecuentes con las citadas posiciones de principio y guiados por éstas y reafirmando la necesidad de preservar, defender y promover esas posiciones, los Jefes de Estado o de Gobierno acordaron adoptar, entre otras, las siguientes medidas:

32.1. Apoyar enérgicamente la labor y las actividades del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas e instar una vez más a las Potencias Administradoras a que presten pleno apoyo a las actividades del Comité y cooperen cabalmente con este órgano de las Naciones Unidas;

32.2. Solicitar a los países colonialistas que procedan al resarcimiento íntegro por las consecuencias económicas, sociales y culturales de su ocupación, teniendo presente el derecho de todos los pueblos que estuvieron o todavía están sometidos a la dominación u ocupación coloniales a recibir una indemnización equitativa por las pérdidas humanas y materiales que sufrieron como resultado de la dominación u ocupación coloniales;

32.3. Condenar enérgicamente la supresión brutal de las legítimas aspiraciones a la libre determinación de los pueblos que se encuentran bajo dominación colonial o foránea u ocupación extranjera, que sigue teniendo lugar en diversas regiones del mundo;

32.4. Instar a los Estados Miembros de las Naciones Unidas a poner plenamente en práctica las decisiones y resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) relativas a la devolución de los bienes culturales a los pueblos que estuvieron o todavía están bajo dominación u ocupación coloniales y, en este sentido, instar además a la UNESCO a identificar los bienes culturales robados o ilegalmente exportados, de conformidad con las convenciones pertinentes sobre el tema, e instar también a que se acelere el proceso de devolución de esos bienes a sus países de origen, en cumplimiento de las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, teniendo en cuenta el derecho de los Países No Alineados a mantener y conservar su patrimonio nacional, por cuanto éste constituye la base de su identidad cultural;

32.5. Renovar su llamamiento a los Estados Miembros de las Naciones Unidas para que aceleren el proceso de descolonización hacia la eliminación total del colonialismo e incluso apoyen la ejecución con éxito del Plan de Acción del Decenio para la Eliminación del Colonialismo (2001-2010);

32.6. Trabajar con miras a la plena aplicación del principio de la libre determinación con respecto a los territorios restantes en el marco del Programa de Acción del Comité Especial de Descolonización, acorde con los deseos de los pueblos y de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas ;

32.7. Oponerse a todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un Estado, lo que es incompatible con la Carta de las Naciones Unidas; y

32.8. Exhortar al Gobierno de los Estados Unidos a que asuma su responsabilidad de acelerar un proceso que permita al pueblo puertorriqueño ejercer plenamente su derecho inalienable a la libre determinación y la independencia e instar al Gobierno de los Estados Unidos a que devuelva el territorio y las instalaciones ocupados en la isla de Vieques y en la Base Naval de Roosevelt Roads al pueblo puertorriqueño, que constituye una nación latinoamericana y caribeña;

32.9. Instar a la Asamblea General de las Naciones Unidas a examinar activamente la cuestión de Puerto Rico en todos sus aspectos.

 

Las Naciones Unidas: Seguimiento de los resultados de la Cumbre Mundial de 2005, la Declaración del Milenio y los resultados de las grandes cumbres y conferencias de las Naciones Unidas

33. Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron que la Carta de las Naciones Unidas proporciona un equilibrio entre los propósitos y principios de la Organización, que comprenden todas las cuestiones pertinentes, incluidos el desarrollo económico y social, la paz y la seguridad, y los derechos humanos y el imperio de la ley, y que la Declaración del Milenio, así como los resultados de la Cumbre Mundial de 2005 constituyen la perspectiva de ese equilibrio en el siglo XXI. Reafirmaron además que las amenazas y desafíos existentes, nuevos e incipientes que enfrentan todos los Estados en esas esferas están relacionados entre sí y que se les podría enfrentar si se actúa desde una etapa suficientemente temprana con todos los amplios medios pacíficos disponibles previstos en la Carta de las Naciones Unidas y de forma que asegurara la preservación de sus propósitos y principios, el carácter intergubernamental de la Organización y el equilibrio requerido entre sus órganos principales, así como la neutralidad e imparcialidad de sus compromisos en esas esferas.

34. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su desaliento ante las disposiciones contenidas en los Resultados de la Cumbre Mundial de 2005 en que no se tuvieron plenamente en cuenta las inquietudes ni los intereses de los países en desarrollo, especialmente en cuanto a las cuestiones críticas y cruciales relacionadas con el desarrollo, la asistencia oficial para el desarrollo y el comercio. Expresaron además su desaliento ante la incapacidad de la Cumbre Mundial de llegar a un acuerdo sobre la cuestión del desarme y la no proliferación de las armas de destrucción en masa. Los Jefes de Estado o de Gobierno señalaron además que, aunque el grupo de temas relacionados con el desarrollo de los Resultados de la Cumbre Mundial no cumplió las expectativas de los países en desarrollo, había elementos positivos que podrían utilizarse como plataforma para promover activamente el cumplimiento de los compromisos contraídos en las grandes conferencias y cumbres anteriores de las Naciones Unidas.

35. Los Jefes de Estado o de Gobierno señalaron a la atención en particular la decisión de algunos países donantes de establecer plazos para el logro de la meta fijada de asistencia del 0,7% del producto interno bruto (PNB para los países en desarrollo para 2015 y de 0,15% a 0,2% para los países menos adelantados (PMA) para 2010 y, en este contexto, exhortaron al establecimiento de un mecanismo eficaz encargado de supervisar los avances hacia el logro de esas metas. Los Jefes de Estado o de Gobierno hicieron hincapié en la necesidad de que los países desarrollados que aún no lo hayan hecho, establezcan plazos para la prestación de la AOD (asistencia oficial para el desarrollo).

36. Los Jefes de Estado o de Gobierno insistieron en la necesidad de encontrar una solución oportuna, eficaz, amplia y duradera a los problemas de la deuda de los países en desarrollo y pidieron que se siguieran formulando propuestas encaminadas a aliviar significativamente la deuda de los países en desarrollo de ingresos medianos, incluida la ejecución de iniciativas como el Enfoque de Evian. Los Jefes de Estado o de Gobierno lamentaron que no se hubiera tratado con más amplitud las cuestiones comerciales, y también manifestaron su preocupación por el trato inadecuado a las desigualdades sistémicas en las relaciones económicas internacionales, en particular el poco avance con miras a potenciar la voz y la participación de los países en desarrollo en las instituciones de Bretton Woods, que trabajan en detrimento de los países en desarrollo. También destacaron la importancia de velar por la plena aplicación de las recomendaciones, como las relacionadas con la investigación y el desarrollo en la ciencia y la tecnología y a favor del fortalecimiento de los sistemas de salud en los países en desarrollo.

37. Consecuentes con las posiciones de principio mencionadas anteriormente y guiados por éstas, y afirmando la necesidad de promover, defender y preservar esas posiciones, los Jefes de Estado o de Gobierno acordaron adoptar, entre otras, las medidas siguientes:

37.1. Participar activamente en el proceso de seguimiento y aplicación de los compromisos contenidos en los Resultados de la Cumbre Mundial de 2005 y en la Declaración del Milenio, así como de los objetivos internacionales del desarrollo acordados en las grandes conferencias y cumbres de las Naciones Unidas en las esferas económica, social y conexas, de manera que promueva las posiciones de principio del Movimiento con respecto a las cuestiones objeto de examen. Para lograrlo, el Movimiento insistirá, en estrecha cooperación y coordinación con el Grupo de los 77 y China, en que el proceso de seguimiento de esas conferencias y cumbres debe seguir siendo inclusivo, abierto y transparente a fin de asegurar que los intereses y prioridades de los Países No Alineados se tengan debidamente en cuenta en el resultado final de ese proceso;

37.2. Incorporar las cuestiones de importancia fundamental para el Movimiento en el contexto del seguimiento de los Resultados de la Cumbre Mundial de 2005 y la Declaración del Milenio, que hayan sido omitidas del documento final o que aún haya que examinar en las Naciones Unidas, tales como el desarme, la no proliferación de las armas de destrucción en masa y el control de armamentos; y

37.3. Pedir apoyo internacional con miras a la cooperación Sur-Sur, incluida la cooperación regional e interregional, que complementa la cooperación Norte-Sur mediante, entre otros, la cooperación triangular.

 

Las Naciones Unidas: Reforma institucional

A. Reforma de las Naciones Unidas

38. Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron y destacaron la validez y pertinencia de las posiciones de principio del Movimiento con respecto a la reforma institucional de las Naciones Unidas de la manera siguiente:

38.1. Las Naciones Unidas siguen siendo el foro central e indispensable para abordar las cuestiones relacionadas con la cooperación internacional en pro del desarrollo económico y el progreso social, la paz y la seguridad, y los derechos humanos y el imperio de la ley, sobre la base del diálogo, la cooperación y la creación de consenso entre los Estados. En este contexto, el Movimiento atribuye gran importancia al fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas y a los esfuerzos que deben desplegarse a fin de desarrollar todo su potencial;

38.2. El propósito de la reforma es hacer que el sistema de desarrollo de las Naciones Unidas sea más eficiente y eficaz en su apoyo a los países en desarrollo a fin de cumplir los objetivos del desarrollo acordados internacionalmente, sobre la base de sus estrategias de desarrollo nacionales, y que esa labor de reforma fomente la eficiencia orgánica y logre resultados concretos en materia de desarrollo;

38.3. La reforma de las Naciones Unidas, que sigue siendo un programa colectivo y de elevada prioridad para el Movimiento, es un proceso dinámico en marcha y no un fin en sí mismo, conforme a los parámetros referentes al objetivo y el alcance del ejercicio de examen establecidos en los Resultados de la Cumbre Mundial de 2005 y la Declaración del Milenio. La reforma de las Naciones Unidas debe ser integral, transparente, inclusiva y equilibrada, y llevarse a cabo de manera eficaz y responsable, respetando plenamente la naturaleza política de la Organización, así como su carácter intergubernamental, universal y democrático, de conformidad con la Carta. En este contexto, debe escucharse y respetarse la voz de cada Estado Miembro durante el proceso de reforma, independientemente de las contribuciones aportadas al presupuesto de la Organización, sin dejar de hacer hincapié en que los Estados Miembros deben decidir todas las medidas de reforma mediante un proceso intergubernamental;

38.4. Los Jefes de Estado o de Gobierno destacaron la necesidad de proporcionar oportunamente recursos suficientes a las Naciones Unidas para que éstas puedan desempeñar su mandato. La reformada Organización debe ser receptiva a todos sus miembros, fiel a sus principios fundacionales y adaptarse para cumplir su mandato;

38.5. Los países en desarrollo aún no han sentido el efecto de la reforma de las Naciones Unidas a causa de la disminución continua de los recursos que se aportan a la Organización con miras a la cooperación multilateral para el desarrollo, así como del estancamiento en que se encuentran las consignaciones de nuevos fondos a la cuenta para el desarrollo. El éxito de la reforma de las Naciones Unidas sólo se puede juzgar mediante la evaluación colectiva de las mejoras potenciales en el funcionamiento de la Organización preservando, al propio tiempo, los intereses de todos los países en desarrollo. En este contexto, la reforma de las Naciones Unidas deberá ser aprobada estrictamente por la Asamblea General, y su objetivo supremo no deberá ser una mera reducción del presupuesto y de los recursos de la Organización. Ahora bien, cada vez que la reforma libere parte de los recursos existentes, éstos deberán canalizarse, en definitiva, para apoyar las actividades y los programas relacionados con la cooperación internacional para el desarrollo;

38.6. Los objetivos de la reforma de las Naciones Unidas, que deberán incluir el fortalecimiento de la Asamblea General y del Consejo Económico y Social, así como la reforma del Consejo de Seguridad y de otros órganos pertinentes de las Naciones Unidas, abordando, al mismo tiempo, las cuestiones sistémicas que puedan surgir como resultado, son los siguientes:

a) fortalecer el multilateralismo y el proceso multilateral de adopción de decisiones; proporcionando a las Naciones Unidas la capacidad sustantiva para cumplir plena y eficazmente los propósitos y principios consagrados en su Carta, y consolidando su carácter democrático e intergubernamental y su transparencia en el debate y la aplicación de las decisiones de los Estados Miembros;
b) fortalecer y actualizar el papel de la Organización, como foro preeminente e indispensable, mediante el desarrollo de su pleno potencial para encarar las amenazas y los desafíos al desarrollo económico y el progreso social, la paz y la seguridad, y los derechos humanos y el imperio de la ley, en particular los que enfrentan los países en desarrollo, lo que podría lograrse mediante el cumplimiento de todos sus mandatos, decisiones y resoluciones, teniendo en cuenta que es de beneficio común contar con una Organización más fuerte que responda con mayor eficacia a sus necesidades colectivas;
c) promover un mayor nivel de democracia, eficacia y eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en el sistema de las Naciones Unidas;
d) fortalecer el papel de la Organización en la promoción de la cooperación internacional con miras al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y, en particular, en pro del desarrollo, así como en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente en las esferas económica, social, y conexas, en especial los objetivos de desarrollo del Milenio, mediante el aporte de recursos suficientes y mecanismos de seguimiento eficaces. En este contexto, toda propuesta de reforma de las Naciones Unidas deberá abordar también las cuestiones sistémicas y las necesidades de recursos humanos y financieros adicionales que puedan surgir en consecuencia; y
e) incorporar la perspectiva de la dimensión del desarrollo en la Asamblea General, el Consejo Económico y Social y los sectores económicos del sistema de las Naciones Unidas, en especial en las esferas del desarrollo sostenible, el espacio normativo, la cooperación Sur-Sur, y la responsabilidad y la rendición de cuentas en la esfera social y ecológica, teniendo presente el objetivo de facilitar la plena participación de los pueblos del Sur en los procesos económicos internacionales de adopción de decisiones y de formulación de normas, y asegurando el acceso de esos pueblos a los beneficios de la economía internacional, y el pleno disfrute de estos.

38.7. Al reconocer que el desarrollo económico y social, la paz y la seguridad, los derechos humanos y el imperio de la ley están relacionados entre sí, hay que tratar de asegurar que en toda labor destinada a transformar a las Naciones Unidas en un instrumento más eficaz para prevenir los conflictos se tenga en cuenta la necesidad de equilibrio e integralidad de conformidad con su Carta y el derecho internacional, a fin de fomentar las estrategias encaminadas a la prevención de conflictos y su solución, y la consolidación de la paz después de los conflictos, con el objetivo de alcanzar un desarrollo económico sostenido y un desarrollo sostenible. En este contexto, corresponde a todos los órganos principales de las Naciones Unidas desempeñar una función en lo que respecta a crear y poner en práctica un sistema de seguridad colectiva más eficaz, de conformidad con sus funciones y poderes respectivos; y

38.8. Es indispensable que los Estados Miembros de las Naciones Unidas promuevan percepciones comunes y enfoques concertados para encarar las amenazas y los desafíos existentes, nuevos e incipientes para la paz y la seguridad internacionales, así como las causas fundamentales de los conflictos. En este contexto, todos los órganos principales de las Naciones Unidas tienen un papel que desempeñar en lo referente al establecimiento y a la aplicación de un sistema de seguridad colectiva más eficaz, y esas percepciones y enfoques comunes respecto de la seguridad colectiva sólo serán legítimos si se aplican de conformidad con los propósitos y principios de la Carta y por todos los Estados Miembros actuando de consuno. La participación activa de todos y cada uno de los órganos principales de las Naciones Unidas es decisiva, actuando en el ejercicio de sus funciones y poderes respectivos, sin alterar el equilibrio establecido por la Carta al respecto; y

38.9. Habría que seguir tratando de fortalecer la contribución de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado a la labor de las Naciones Unidas y sus órganos mediante los arreglos consultivos establecidos. La contribución complementaria de esos importantes agentes para cumplir los objetivos y programas de las Naciones Unidas deberá realizarse de conformidad con las resoluciones pertinentes de la Organización y responder a los propósitos y principios de su Carta. Esa contribución debe procurar, entre otras cosas, hacer frente, en particular, a los obstáculos que están afrontando los países en desarrollo para movilizar los recursos y obtener la tecnología y la capacidad necesarias para ejecutar sus programas de desarrollo sostenible.

39. Consecuentes con las posiciones de principio mencionadas anteriormente y guiados por éstas, y afirmando la necesidad de defender, preservar y promover esas posiciones, los Jefes de Estado o de Gobierno acordaron adoptar las medidas siguientes:

39.1. Promover las inquietudes y los intereses de los países en desarrollo en el proceso de reforma, asegurar el éxito de sus resultados, y promover y preservar la integridad y las funciones y poderes respectivos de la Asamblea General, el Consejo Económico y Social y el Consejo de Seguridad, tal como se define en la Carta;

39.2. Oponerse a las propuestas que pretenden: a) transformar la naturaleza democrática e intergubernamental de las Naciones Unidas, así como sus procesos de supervisión y vigilancia; b) reducir sus niveles presupuestarios; c) financiar más actividades con cargo a la reserva de recursos existentes; o d) redefinir las funciones y poderes de sus órganos principales basados en la Carta;

39.3. Participar de manera constructiva en las consultas, y trabajar, en particular, garantizando la aplicación de las decisiones y resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas sobre el tema, con miras a: a) revitalizar la labor de la Asamblea General, habida cuenta de su papel y posición centrales como órgano principal de deliberación, normativo y representativo de las Naciones Unidas; b) fortalecer el papel del Consejo Económico y Social como principal órgano encargado de la coordinación, el examen de políticas, el diálogo en materia de políticas y las recomendaciones sobre cuestiones relativas al desarrollo económico y social, y vigilar la ejecución de los programas de desarrollo; c) democratizar el Consejo de Seguridad como foro eficaz para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales; y d) reformar la Secretaría y su gestión a fin de garantizar la ejecución eficaz de sus mandatos y el más alto nivel de rendición de cuentas en la Secretaría y ante los Estados Miembros;
39.4. Fomentar la asociación global para el desarrollo, necesaria para aplicar cabalmente los resultados de todas las grandes cumbres y conferencias de las Naciones Unidas en las esferas económica, social y conexas;

39.5. Oponerse a la tendencia a equiparar la reforma de las Naciones Unidas con un mayor empoderamiento del Consejo de Seguridad, conscientes de la necesidad de mantener un equilibrio entre las funciones y los poderes de los principales órganos de las Naciones Unidas;

39.6. Asegurar que las Naciones Unidas dispongan en forma oportuna de los recursos suficientes necesarios para ejecutar plenamente todos los programas y actividades encomendados, de conformidad con las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, incluida la creación de un mecanismo encargado de supervisar su ejecución eficaz; y

39.7. Mantener bajo estrecha supervisión y examen intergubernamental todas las propuestas que la Asamblea General aún no haya examinado ni haya adoptado una decisión al respecto, así como las que se encuentran en fase de ejecución.

B. Relación entre los órganos principales de las Naciones Unidas

40. Los Jefes de Estado o de Gobierno destacaron la necesidad de que los Estados Miembros de las Naciones Unidas respeten plenamente las funciones y los poderes de los órganos principales de las Naciones Unidas, en particular la Asamblea General, y que mantengan el equilibrio entre dichos órganos con sus respectivas funciones y poderes basados en la Carta. Asimismo, recalcaron que el Consejo de Seguridad debe respetar cabalmente todas las disposiciones de la Carta, así como todas las resoluciones de la Asamblea General que aclaran su relación con la Asamblea y los demás órganos principales. En este contexto, afirmaron que en el Artículo 24 de la Carta no se confiere necesariamente al Consejo de Seguridad competencia para atender cuestiones que atañen a las funciones y poderes de la Asamblea General y el Consejo Económico y Social, en especial en las esferas de establecimiento de normas, textos legislativos y definiciones, teniendo en cuenta que el cometido principal de la Asamblea es el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación . Los Jefes de Estado o de Gobierno advirtieron acerca del peligro de que el Consejo usurpe cuestiones que incumben claramente a las funciones y poderes de otros órganos principales de las Naciones Unidas y sus órganos subsidiarios. Destacaron además que la estrecha cooperación y coordinación entre todos los órganos principales es sumamente indispensable para que las Naciones Unidas puedan seguir siendo pertinentes y capaces de hacer frente a las amenazas y desafíos existentes, nuevos e incipientes.

41. Los Jefes de Estado o de Gobierno destacaron que, si bien los Estados Miembros han conferido al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales de conformidad con el apartado 1) del Artículo 24 de la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad actúa en nombre de ellos al desempeñar las funciones que le impone aquella responsabilidad. En este contexto, destacaron además que el Consejo deberá presentar informes y rendir cuentas a la Asamblea General, de conformidad con el apartado 3) del Artículo 24 de la Carta.

42. El Movimiento reitera su preocupación por la continua usurpación por parte del Consejo de Seguridad de las funciones y poderes de la Asamblea General y del Consejo Económico y Social al abordar cuestiones que tradicionalmente son de la competencia de esos órganos, así como por los intentos del Consejo de ocuparse de aspectos relacionados con el establecimiento de normas y definiciones, que atañen a la Asamblea.

43. Consecuentes con las posiciones de principio mencionadas anteriormente y guiados por éstas, y afirmando la necesidad de defender, preservar y promover esas posiciones, los Jefes de Estado o de Gobierno acordaron adoptar, entre otras, las medidas siguientes:

43.1. Instar a todos los Estados a que defiendan y respeten plenamente la primacía de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas relativas a las funciones y los poderes de la Asamblea, exhortar a los Presidentes de la Asamblea General, el Consejo Económico y Social y el Consejo de Seguridad a que se reúnan periódicamente para debatir y coordinar entre sí las cuestiones relativas al orden del día y los programas de trabajo de los principales órganos respectivos que representan, a fin de lograr una mayor coherencia y complementariedad entre esos órganos de modo que se refuercen mutuamente, respetando los mandatos de cada cual, así como para promover la comprensión entre ellos, en quienes los miembros de los órganos respectivos que representan han depositado su confianza de buena fe;

43.2. Pedir al Consejo de Seguridad que presente a la Asamblea General un informe anual más amplio y analítico, en el que se evalúe la labor del Consejo, incluidos los casos respecto de los cuales el Consejo no haya adoptado decisiones, así como los criterios expresados por sus miembros durante el examen de los temas del orden del día que tuvo ante sí;

43.3. Pedir al Consejo de Seguridad que presente informes especiales para su examen por la Asamblea General, con arreglo a los apartados 1) y 3) de los Artículos 15 y 24, respectivamente, de la Carta de las Naciones Unidas;

43.4. Pedir al Consejo de Seguridad que asegure que sus evaluaciones mensuales sean amplias y analíticas, y que las dé a conocer oportunamente. La Asamblea General podrá considerar la posibilidad de proponer parámetros para elaborar esas evaluaciones;

43.5. Pedir al Consejo de Seguridad que tenga plenamente en cuenta las recomendaciones de la Asamblea General sobre las cuestiones relativas a la paz y la seguridad internacionales, con arreglo al apartado 2) del Artículo 11 de la Carta; y

43.6. Combatir y detener los intentos encaminados a trasladar temas del programa de la Asamblea General o del Consejo Económico y Social al Consejo de Seguridad, así como la usurpación por parte de ese órgano de las funciones y poderes de la Asamblea.

C. Revitalización de la labor de la Asamblea General

44. Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron y destacaron la validez y pertinencia de las posiciones de principio del Movimiento relativas a la revitalización de la labor de la Asamblea General, y declararon lo siguiente:

44.1. Debe respetarse el papel y la autoridad de la Asamblea General, incluso en cuanto a las cuestiones relativas a la paz y la seguridad internacionales, como principal órgano deliberante, normativo y representativo de las Naciones Unidas , y su carácter intergubernamental y democrático, así como el de sus órganos subsidiarios, que han contribuido sobremanera a promover los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y los objetivos de la Organización. También debe respetarse su prerrogativa como principal órgano de supervisión de las Naciones Unidas, en especial en materia de gestión y adquisiciones para las operaciones de mantenimiento de la paz; y

44.2. La revitalización de la labor de la Asamblea General, que debe regirse por los principios de democracia, transparencia y rendición de cuentas, y lograrse mediante consultas, es un componente decisivo de la reforma general de las Naciones Unidas, y sus objetivos deben seguir fortaleciendo el papel y la posición de la Asamblea General como principal órgano deliberante, normativo y representativo de las Naciones Unidas, teniendo en cuenta que el mejoramiento de sus procedimientos y métodos de trabajo es sólo un primer paso hacia mejoras más sustantivas y la revitalización de la Asamblea; así como seguir restableciendo y fomentando el papel y la autoridad de la Asamblea General, incluidos el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, tal como se estipula en la Carta, mediante, entre otras cosas, el pleno respeto de sus funciones y poderes y el fortalecimiento de sus relaciones y su nivel de coordinación con el resto de los órganos principales, en particular el Consejo de Seguridad.

45. Consecuentes con las posiciones de principio anteriormente mencionadas y guiados por éstas, y afirmando la necesidad de defender, preservar y promover esas posiciones, los Jefes de Estado o de Gobierno acordaron adoptar, entre otras, las medidas siguientes:

45.1. Apoyar todos los esfuerzos actuales y continuos encaminados a fortalecer el papel central y la autoridad de la Asamblea, teniendo en cuenta el criterio de pertinencia y eficiencia, oponerse a toda propuesta de reforma que trate de impugnar el papel central y la autoridad de la Asamblea General como órgano de deliberación, formulación de políticas y representativo de las Naciones Unidas; y oponerse a todo enfoque que pretenda o pueda provocar que se socaven o minimicen los logros de la Asamblea General, disminuir su papel y funcionamiento actuales o suscitar dudas acerca de su pertinencia y credibilidad;

45.2. Exhortar a los Estados Miembros de las Naciones Unidas a que renueven su compromiso y voluntad política para cumplir las resoluciones y decisiones de la Asamblea General de manera no selectiva y no discriminatoria, habida cuenta de que la falta de ese compromiso y voluntad es la génesis de muchos problemas pendientes;

45.3. Asegurar que las Naciones Unidas cuenten con los recursos necesarios para ejecutar plenamente todas las actividades y programas encomendados, de conformidad con las resoluciones pertinentes de la Asamblea General;

45.4. Reafirmar el papel y la autoridad de la Asamblea General, incluso respecto de las cuestiones relativas a la paz y la seguridad internacionales, tal como se estipula en los Artículos 10, 11, 12, 13, 14 y 35 de la Carta de las Naciones Unidas, según corresponda, utilizando los procedimientos que se enuncian en los artículos 7, 8, 9 y 10 del reglamento de la Asamblea General, que permiten la expedita y urgente acción por parte de la Asamblea General, teniendo en cuenta que el Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales, de conformidad con el Artículo 24 de la Carta.

45.5. Los Jefes de Estado o de Gobierno reiteraron el papel de la Asamblea General en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y expresaron su grave preocupación por los casos en que el Consejo de Seguridad no aborda las situaciones que entrañan genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o de cesación del fuego entre las partes, en cumplimiento de su responsabilidad primordial a ese respecto.

45.6. Los Jefes de Estado o de Gobierno recalcaron que, en los casos en que el Consejo de Seguridad no haya cumplido su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales, la Asamblea General debería adoptar las medidas correspondientes, de conformidad con la Carta, para solucionar la cuestión. En este sentido, los Jefes de Estado o de Gobierno autorizaron a los representantes de los Estados Miembros del Movimiento en Nueva York a elaborar un proyecto de resolución apropiado sobre el tema para su presentación ante la Asamblea General.

45.7. Promover y preservar el papel y el mandato de la Asamblea General de establecer las prioridades de las Naciones Unidas y analizar todas las cuestiones presupuestarias y administrativas, incluida su autoridad absoluta para asignar y reasignar recursos financieros y humanos, con arreglo a la Carta y a las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, asegurando, entre otras cosas, la total adhesión de los Estados Miembros de las Naciones Unidas a esas resoluciones;

45.8. Determinar las medidas destinadas a simplificar el procedimiento de Unidad para la Paz a fin de facilitar la adopción de medidas urgentes y expeditas por parte de la Asamblea General, en reconocimiento del papel que ésta desempeña en las cuestiones relacionadas con la paz y la seguridad internacionales, tal como se establece en la Carta; y

45.9. Fortalecer el papel de la Asamblea General, de conformidad con el Artículo 97 de la Carta de las Naciones Unidas, en la selección del Secretario General de la Organización.

D. Nombramiento del Secretario General de las Naciones Unidas

46. Los Jefes de Estado o de Gobierno subrayaron la función central de la Asamblea General en el proceso de selección y nombramiento del Secretario General de las Naciones Unidas, y expresaron su apoyo a la labor encaminada a reforzar y fortalecer la función de la Asamblea en ese sentido, y acordaron que todos los Países
No Alineados participen activamente en esa labor. Acordaron además que el octavo Secretario General de las Naciones deberá seleccionarse de un Estado Miembro de las Naciones Unidas en la región de Asia.

47. Recordando la función de los órganos principales consagrada en el Artículo 97 de la Carta de las Naciones Unidas, los Jefes de Estado o de Gobierno alentaron al Presidente de la Asamblea General a celebrar consultas con los Estados Miembros a fin de determinar los candidatos potenciales respaldados por un Estado Miembro y, tras informar a todos los Estados Miembros de los resultados, remitir dichos resultados al Consejo de Seguridad.

48. En este contexto, los Jefes de Estado o de Gobierno acordaron que la presentación oficial de las candidaturas para el cargo de Secretario General debe realizarse de manera que permita suficiente tiempo para la interacción con los Estados Miembros en la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, y solicitaron que los candidatos presentaran sus opiniones a todos los Estados Miembros de la Asamblea General.

E. Cuestión de la representación equitativa en el Consejo de Seguridad y el aumento del número de sus miembros y otros asuntos relativos al Consejo de Seguridad

49. Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron y destacaron la validez y pertinencia de las posiciones de principio del Movimiento con respecto a la cuestión de la representación equitativa en el Consejo de Seguridad y el aumento del número de sus miembros y otros asuntos relativos al Consejo de Seguridad, en particular, las directivas del Movimiento adoptadas durante sus XI, XII y XIII Cumbres, y que se han reflejado en los documentos de posición y de negociación del Movimiento, y en las decisiones de las conferencias y reuniones ministeriales, del modo siguiente:

49.1. El Movimiento seguía preocupado por la falta de progreso en las deliberaciones de la Asamblea General sobre la cuestión de la representación equitativa en el Consejo de Seguridad y el aumento del número de sus miembros y otros asuntos relativos al Consejo, pues se ha evidenciado que si bien ha habido convergencia de criterios en varias cuestiones, en muchas otras persisten grandes diferencias, y que aunque se han introducido algunas mejoras en los métodos de trabajo del Consejo, estos no han satisfecho ni siquiera las expectativas mínimas de los miembros de las Naciones Unidas en general, lo que deja amplio margen para seguir mejorándolos;

49.2. La reforma del Consejo de Seguridad no deberá limitarse únicamente a la cuestión del número de sus miembros, y deberá abordar cuestiones sustantivas relacionadas con el orden del día del Consejo, sus métodos de trabajo y el proceso de adopción de decisiones;

49.3. En los últimos años, el Consejo de Seguridad se ha apresurado demasiado en algunos casos a amenazar con la acción coercitiva o a autorizarla, mientras se muestra silencioso e inactivo en otros. Además, el Consejo ha venido recurriendo cada vez más al Capítulo VII de la Carta para amparar el análisis de cuestiones que no necesariamente plantean una amenaza inmediata para la paz y la seguridad internacionales. El examen cuidadoso de esas tendencias indica que el Consejo podría haber optado por otras disposiciones para responder de forma más apropiada a casos particulares. En lugar de invocar excesiva y apresuradamente el Capítulo VII, deberá tratarse de utilizar de manera cabal las disposiciones de los Capítulos VI y VIII para el arreglo pacífico de controversias. El Capítulo VII deberá invocarse, según lo previsto, como medida de último recurso. Lamentablemente, en algunos casos se ha recurrido con demasiada premura a las disposiciones de los Artículos 41 y 42, cuando no se habían agotado totalmente las demás opciones;

49.4. Las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad siguen siendo una grave preocupación para los Países No Alineados. De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, la opción de imponer sanciones sólo deberá considerarse cuando se hayan agotado todos los medios de arreglo pacífico de controversias en virtud del Capítulo VI de la Carta y se haya analizado pormenorizadamente los efectos a corto y largo plazos de esas sanciones. Las sanciones constituyen un instrumento contundente, cuyo uso plantea interrogantes éticas fundamentales con respecto a la posibilidad de que los sufrimientos que infligen a los grupos vulnerables en el país de que se trate constituyan medios legítimos de ejercer presión. Los objetivos de las sanciones no son castigar a la población ni tomar represalias contra ésta. En este sentido, deberán definirse claramente los objetivos del régimen de sanciones, especificar el plazo de la sanción impuesta, fundamentada sobre bases jurídicas sostenibles, y levantarla tan pronto se cumplan los objetivos. Las condiciones exigidas del Estado o parte afectados por las sanciones deberán definirse claramente y ser objeto de un examen periódico. Las sanciones sólo deberán imponerse cuando exista una amenaza a la paz y la seguridad internacionales o se haya cometido un acto de agresión, de conformidad con la Carta, y no se aplicarán “preventivamente” en casos de simple violación del derecho internacional o de los principios o normas internacionales. Las sanciones selectivas podrían ser una opción mejor siempre que la población del Estado seleccionado no sea víctima, directa ni indirectamente;

49.5. La transparencia, la franqueza y la coherencia son elementos fundamentales que el Consejo de Seguridad debe respetar en todas sus actividades, enfoques y procedimientos. Lamentablemente, el Consejo no ha tenido en cuenta esos importantes factores en numerosas ocasiones. Entre esos casos cabe mencionar la celebración de debates abiertos no programados con notificaciones selectivas, la renuencia a celebrar debates abiertos sobre algunas cuestiones de elevada importancia, las restricciones a la participación en algunos de los debates abiertos y la discriminación entre los miembros y los no miembros del Consejo, en particular con respecto al orden de las intervenciones y el límite de duración de éstas durante los debates abiertos, la no presentación de informes especiales a la Asamblea General como se estipula en el Artículo 24 de la Carta, la presentación de informes anuales que siguen siendo deficientes en cuanto a la información y el contenido analítico, y la falta de parámetros mínimos para elaborar las evaluaciones mensuales por las Presidencias del Consejo de Seguridad. El Consejo debe acatar las disposiciones del Artículo 31 de la Carta, que permite a cualquier Estado que no sea miembro del Consejo participar en los debates de los temas que le afecten. Es preciso respetar rigurosamente el artículo 48 del reglamento provisional del Consejo. Las reuniones a puertas cerradas y las consultas oficiosas deberán mantenerse al mínimo y celebrarse a título excepcional, como se estipula que sea; y

49.6. Los objetivos de la reforma del Consejo de Seguridad, que deben analizarse de manera amplia, transparente y equilibrada, son los siguientes:

a) asegurar que en el orden del día del Consejo se reflejen las necesidades y los intereses de los países en desarrollo y los países desarrollados por igual, de manera objetiva, racional, no selectiva y no arbitraria;
b) velar por que la ampliación del Consejo, como órgano con la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales, propicie un Consejo más democrático, más representativo, más responsable y más eficaz;
c) democratizar el proceso de adopción de decisiones del Consejo, incluso limitando y reduciendo el uso del veto con miras a su eliminación definitiva y, en este contexto, el concepto de “autocontrol” voluntario es insuficiente y no puede considerarse una opción. Otras opciones que podrían considerarse son, entre otras:
• Limitar el ejercicio del derecho al veto con respecto a las medidas adoptadas por el Consejo en virtud del Capítulo VII de la Carta;
• La posibilidad de anular el veto en el seno del Consejo mediante el voto afirmativo de determinada cantidad de Estados Miembros, acorde con el número de miembros de un Consejo ampliado;
• La posible anulación del veto por mayoría de dos tercios en la Asamblea General con arreglo al procedimiento de Unidad para la Paz y con la interpretación progresiva del Artículo 11 y el apartado 1) del Artículo 24 de la Carta;
d) asegurar que el reglamento del Consejo, que sigue siendo provisional desde hace más de 50 años, se oficialice a fin de aumentar su transparencia y nivel de rendición de cuentas.

50. Consecuentes con las posiciones de principio mencionadas anteriormente y guiados por éstas, y afirmando la necesidad de defender, preservar y promover esas posiciones, los Jefes de Estado o de Gobierno acordaron adoptar, entre otras, las medidas siguientes:

50.1. Pedir al Consejo que incremente el número de reuniones públicas, de conformidad con los Artículos 31 y 32 de la Carta, y que esas reuniones brinden oportunidades reales para tener en cuenta los criterios y las contribuciones de todos los miembros de las Naciones Unidas, en particular los países que no son miembros del Consejo, cuyos asuntos son objeto de debate en ese órgano;

50.2. Pedir al Consejo de Seguridad que permita que las sesiones de información a cargo de los Enviados o Representantes Especiales del Secretario General y de la Secretaría de las Naciones Unidas, se celebren en reuniones públicas, salvo en circunstancias excepcionales;

50.3. Pedir al Consejo que siga fortaleciendo su relación con la Secretaría de las Naciones Unidas y con los países que aportan contingentes, entre otras cosas, mediante una interacción sostenida, periódica y oportuna. Las reuniones con los países que aportan contingentes deberán celebrarse no sólo cuando se vayan a establecer los mandatos, sino también durante su ejecución, cuando se analiza un cambio, la renovación o la terminación del mandato de una misión, o cuando se produce un rápido empeoramiento de la situación sobre el terreno. En este contexto, el Grupo de Trabajo del Consejo sobre operaciones de mantenimiento de la paz deberá incluir en sus deliberaciones, con más frecuencia e intensidad, a los países que aportan contingentes, especialmente en las etapas tempranas de la planificación de la misión;

50.4. Exhortar al Consejo de Seguridad a apoyar la primacía y el respeto de la Carta en relación con sus funciones y poderes y reiterar que la decisión del Consejo de Seguridad de iniciar debates oficiales u oficiosos sobre la situación en cualquier Estado Miembro de las Naciones Unidas o acerca de cualquier cuestión que no constituya una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, contraviene el Artículo 24 de Carta.

50.5. Pedir al Consejo que establezca sus órganos subsidiarios de conformidad con la letra y el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas, y que esos órganos funcionen de modo tal que proporcionen información suficiente y oportuna sobre sus actividades a todos los miembros de las Naciones Unidas;

50.6. Pedir al Consejo que evite acudir al Capítulo VII de la Carta como pantalla para amparar el análisis de cuestiones que no necesariamente suponen una amenaza inmediata a la paz y la seguridad internacionales, y que utilice plenamente las disposiciones de otros Capítulos pertinentes, cuando corresponda, en especial los Capítulos VI y VIII, antes de invocar el Capítulo VII, que deberá ser una medida de último recurso, de ser necesaria;

50.7. Oponerse a que el Consejo de Seguridad, mediante la imposición o la prolongación de sanciones o su prórroga, intente tomar medidas contra cualquier Estado con el pretexto o el fin de lograr los objetivos políticos de uno o unos cuantos Estados, en lugar de actuar en interés general de la comunidad internacional; e

50.8. Instar a los Países No Alineados, que son miembros del Consejo de Seguridad , a que establezcan y defiendan, como consideren posible, las posiciones y los objetivos mencionados anteriormente mientras sean miembros del Consejo, y a tal fin, destacar la necesidad de revitalizar el Grupo de Países No Alineados en el Consejo de Seguridad (Caucus), y exhortar a los miembros del Grupo a que proporcionen información oportuna y participen en consultas estrechas con los Países No Alineados, en particular los países cuyos intereses y preocupaciones son objeto de examen en el Consejo, así como a que mantengan al Movimiento continuamente actualizado acerca de todos los acontecimientos y cuestiones pertinentes de los que el Consejo se ocupa activamente.

F. Fortalecimiento del Consejo Económico y Social
51. Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron el papel del Consejo Económico y Social como órgano principal para promover la cooperación económica internacional, la coordinación, el examen de las políticas, el diálogo sobre políticas y las recomendaciones sobre las cuestiones de desarrollo económico y social así como para cumplir plenamente los objetivos internacionales de desarrollo acordados en las grandes conferencias y cumbres de las Naciones Unidas en las esferas económica social y conexas, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio y expresaron su determinación y compromiso de intensificar los esfuerzos encaminados a ese fin.

G. Puesta en marcha del Consejo de Derechos Humanos

52. Al acoger con beneplácito el establecimiento del Consejo de Derechos Humanos por los líderes de los Estados Miembros de las Naciones Unidas durante la Cumbre Mundial de 2005, los Jefes de Estado o de Gobierno destacaron que el Consejo debe tratar por igual los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales, así como el derecho al desarrollo. Destacaron además que el Consejo no debe permitir los enfoques que provoquen confrontaciones, la explotación de los derechos humanos con fines políticos, el señalamiento selectivo de determinados países por consideraciones ajenas y la aplicación de un doble rasero en la conducción de sus trabajos. A ese respecto, el Consejo debe respetar la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas.

53. Los Jefes de Estado o de Gobierno recalcaron la importancia de un enfoque constructivo en la promoción y protección de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales y, en ese sentido, instaron al Consejo de Derechos Humanos , recientemente establecido, a centrarse de manera constructiva en el diálogo y la cooperación, el fomento de la capacidad y la asistencia técnica a nivel internacional a fin de garantizar la realización de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.

54. Los Jefes de Estado o de Gobierno reiteraron que el Movimiento de los Países No Alineados deberá coordinar estrechamente su posición en las esferas prioritarias siguientes:

a) Examen y racionalización de todos los mandatos existentes, los procedimientos especiales, los órganos de expertos, el procedimiento confidencial y las modalidades de consulta con las organizaciones no gubernamentales (ONG) a fin de simplificar sus actividades y aumentar la eficacia y eficiencia del mecanismo de derechos humanos; y

b) El Examen Periódico Universal que realizará el Consejo de Derechos Humanos debe basarse en el informe y las informaciones presentados por el Estado objeto de examen. También debe ser un mecanismo de cooperación orientado a los resultados sobre la base de un diálogo interactivo, con la plena participación del país pertinente y tomando en consideración sus necesidades de fomento de la capacidad, y que ese mecanismo complemente, y no duplique, la labor de los órganos creados en virtud de tratados, teniendo en cuenta la necesidad de erradicar la selectividad, el doble rasero y la politización en el examen de las cuestiones de derechos humanos. Su objetivo deberá ser fortalecer la capacidad de los Estados Miembros, previa solicitud, para cumplir sus obligaciones en materia de promoción y protección de los derechos humanos. No deberá utilizarse como mecanismo para coaccionar a los Estados y convertirlos en objeto de resoluciones que obedezcan a motivos políticos contra el país de que se trate.

c) La rápida adopción de un programa tipo para los períodos de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Los temas del programa del Consejo deben asignarse a cada uno de sus cuatro períodos de sesiones anuales de manera equitativa y equilibrada, y de forma tal, además, que se permita la participación efectiva de los países en desarrollo y las organizaciones no gubernamentales. El programa del Consejo debe promover y fomentar el desarrollo sostenible, mediante programas y asociaciones con los gobiernos. Asimismo, debe fomentar la erradicación de la extrema pobreza y del hambre y el logro de los objetivos de desarrollo del Milenio. En este sentido, el Consejo también debe acordar un programa, elaborado en el marco de los instrumentos básicos sobre derechos humanos, que propicie la equiparación del derecho al desarrollo con todos los otros derechos humanos y de las libertades fundamentales.

d) Emprender con carácter de urgencia una reforma exhaustiva y coherente de los órganos creados en virtud de tratados para garantizar la periodicidad con que los Estados Partes deben presentar sus informes, tomando en consideración la especificidad y singularidad de cada órgano. Esta reforma deberá ser realizada en consulta plena con todos los Estados Partes y con su aprobación.

e) Determinar los procedimientos para la presentación de los informes del Consejo a la Asamblea General de las Naciones Unidas, con vista a la aprobación universal de todos sus programas y actividades.

f) Asimismo, el Consejo debe además desarrollar sus relaciones con otras entidades del sistema de las Naciones Unidas de conformidad con la resolución 48/141 de la Asamblea General.

H. Actividades de consolidación de la paz después de los conflictos y puesta en marcha de la Comisión de Consolidación de la Paz

55. Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron y destacaron la validez y pertinencia de las posiciones de principio del Movimiento con respecto a las actividades de consolidación de la paz después de los conflictos de la manera siguiente:

55.1. La aplicación del concepto de desarme, desmovilización, reintegración y rehabilitación (DDRR) durante las operaciones de mantenimiento de la paz y la reconstrucción después de los conflictos es crucial. También es decisivo asignar el tiempo y los recursos requeridos para reconstruir las sociedades asoladas por la guerra a fin de mantener los niveles de paz y seguridad logrados y permitir la reintegración significativa de los ex combatientes en la sociedad;

55.2. El Movimiento reafirmó la distinción establecida entre la asistencia humanitaria y las operaciones de mantenimiento y de imposición de la paz, así como las actividades operacionales, e insistió en que la asistencia humanitaria está destinada a encarar las consecuencias, y no las causas, del fenómeno. La asistencia humanitaria deberá mantenerse separada e independiente de las actividades políticas o militares, y debe prestarse de conformidad con los principios de humanidad, neutralidad e imparcialidad, así como de los principios rectores contenidos en la resolución 46/182 de la Asamblea General, de 12 de diciembre de 1991, la legislación nacional y el derecho internacional humanitario; y

55.3. La labor de consolidación de la paz por parte de las Naciones Unidas deberá continuar tras el cierre de las operaciones de mantenimiento de la paz, y deberá llevarse a cabo de manera coherente, bien planificada, coordinada y amplia, conjuntamente con otros instrumentos políticos, socioeconómicos y de desarrollo, a fin de asegurar la transición sin tropiezos hacia la paz y la seguridad duraderas.

56. Los Jefes de Estado o de Gobierno acogieron con beneplácito el establecimiento de la Comisión de Consolidación de la Paz, y tomaron nota de su mandato esbozado en la resolución 60/180 de la Asamblea General. Asimismo, tomaron nota de la puesta en marcha subsiguiente de una oficina de apoyo a las operaciones de consolidación de la paz en la Secretaría de las Naciones Unidas y, en espera de la decisión posterior de la Asamblea General sobre su dotación de personal y sus funciones, reiteraron que, sin perjuicio de las funciones y poderes de los demás órganos principales de las Naciones Unidas en relación con las actividades de consolidación de la paz después de los conflictos, debe encomendarse a la Asamblea General el papel primordial en la formulación y ejecución de esas actividades y políticas. Las acciones concertadas de los organismos internacionales son esenciales para respaldar los programas nacionales de los Estados que salen de conflictos, destinados a su reconstrucción y rehabilitación, con miras a lograr el desarrollo económico y el progreso social. Los Jefes de Estado o de Gobierno destacaron la importancia de fomentar las capacidades y de que los propios países asuman la planificación y ejecución de las actividades de consolidación de la paz después de los conflictos, y que éstas se basen en los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional.

57. Los Jefes de Estado o de Gobierno destacaron que se espera que las funciones y la estructura rectora previstas del fondo propuesto para la consolidación de la paz, las cuales deberán ser examinadas y aprobadas por la Asamblea General de conformidad con su resolución 60/180, se centren en las actividades de fomento institucional y de las capacidades, a fin de que el país objeto de examen pueda fortalecer la paz y el desarrollo sostenible.

58. Los Jefes de Estado o de Gobierno alentaron a los Países No Alineados que son miembros del Comité de Organización de la Comisión de Consolidación de la Paz a asegurar que el reglamento y los métodos de trabajo de la Comisión se utilicen para preservar el principio de liderazgo y control nacional de las actividades de consolidación de la paz, así como los propósitos fundamentales del establecimiento de la Comisión con arreglo a las disposiciones pertinentes de la resolución 60/180 de la Asamblea General. A este respecto acordaron crear un Grupo de Países (Caucus) del MNOAL en el seno de la Comisión de Consolidación de la Paz, con miras a coordinar las posiciones de los Países No Alineados en ese marco y a mantener informado al Movimiento en cuanto a las actividades realizadas por la Comisión.

I. Examen de los mandatos de los programas y las actividades de las Naciones Unidas

59. Los Jefes de Estado o de Gobierno consideraron que la información proporcionada por el Secretario General sobre el examen de los mandatos era de índole informativa a fin de ayudar a los Estados Miembros a examinar los mandatos de los programas y las actividades de las Naciones Unidas, que datan de más de cinco años y no se han renovado desde entonces. Recalcaron que el ejercicio deberá estar encaminado a fortalecer el programa de trabajo de la Organización, a fin de que esté en mejores condiciones de cumplir eficazmente sus mandatos, viejos y nuevos, y no a reducir los gastos. Asimismo, pusieron de relieve la importancia de evaluar la ejecución de los mandatos de la Organización, así como los motivos de su ejecución parcial o su no ejecución, a fin de tomar una decisión bien informada con respecto a cada mandato que se esté examinando. También recalcaron que al examinar los mandatos deberá respetarse plenamente los mandatos delicados desde el punto de vista político, y que, antes de tomar cualquier decisión sobre los mandatos, se llegue a un acuerdo en principio sobre la manera en que se analizarán. Los Jefes de Estado o de Gobierno insistieron además en que dicho ejercicio deberá adherirse al principio del examen individual, de modo que se aborde la naturaleza política del tema, respetando, al propio tiempo, otras gestiones pertinentes y paralelas emprendidas por la Asamblea General.

60. Los Jefes de Estado o de Gobierno rechazaron las gestiones de algunas partes destinadas a integrar el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS) bajo el mandato del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Sostuvieron que los mandatos y objetivos de los dos organismos diferían y que rechazaban completamente la mera intención de fusionarlos, habida cuenta de la excepcional situación de larga data de los refugiados palestinos. Los Jefes de Estado o de Gobierno afirmaron que el OOPS, desde su establecimiento en virtud de la resolución 302 (IV) de la Asamblea General, de 8 de diciembre de 1949, ha desempeñado un papel esencial en el mejoramiento de la difícil situación de los refugiados palestinos, y que su funcionamiento continuo es esencial para el bienestar de los refugiados palestinos en toda la región, así como para la estabilidad de la región en general, en espera de que se logre una solución justa a la cuestión de los refugiados palestinos. En ese sentido, afirmaron además que la cuestión decisiva del funcionamiento del OOPS entraña no solamente la prestación de asistencia humanitaria vital a los refugiados palestinos en todos los países de acogida, sino también una dimensión política compleja. Por consiguiente, los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron su apoyo enérgico y permanente al mandato del OOPS hasta que se logre una solución justa y duradera a la difícil situación de los refugiados palestinos, de conformidad con la resolución 194 (III) de la Asamblea General de 11 de diciembre de 1948.

61. Los Jefes de Estado o de Gobierno también rechazaron las propuestas dirigidas a suspender programas de gran importancia para los países en desarrollo, en particular el Programa ordinario de cooperación técnica.

J. Reforma de la Secretaría y la Administración de las Naciones Unidas

62. Reconociendo que la reforma de las Naciones Unidas es un programa colectivo de sus miembros, los Jefes de Estado o de Gobierno destacaron que debe escucharse y respetarse la voz de cada Estado Miembro durante el proceso de reforma, independientemente de su nivel de contribuciones aportadas al presupuesto de la Organización.

63. Los Jefes de Estado o de Gobierno hicieron hincapié en que los objetivos de la reforma de la Secretaría de las Naciones Unidas y de su administración, que deberán incluir la reforma de los sistemas de administración de justicia y la gestión de los recursos humanos, son los siguientes:
a) responder más eficazmente a las necesidades de los Estados Miembros;
b) continuar fortaleciendo y actualizando el papel, la capacidad, la eficacia y la eficiencia de las Naciones Unidas, mejorando así su desempeño a fin de realizar el pleno potencial de la Organización, de conformidad con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas;
c) asegurar un mayor nivel de rendición de cuentas de los funcionarios de la Secretaría;
d) fortalecer el marco de rendición de cuentas de la Secretaría y las medidas para su aplicación eficaz; y
e) velar por que el resultado final del proceso de reforma sea asegurar que las Naciones Unidas puedan cumplir todos sus mandatos con mayor eficacia y eficiencia.

64. Los Jefes de Estado o de Gobierno destacaron que la reforma de la Secretaría de las Naciones Unidas y de su administración no deberá:
a) modificar la naturaleza intergubernamental de los procesos de adopción de decisiones, supervisión y vigilancia de la Organización;
b) ser un ejercicio encaminado a reducir los gastos de la Organización;
c) reducir los niveles presupuestarios de la Organización;
d) financiar más actividades con cargo a la reserva de recursos existentes de la Organización; y
e) redefinir las funciones y los poderes de los principales órganos de la Organización.

 

Las Naciones Unidas: Situación financiera y arreglos financieros

65. Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron y destacaron la validez y pertinencia de las posiciones de principio del Movimiento con respecto a la situación financiera y los arreglos financieros de las Naciones Unidas de la manera siguiente:

65.1. El Movimiento seguía preocupado por la situación financiera de las Naciones Unidas como resultado del incumplimiento por parte de algunos Estados Miembros, en especial los principales Estados contribuyentes, de la obligación de pagar las cuotas asignadas en su totalidad, de forma oportuna y sin condiciones, de conformidad con la Carta y las resoluciones pertinentes de la Asamblea General;

65.2. El Movimiento reiteró que sigue siendo crucial asegurar que todas las decisiones relativas al establecimiento de prioridades de las Naciones Unidas se adopten de manera inclusiva y transparente, y que la Organización cuente con los recursos necesarios para ejecutar de manera plena y eficaz todos los programas y las actividades encomendados, así como con los recursos requeridos para garantizar la calidad de los servicios necesarios para el funcionamiento de su mecanismo intergubernamental. En este contexto, es motivo de preocupación para el Movimiento el efecto negativo ocasionado por las medidas de recorte;

65.3. El principio de la capacidad de pago de los Estados Miembros debe seguir siendo un criterio fundamental en el prorrateo de los gastos de la Organización;

65.4. Es preciso adherirse a los principios generales que rigen la financiación de las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, establecidos en las resoluciones pertinentes de la Asamblea General. En este contexto, deberá ponerse fin a la práctica continua de los préstamos cruzados del Presupuesto para Operaciones de Mantenimiento de la Paz al Presupuesto Ordinario de las Naciones Unidas, lo que provocó, entre otras cosas, retraso en el reembolso a los países que contribuyen con contingentes y equipo. Por una parte, deberá encontrarse un equilibrio adecuado entre el nivel y la urgencia con que se financian las actividades de mantenimiento de la paz y, por la otra, la disponibilidad de los recursos necesarios para la ejecución plena, de todos los programas y las actividades encomendados por la Asamblea General, en particular en las esferas económica y social; y

65.5. Deberán mantenerse los procedimientos existentes de presentación de informes sobre el ciclo presupuestario y de financiación, y fortalecer el papel de los Estados Miembros en la evaluación de programas de la Organización.

66. Los Jefes de Estado o de Gobierno rechazaron firmemente los intentos de imponer condiciones al proceso de reforma, que repercutirían negativamente en la atmósfera de confianza necesaria para las negociaciones, deploraron la medida excepcional y sin precedente de restringir al Secretario General a realizar gastos por un valor limitado a un primer tramo de sólo el cincuenta por ciento del presupuesto de las Naciones Unidas para 2006, y destacaron que esa medida había perjudicado la ejecución de los programas en la Organización. Los Jefes de Estado o de Gobierno lamentaron que algunos Estados miembros no pertenecientes al Movimiento, no lograran adherirse a la decisión de consenso para levantar el límite impuesto.

67. Consecuentes con las posiciones de principio mencionadas anteriormente y guiados por éstas, y afirmando la necesidad de defender, preservar y promover esas posiciones, los Jefes de Estado o de Gobierno acordaron adoptar, entre otras, las medidas siguientes:

67.1. Instar a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas que estén en mora, en particular a los principales Estados contribuyentes, a que procedan al pago de sus cuotas pendientes sin mayor dilación y a que paguen sus cuotas futuras en su totalidad, de forma oportuna y sin imponer condiciones previas, de conformidad con la Carta y las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, conscientes, al propio tiempo, de la situación especial que enfrentan algunos países en desarrollo y que pone en peligro la capacidad de pago de las cuotas asignadas.

 

Las Naciones Unidas: Operaciones de mantenimiento de la paz

68. Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron los principios que rigen las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, adoptados en la
XI Conferencia Ministerial del MNOAL, celebrada en El Cairo en 1994, y reiteraron la posición del Movimiento respecto de las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas adoptada en la Duodécima Cumbre, celebrada en Durban en 1998, y que fue reiterada una vez más en la XIII Cumbre, celebrada en Kuala Lumpur en 2003, y en la Décimo Cuarta Conferencia Ministerial, celebrada en Durban en 2004.

69. Los Jefes de Estado o de Gobierno encomiaron la importante y significativa contribución del Movimiento al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales bajo los auspicios de las Naciones Unidas, y señalaron que en estos momentos los Países No Alineados aportan más del 80% del personal de mantenimiento de la paz sobre el terreno. Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron y destacaron la validez y pertinencia de las posiciones de principio del Movimiento con respecto a las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, de la manera siguiente:

69.1. Los Jefes de Estado o de Gobierno reiteraron que correspondía a las Naciones Unidas la responsabilidad fundamental del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y que el papel de los arreglos regionales, en ese sentido, deberá ajustarse al Capítulo VIII de la Carta y no deberá en forma alguna sustituir el papel de las Naciones Unidas, ni evadir la plena aplicación de los principios rectores de las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas;

69.2. Los Jefes de Estado o de Gobierno destacaron que en el establecimiento de toda operación de mantenimiento de la paz o prórroga del mandato de las operaciones existentes deberán respetarse estrictamente los principios de la Carta de las Naciones Unidas, así como los principios que han venido a regir esas operaciones y que se han convertido en sus principios básicos, a saber, el consentimiento de las partes, el no uso de la fuerza excepto en legítima defensa, y la imparcialidad. Los Jefes de Estado o de Gobierno destacaron además que el respeto a los principios de igualdad soberana, independencia política, integridad territorial de todos los Estados y no injerencia en cuestiones que son esencialmente de su jurisdicción interna, deberá mantenerse también en ese sentido.

69.3. Los Jefes de Estado o de Gobierno hicieron hincapié en que ,desde el principio, deberá proporcionarse a las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas apoyo político, recursos humanos, financieros y logísticos suficientes, y mandatos claramente definidos y viables;

69.4. Los Jefes de Estado o de Gobierno exhortaron al Consejo de Seguridad a que, al establecer el mandato de una operación de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, autorice el número óptimo de efectivos a fin de que puedan cumplir las tareas encomendadas;

69.5. Los Jefes de Estado o de Gobierno recalcaron que las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas no deberán utilizarse como substituto para encarar la génesis del conflicto, sino que deberán abordarse de forma coherente, bien planeada, coordinada y exhaustiva, junto con los demás instrumentos políticos, sociales, económicos y de desarrollo. Sostuvieron además que las Naciones Unidas deberán examinar la forma de continuar esta labor, sin interrupción, después de finalizadas las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, a fin de garantizar la transición sin tropiezos hacia la paz y la seguridad duraderas.

69.6. Los Jefes de Estado o de Gobierno, al tiempo que reconocieron el incremento de las operaciones de mantenimiento de la paz que requieren una respuesta genuina y concertada de todos los miembros de las Naciones Unidas, en particular de los países desarrollados, exhortaron a esos países a participar en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y compartir la carga que ello entraña;

69.7. Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron que la financiación de las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas con cargo a contribuciones voluntarias, no deberá influir en las decisiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de establecer operaciones de mantenimiento de la paz ni afectar sus mandatos;

69.8. Los Jefes de Estado o de Gobierno destacaron la importancia del despliegue rápido y efectivo de las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, e incluso de los refuerzos si fuesen necesarios;

69.9. Los Jefes de Estado o de Gobierno subrayaron que el Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas es el único foro de la Organización autorizado para examinar exhaustivamente toda la cuestión de las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en todos sus aspectos;

69.10. Los Jefes de Estado o de Gobierno exhortaron a la Secretaría de las Naciones Unidas y a las partes interesadas a conceder máxima prioridad a la seguridad y la protección del personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas sobre el terreno, habida cuenta del empeoramiento de la situación de seguridad reinante en muchas de las misiones. En este contexto, condenaron en los términos más enérgicos el asesinato de efectivos de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en diversas misiones y expresaron su profundo pesar por el reciente asesinato de miembros de la FPNUL en el Líbano;

69.11. Los Jefes de Estado o de Gobierno recalcaron que los países que aportan tropas deberán participar temprana y plenamente en todos los aspectos y etapas de las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, e instaron a una interacción más frecuente y sustantiva entre el Consejo de Seguridad, la Secretaría de las Naciones Unidas y los países que aportan tropas. En ese sentido, solicitaron la aplicación plena y efectiva de los mecanismos existentes establecidos en la Resolución 1353 (2001) del Consejo de Seguridad y la Nota del Presidente del Consejo de Seguridad, de fecha 14 de enero de 2002 (S/2002/56);

69.12. Los Jefes de Estado o de Gobierno hicieron hincapié en que cualquier invitación por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas para participar en las reuniones destinadas a establecer una nueva misión de mantenimiento de la paz de la Organización o ampliar las ya existentes debe ser transparente e incluir a todos los países que aportan contingentes y fuerzas de policía;

69.13. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron la opinión de que debe tenerse en cuenta el ulterior desarrollo de los mecanismos en el
párrafo 69.11 supra, con miras al logro de los objetivos de las operaciones de mantenimiento de la paz;

69.14. Los Jefes de Estado o de Gobierno insistieron en la importancia decisiva de que la adquisición de bienes y servicios para apoyar las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas sea oportuna, eficiente, transparente y eficaz en función de los costos, y reiteraron el criterio de que era preciso garantizar una mayor participación de los Países No Alineados en las adquisiciones de las Naciones Unidas;

69.15. Los Jefes de Estado o de Gobierno reconocieron las enormes contribuciones y sacrificios de los efectivos de mantenimiento de la paz y destacaron que todo el personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas desempeña sus funciones de una manera que preserva la imagen, la credibilidad, la imparcialidad y la integridad de las Naciones Unidas. También subrayaron la importancia de mantener la política de tolerancia cero al encarar todos los casos de explotación y abuso sexuales cometidos por el personal de mantenimiento de la paz. En ese sentido, acogieron con agrado la labor del Asesor Especial del Secretario General contra la explotación y el abuso sexuales, y expresaron su apoyo a los progresos obtenidos en esta cuestión hasta el momento;

69.16. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su apoyo a los esfuerzos permanentes encaminados a fortalecer la capacidad de África para las operaciones de mantenimiento de la paz;

69.17. Los Jefes de Estado o de Gobierno instaron al Secretario General a que continuara su labor de conformidad con las resoluciones de la Asamblea General a fin de encarar el actual desequilibrio en la representación geográfica, y en la representación de los países que aportan contingentes que no están representados y los insuficientemente representados, en particular en las labores propias del cuadro orgánico y de dirección del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas, así como en las misiones sobre el terreno. El Movimiento seguía preocupado por la dotación de personal y la estructura del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, en que los Países Miembros del MNOAL están insuficientemente representados, en particular en las labores propias del cuadro orgánico;

69.18. Los Jefes de Estado o de Gobierno reconocieron los progresos logrados en la tramitación de las reclamaciones de reembolso a los países que aportan contingentes, e instaron a la Secretaría a que continuara avanzando en este sentido;

69.19. Los Jefes de Estado o de Gobierno insistieron nuevamente en que todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas deben pagar las cuotas asignadas en su totalidad, de forma oportuna y sin condiciones. Reafirmaron la obligación de los Estados Miembros, con arreglo al Artículo 17 de la Carta de las Naciones Unidas, de sufragar los gastos de la Organización en la proporción que determine la Asamblea General, teniendo en cuenta la responsabilidad especial que incumbe a los Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad, como se indica en la resolución 1874 (S-IV) de la Asamblea General, de 27 de junio de 1963; y

69.20. Los Jefes de Estado o de Gobierno rindieron homenaje a la valentía y dedicación del personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y a los que han perdido la vida al servicio de la paz.

 

Desarme y seguridad internacional

70. Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron y reiteraron las posiciones de principios de larga data del Movimiento sobre desarme y seguridad internacionales, incluidas las decisiones adoptadas en la XII Cumbre celebrada en Durban en 1998, la XIII Cumbre celebrada en Kuala Lumpur en 2003, la XIII Conferencia Ministerial celebrada en Cartagena en 2000, la XIV Conferencia Ministerial celebrada en Durban en 2004 y la Conferencia Ministerial celebrada en Putrajaya, Malasia, en mayo de 2006.

71. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su profunda preocupación por la difícil y compleja situación imperante en materia de desarme y seguridad internacional. En ese sentido, instaron a renovar los esfuerzos con miras a salir del actual estancamiento y lograr el desarme y la no proliferación nucleares en todos sus aspectos.

72. Al reafirmar la validez absoluta de la diplomacia multilateral en la esfera del desarme y la no proliferación, los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su decisión de promover el multilateralismo como principio básico de las negociaciones en materia de desarme y no proliferación y, en ese sentido, acogieron con beneplácito la aprobación de la resolución 60/59 de la Asamblea General sobre la promoción del multilateralismo en la esfera del desarme y la no proliferación.

73. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su profunda preocupación ante el hecho de que se recurriera cada vez más al unilateralismo y, en este contexto, subrayaron que el multilateralismo y las soluciones acordadas multilateralmente, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, constituyen el único método sostenible para hacer frente a las cuestiones de desarme y seguridad internacionales.

74. Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron las posiciones de principio del Movimiento con respecto al desarme nuclear, que seguía siendo su máxima prioridad, y sobre las cuestiones conexas de la no proliferación nuclear en todos sus aspectos, y destacaron la importancia de que la labor encaminada a la no proliferación se realizara paralelamente a los esfuerzos simultáneos encaminados al desarme nuclear. Asimismo, recalcaron su preocupación ante la amenaza que supone para la humanidad la existencia permanente de las armas nucleares y su posible uso o amenaza de uso. Asimismo reiteraron su profunda preocupación por el lento avance hacia el desarme nuclear y la falta de progreso por parte de los Estados poseedores de armas nucleares en la eliminación total de sus arsenales nucleares. Destacaron la necesidad de que los Estados poseedores de armas nucleares cumplieran el compromiso inequívoco que contrajeron en 2000 en lo tocante a conseguir la eliminación total de las armas nucleares y, en este sentido, subrayaron la necesidad acuciante de comenzar las negociaciones sin dilación.

75. Los Jefes de Estado o de Gobierno seguían profundamente preocupados por las doctrinas de defensa estratégica de los Estados poseedores de armas nucleares, incluido el “Concepto de Alianza Estratégica de la OTAN”, que no sólo establece justificaciones para el uso o la amenaza del uso de las armas nucleares, sino que sostiene conceptos injustificables sobre la seguridad internacional basados en la promoción y el desarrollo de alianzas militares y políticas de disuasión nuclear.

76. Los Jefes de Estado o de Gobierno reiteraron que el perfeccionamiento de las armas nucleares existentes y el desarrollo de nuevos tipos de armas nucleares previstos en la Revisión de la Postura Nuclear de los Estados Unidos contravienen las garantías de seguridad proporcionadas por los Estados poseedores de armas nucleares. Reafirmaron además que ese perfeccionamiento, así como el desarrollo de nuevos tipos de esas armas violan los compromisos contraídos por los Estados poseedores de armas nucleares al momento de concertar el Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares.

77. Los Jefes de Estado o de Gobierno subrayaron que el progreso en materia de desarme nuclear y no proliferación en todos sus aspectos es esencial para fortalecer la paz y la seguridad internacionales. Reafirmaron que los esfuerzos en pro del desarme nuclear, los enfoques mundiales y regionales y las medidas de fomento de la confianza se complementan entre sí y, en la medida de lo posible, deben aplicarse simultáneamente con miras a promover la paz y la seguridad a los niveles regional e internacional.

78. Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron la importancia y pertinencia de la Comisión de Desarme de las Naciones Unidas como el único órgano especializado de deliberación dentro del mecanismo multilateral de desarme de las Naciones Unidas. Continuaron apoyando plenamente la labor de la Comisión de Desarme de las Naciones Unidas, y exhortaron a los Estados Miembros de las Naciones Unidas a que dieran muestra de la voluntad política y la flexibilidad necesarias para llegar a un acuerdo sobre las recomendaciones basadas en sus dos temas del programa durante el ciclo en curso.

79. Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron la importancia de la Conferencia de Desarme como único órgano multilateral de negociación sobre desarme, y reiteraron su llamamiento a la Conferencia de Desarme a que acordara un programa de trabajo equilibrado y amplio mediante el establecimiento, entre otras cosas, de un comité ad hoc sobre desarme nuclear lo antes posible y como cuestión de máxima prioridad. Subrayaron la necesidad de iniciar las negociaciones sobre un programa gradual para la eliminación total de las armas nucleares dentro de un plazo determinado, incluida una convención sobre armas nucleares. Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron la importancia de la conclusión unánime de la Corte Internacional de Justicia sobre la obligación de mantener de buena fe y concluir las negociaciones relativas al desarme nuclear en todos sus aspectos bajo un estricto y eficaz control internacional.

80. Los Jefes de Estado o de Gobierno reiteraron su apoyo a la celebración del cuarto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas dedicado al desarme (SSOD-IV) y reiteraron además su profunda preocupación por la falta de consenso sobre las deliberaciones para examinar los objetivos y el programa del cuarto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General dedicado al desarme. Insistieron en la necesidad de volver a convocar al Grupo de Trabajo de composición abierta para el cuarto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General dedicado al desarme en una fecha temprana, preferiblemente en 2007, como encomendó la Asamblea General, con miras a llegar a un acuerdo sobre los objetivos y el programa del cuarto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General dedicado al desarme, incluida la posibilidad de establecer su comité preparatorio.

81. Los Jefes de Estado o de Gobierno instaron nuevamente a que se celebrara una conferencia internacional para determinar los medios de eliminar los peligros nucleares, a la brevedad posible, con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre un programa gradual destinado a la eliminación total de las armas nucleares dentro de un plazo determinado, con miras a eliminar todas las armas nucleares, prohibir su desarrollo, producción, adquisición, ensayo, almacenamiento, transferencia, uso o amenaza de uso, y a estipular su destrucción.

82. Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron que la eliminación total de las armas nucleares era la única garantía absoluta contra el uso o la amenaza del uso de esas armas y reafirmaron además que los países no poseedores de armas nucleares deberían recibir garantías efectivas de los países poseedores de armas nucleares contra el uso o la amenaza del uso de esas armas. En espera de la eliminación total de las armas nucleares, los Jefes de Estado o de Gobierno instaron a que, como cuestión prioritaria, se creara un instrumento universal, incondicional y jurídicamente vinculante sobre garantías de seguridad para los Estados no poseedores de armas nucleares. Tomaron nota del establecimiento, en 1998, de un Comité ad hoc sobre acuerdos internacionales eficaces para dar garantías a los Estados no poseedores de armas nucleares contra el empleo o la amenaza del empleo de armas nucleares en la Conferencia sobre Desarme, a fin de negociar garantías de seguridad universales, incondicionales y jurídicamente vinculantes a todos los Estados no poseedores de armas nucleares.

83. Los Jefes de Estado o de Gobierno destacaron la importancia de lograr la adhesión universal al Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares, incluidos todos los Estados poseedores de armas nucleares, que, entre otras cosas, deben contribuir al proceso de desarme nuclear. Los Jefes de Estado o de Gobierno reiteraron que para que se cumplieran plenamente los objetivos del Tratado, sería esencial contar con el compromiso permanente de todos los Estados signatarios, especialmente de los Estados poseedores de armas nucleares, con vistas al desarme nuclear.

84. Los Jefes de Estado o de Gobierno, al señalar la entrada en vigor del Tratado de Moscú de 2002 entre la Federación de Rusia y los Estados Unidos, hicieron hincapié en que la reducción en el despliegue y en el estado operacional no puede sustituir los recortes irreversibles ni la eliminación total de las armas nucleares, y exhortaron a los Estados Unidos y a la Federación de Rusia a aplicar los principios de transparencia, irreversibilidad y verificabilidad a fin de reducir aún más sus arsenales nucleares, tanto las ojivas como los sistemas vectores, con arreglo al Tratado.

85. Los Jefes de Estado o de Gobierno siguieron expresando su preocupación por las consecuencias negativas del desarrollo y el despliegue de los sistemas de defensa contra proyectiles antibalísticos y la búsqueda de tecnologías militares avanzadas que pueden ser desplegadas en el espacio ultraterrestre que, entre otras cosas, han contribuido al continuo empeoramiento del entorno internacional propicio para promover el desarme y fortalecer la seguridad internacional. La abrogación del Tratado sobre la limitación de los sistemas de proyectiles antibalísticos supone nuevos retos para la estabilidad estratégica y la prevención de la carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre. Los Jefes de Estado o de Gobierno seguían preocupados por el hecho de que la puesta en marcha de un sistema nacional de defensa contra misiles podría desencadenar una carrera de armamentos y el desarrollo ulterior de sistemas avanzados de misiles y un aumento del número de armas nucleares.

86. Los Jefes de Estado o de Gobierno reconocieron el interés común de toda la humanidad en la exploración y el uso del espacio ultraterrestre con fines pacíficos, y destacaron que la prevención de la carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre evitaría un grave peligro para la paz y la seguridad internacionales. Destacaron además la importancia primordial de que se respeten estrictamente los acuerdos existentes sobre limitación de armamentos y sobre desarme relativos al espacio ultraterrestre, incluidos los acuerdos bilaterales, así como el régimen jurídico vigente respecto de la utilización del espacio ultraterrestre. También subrayaron la necesidad urgente de comenzar la labor sustantiva en la Conferencia de Desarme sobre la prevención de una carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre.

87. Los Jefes de Estado o de Gobierno seguían convencidos de la necesidad de contar con un enfoque negociado multilateralmente, universal, amplio, transparente y no discriminatorio respecto de la cuestión de los misiles en todos sus aspectos como una contribución a la paz y la seguridad internacionales. Además, expresaron su apoyo a que se continuara trabajando en las Naciones Unidas con miras a seguir estudiando la cuestión de los misiles en todos sus aspectos. En ese sentido, hicieron hincapié en la necesidad de mantener el tema en el programa de la Asamblea General de las Naciones Unidas y en que, de conformidad con su resolución 59/67, se estableciera un Grupo de Expertos Gubernamentales sobre la cuestión de los misiles en todos sus aspectos en 2007. En espera de que se establezca ese mecanismo universal relacionado con los sistemas vectores de armas de destrucción en masa, toda iniciativa encaminada a atender a esas preocupaciones de forma eficaz, sostenible y cabal seguirá un proceso inclusivo de negociaciones, en un foro en que todos los Estados puedan participar en pie de igualdad. Además, subrayaron la importancia de que las precupaciones de todos los Estados en materia de seguridad a los niveles regional e internacional se tuvieran en cuenta en los enfoques relativos a la cuestión de los misiles en todos sus aspectos.

88. Los Jefes de Estado o de Gobierno consideraron que el establecimiento de las zonas libres de armas nucleares (ZLAN) creadas en virtud de los tratados de Tlatelolco, Rarotonga, Bangkok y Pelindaba, y la condición de Mongolia como país libre de armas nucleares, son pasos positivos y medidas importantes encaminados a fortalecer el desarme nuclear y la no proliferación en todo el mundo. Acogieron con beneplácito la firma del Tratado sobre una zona libre de armas nucleares en Asia Central, en Semipalatinsk, el 8 de septiembre de 2006, por los Ministros de Relaciones Exteriores de Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán, y consideraron el establecimiento de esa zona una contribución eficaz al fortalecimiento de la paz y la seguridad regional y mundial. Reiteraron que, en el contexto de las ZLAN, es esencial que los Estados poseedores de armas nucleares proporcionen a todos los Estados de la zona garantías incondicionales contra el uso o la amenaza del uso de armas nucleares. Instaron a los Estados a la firma de acuerdos libremente concertados entre los Estados de la región en cuestión con miras a establecer nuevas ZLAN en las regiones en que no existan, particularmente en Asia Central, de conformidad con las disposiciones del Documento Final del primer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General dedicado al desarme (SSOD-I) y los principios adoptados por la Comisión de Desarme de las Naciones Unidas en 1999. Tomaron nota con satisfacción de la celebración de la Primera Conferencia de Estados partes y signatarios de Tratados de Zonas Libres de Armas Nucleares, celebrado en Tlatelolco, México, del 26 al 28 de abril de 2005 y, en este contexto, exhortaron a los Estados partes y signatarios de Tratados sobre las ZLAN a que pusieran en práctica nuevas formas de cooperación entre sí, sus órganos creados en virtud de tratados, y demás Estados interesados.

89. Los Jefes de Estado o de Gobierno reiteraron su apoyo al establecimiento de una zona libre de todas las armas de destrucción en masa en el Oriente Medio. A tal fin, reafirmaron la necesidad de establecer, con prontitud, una zona libre de armas nucleares en el Oriente Medio de conformidad con la resolución 487 (1981), y el párrafo 14 de la resolución 687 (1991) del Consejo de Seguridad y las resoluciones pertinentes de la Asamblea General aprobadas por consenso. Los Jefes de Estado o de Gobierno exhortaron a todas las partes interesadas a que tomaran medidas urgentes y prácticas encaminadas al cumplimiento de la propuesta presentada por el Irán en 1974 con miras a establecer dicha zona y, en espera de su establecimiento, exigieron a Israel, único país de la región que no se ha adherido al Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares (TNP), ni declarado su intención de hacerlo, que renuncie a poseer armas nucleares, que se adhiera al TNP sin demora, que someta de inmediato todas sus instalaciones nucleares al régimen de salvaguardias totales del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de conformidad con la resolución 487 (1981) del Consejo de Seguridad, y que realice sus actividades nucleares conexas de conformidad con el régimen de no proliferación. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron gran preocupación por la capacidad nuclear que ha adquirido Israel, que presupone una grave y permanente amenaza a la seguridad de los Estados vecinos y de otros Estados, y condenaron a Israel por seguir desarrollando y acumulando arsenales nucleares. Consideraron que no puede lograrse estabilidad en una región en que se mantienen enormes desequilibrios en cuanto a la capacidad militar, particularmente debido a la posesión de armas nucleares, lo que permite que una parte amenace a sus vecinos, y a la región. Acogieron con beneplácito además la iniciativa del Excmo. Sr. Mohammed Hosni Mubarak, Presidente de la República Árabe de Egipto, sobre el establecimiento de una zona libre de armas de destrucción en masa en el Oriente Medio, y en este contexto, tuvieron en cuenta el proyecto de resolución presentado el 29 de diciembre de 2003 al Consejo de Seguridad por la República Árabe Siria, en nombre del Grupo de Estados Árabes, relativa al establecimiento de una zona libre de armas de destrucción en masa en el Oriente Medio. Los Jefes de Estado o de Gobierno subrayaron que era preciso tomar las medidas necesarias en los diferentes foros internacionales con miras al establecimiento de esta zona. Pidieron además la prohibición total y completa de la transferencia a Israel de todo equipo, información, material e instalaciones, recursos o dispositivos del ámbito nuclear, así como la prestación de asistencia a ese país en el campo científico y tecnológico relacionado con la esfera nuclear. Al respecto, expresaron su grave preocupación por el hecho de que un Estado poseedor de armas nucleares siga brindando acceso a sus instalaciones nucleares a científicos israelíes. Este hecho podría tener repercusiones negativas graves para la seguridad regional así como para la fiabilidad del régimen mundial de no proliferación.

90. Los Jefes de Estado o de Gobierno subrayaron la importancia de observar las normas ambientales en la preparación y la aplicación de los acuerdos de desarme y limitación de armamentos. Reafirmaron que en los foros internacionales de desarme se deberían tener plenamente en cuenta las normas ambientales pertinentes al negociar los tratados y acuerdos internacionales sobre desarme y que todos los Estados, mediante sus acciones, deberían contribuir cabalmente a velar por que se cumplan esas normas al aplicar los tratados y las convenciones en los cuales sean partes.

91. Los Jefes de Estado o de Gobierno destacaron la importancia de las actividades de las Naciones Unidas a nivel regional destinadas a incrementar la estabilidad y la seguridad de sus Estados Miembros, actividades que podrían promoverse de manera sustantiva mediante el mantenimiento y la revitalización de los tres centros regionales para la paz y el desarme.

92. Los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados Partes en el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares (TNP), al reafirmar el conjunto de acuerdos de la Conferencia de 1995 de las Partes encargada del examen y la prórroga del TNP y el Documento Final de la Conferencia de las Partes del Año 2000 encargada del examen del TNP, expresaron su decepción ante la incapacidad de la Conferencia de las Partes del Año 2005 encargada del examen del TNP para adoptar recomendaciones sustantivas. Los Jefes de Estado o de Gobierno reiteraron su llamamiento a todos los Estados partes en el Tratado para que se comprometieran firmemente a aplicar todas las disposiciones del Tratado y exhortaron a la plena aplicación de las 13 medidas prácticas destinadas a procurar de manera sistemática y progresiva la aplicación del artículo VI del Tratado sobre la no proliferación, en particular el compromiso inequívoco por parte de los Estados poseedores de armas nucleares de lograr la eliminación total de sus arsenales nucleares con miras al desarme nuclear. Asimismo, recordaron que en el Documento Final de la Conferencia de las Partes del Año 2000 encargada del examen del TNP se reiteró que las garantías de seguridad jurídicamente vinculantes ofrecidas por los cinco Estados poseedores de armas nucleares a los Estados partes en el Tratado que no las poseen reforzaban el régimen de no proliferación de las armas nucleares, en espera de la eliminación total de dichas armas. Los Jefes de Estado o de Gobierno subrayaron la importancia de establecer órganos subsidiarios en las Comisiones Principales de la Conferencia de las Partes del Año 2010 encargada del examen del TNP a fin de deliberar acerca de las medidas prácticas destinadas a procurar de manera sistemática y progresiva la eliminación de las armas nucleares, considerar y recomendar propuestas sobre la aplicación de la resolución sobre el Oriente Medio, aprobada por la Conferencia de 1995 de las Partes encargada del examen y la prórroga del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, y considerar las garantías de seguridad. En este sentido, subrayaron la necesidad de que en las reuniones del Comité Preparatorio se continúe asignando específicamente tiempo para las deliberaciones sobre el desarme nuclear, la aplicación de la resolución de 1995 sobre el Oriente Medio y las garantías de seguridad. Los Jefes de Estado o de Gobierno recordaron el acuerdo de que la Conferencia de examen estará presidida por un representante del Movimiento.

93. Los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados Partes en el TNP pidieron a los Estados poseedores de armas nucleares que cumplieran sus compromisos de no usar ni amenazar con usar armas nucleares contra Estados no poseedores de dichas armas que son partes en el Tratado, ni contra las zonas libres de armas nucleares, en ningún momento ni bajo ninguna circunstancia, en espera de la conclusión de un instrumento jurídicamente vinculante sobre garantías de seguridad.

94. Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron el derecho inalienable de los países en desarrollo de participar en la investigación, la producción y el uso de la energía nuclear con fines pacíficos sin discriminación. Siguieron señalando con inquietud que persiste la imposición de restricciones excesivas a las exportaciones de material, equipo y tecnología para fines pacíficos con destino a los países en desarrollo. Subrayaron una vez más que las preocupaciones con respecto a la proliferación se abordan mejor mediante acuerdos negociados multilateralmente, universales, amplios y no discriminatorios. Los acuerdos de control de la no proliferación deberían ser transparentes y abiertos a la participación de todos los Estados y debería garantizarse que no impongan restricciones al acceso a los materiales, al equipo y a la tecnología para fines pacíficos que requieren los países en desarrollo para seguir desarrollándose. Al respecto, también expresaron su enérgico rechazo a los intentos por cualquier Estado Miembro de utilizar el programa de cooperación técnica del OIEA como herramienta para fines políticos, en violación del Estatuto del OIEA.

95. Los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados Partes en el TNP destacaron una vez más que nada en el Tratado deberá interpretarse en el sentido de que afecte al derecho inalienable de todas las Partes en el Tratado a desarrollar la investigación, producción y utilización de la energía nuclear con fines pacíficos, sin discriminación y de conformidad con los artículos I, II y III del Tratado. Los Jefes de Estado o de Gobierno destacaron que ese derecho constituye uno de los objetivos fundamentales del Tratado. En ese sentido, confirmaron que deberían respetarse las opciones y la decisión de cada país en la esfera de la utilización de la energía nuclear con fines pacíficos sin poner en peligro sus políticas o los acuerdos y arreglos internacionales de cooperación sobre la utilización de la energía nuclear con fines pacíficos y sus políticas sobre el ciclo del combustible.

96. Los Jefes de Estado o de Gobierno destacaron en particular la responsabilidad de los países desarrollados de apoyar la necesidad legítima de energía nuclear de los países en desarrollo, permitiéndoles participar en la mayor medida posible en la transferencia de equipo, materiales e información científica y tecnológica en materia nuclear con fines pacíficos de manera que obtengan los mayores beneficios y apliquen los elementos pertinentes del desarrollo sostenible en sus actividades.

97. Los Jefes de Estado o de Gobierno, al hacer hincapié en la importancia del papel positivo desempeñado por los Miembros del MNOAL en el OIEA, destacaron la necesidad de que todos los miembros del OIEA respeten estrictamente su Estatuto. Subrayaron que deberá evitarse toda presión o injerencia indebida en las actividades del Organismo -especialmente en su proceso de verificación- que pudieran poner en peligro la eficiencia y credibilidad del Organismo. Reconocieron que el OIEA es la única autoridad competente para verificar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de los acuerdos de salvaguardias respectivos de los Estados Miembros. También reafirmaron que es preciso establecer una distinción clara entre las obligaciones jurídicas de los Estados Miembros conforme a sus respectivos acuerdos de salvaguardias y sus compromisos voluntarios, a fin de asegurar que esos compromisos voluntarios no se conviertan en obligaciones jurídicas en la esfera de las salvaguardias.

98. Los Jefes de Estado o de Gobierno felicitaron al OIEA y a su Director General, Dr. Mohamed El Baradei, por habérseles otorgado el Premio Nobel de la Paz de 2005. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su plena confianza en la imparcialidad y profesionalidad del Organismo. Asimismo, felicitaron al Organismo en ocasión de su quincuagésimo aniversario en 2007.

99. Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron la inviolabilidad de las actividades nucleares con fines pacíficos e indicaron que cualquier ataque o amenaza de ataque contra las instalaciones nucleares con fines pacíficos, en explotación o en construcción, supone un grave peligro para los seres humanos y el medio ambiente, y constituye una grave violación del derecho internacional, de los principios y los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y del reglamento del OIEA. Los Jefes de Estado o de Gobierno reconocieron la necesidad de contar con un instrumento amplio y negociado multilateralmente, que prohíba los ataques o la amenaza de ataques contra las instalaciones nucleares dedicadas a la utilización de la energía nuclear con fines pacíficos.

100. Los Jefes de Estado o de Gobierno afirmaron la necesidad de fortalecer los sistemas de seguridad y protección radiológica en las instalaciones que utilizan materiales radiactivos, así como en las instalaciones de gestión de desechos radiactivos y en el transporte seguro de esos materiales. También reafirmaron la necesidad de fortalecer los reglamentos internacionales existentes relativos a la seguridad tecnológica y la seguridad física del transporte de esos materiales. Al reiterar la necesidad de adoptar medidas adecuadas para impedir todo vertimiento de desechos radiactivos o nucleares, instaron a la aplicación eficaz del Código de Práctica sobre movimientos internacionales transfronterizos de desechos radiactivos del OIEA, como forma de proteger mejor a todos los Estados del vertimiento de desechos radiactivos en sus territorios.

101. Los Jefes de Estado o de Gobierno destacaron que la cuestión de la proliferación debería resolverse por medios políticos y diplomáticos, y que las medidas e iniciativas al respecto deberían adoptarse en el marco del derecho internacional, las convenciones pertinentes y la Carta de las Naciones Unidas, y contribuir a promover la paz, la seguridad y la estabilidad internacionales.

102. Los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados Partes en la Convención sobre las armas biológicas y toxínicas reafirmaron que debería excluirse por completo la posibilidad de cualquier utilización de agentes bacteriológicos (biológicos) y toxínicos como armas, a la vez que expresaron la convicción de que dicha utililización produciría repudio en la conciencia de la humanidad. Además, reconocieron la especial importancia de fortalecer la Convención mediante negociaciones multilaterales con miras a lograr un Protocolo jurídicamente vinculante y la adhesión universal a la Convención. Asimismo, reiteraron su llamamiento destinado a promover la cooperación internacional con fines pacíficos, incluido el intercambio científico-técnico. Los Jefes de Estado o de Gobierno subrayaron la necesidad de establecer una coordinación entre los Estados Miembros del MNOAL partes en la Convención, y manifestaron su compromiso de trabajar con miras al resultado exitoso de la Sexta Conferencia de Examen, que se celebrará en Ginebra del 20 de noviembre al 8 de diciembre de 2006.

103. Los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados Partes en la Convención sobre las Armas Químicas invitaron a todos los Estados que aún no hubieran firmado o ratificado la Convención a que lo hicieran a la brevedad con miras a su universalidad. Reiteraron su llamamiento a los países desarrollados a fomentar la cooperación internacional mediante la transferencia de tecnología, material y equipo con fines pacíficos en el sector químico y eliminar todas y cada una de las restricciones discriminatorias que contravienen la letra y el espíritu de la Convención. Los Jefes de Estado o de Gobierno recordaron que la aplicación plena, eficaz y no discriminatoria de las disposiciones relativas a la cooperación internacional contribuyen a la universalidad de la Convención. Asimismo, pidieron a los Estados que se habían declarado poseedores de armas químicas, que procedieran a la destrucción de dichas armas a la brevedad posible. Al tiempo que reconocieron los retos financieros y técnicos para algunos Estados poseedores de estas armas, hicieron un llamamiento a los Estados Partes que estén en condiciones de hacerlo, y cuando se les solicite, a que ayuden a esos Estados poseedores a lograr la eliminación total de las armas químicas.

104. Los Jefes de Estado o de Gobierno lamentaron las denuncias infundadas de incumplimiento de los instrumentos pertinentes relativos a las armas de destrucción en masa y exhortaron a los Estados Partes en tales instrumentos que hacen esas denuncias a que respeten los procedimientos establecidos en los mencionados instrumentos y proporcionen las pruebas necesarias que fundamenten sus denuncias. Instaron a todos los Estados Partes en los instrumentos internacionales respectivos a que cumplieran plenamente y con transparencia las obligaciones contraídas en virtud de esos instrumentos.

105. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su satisfacción por el consenso alcanzado entre los Estados respecto de las medidas destinadas a impedir que los terroristas adquieran armas de destrucción en masa. Acogieron con beneplácito la aprobación por consenso de la resolución 60/78 de la Asamblea General titulada “Medidas para evitar la adquisición por terroristas de armas de destrucción en masa” y subrayaron la necesidad de hacer frente a esta amenaza contra la humanidad en el marco de las Naciones Unidas y mediante la cooperación internacional. Al insistir en que la forma más eficaz de impedir que los terroristas adquieran armas de destrucción en masa es eliminando totalmente dichas armas, subrayaron la necesidad urgente de lograr avances en la esfera del desarme y la no proliferación, a fin de ayudar a mantener la paz y la seguridad internacionales y contribuir a la labor mundial contra el terrorismo. Los Jefes de Estado o de Gobierno instaron a todos los Estados Miembros a que apoyaran los esfuerzos internacionales encaminados a evitar que los terroristas adquieran armas de destrucción en masa y sus sistemas vectores. Exhortaron también a todos los Estados Miembros a que adoptaran y fortalecieran, según corresponda, medidas nacionales que impidan que los terroristas obtengan armas de destrucción en masa, sus sistemas vectores y los materiales y las tecnologías relacionadas con su fabricación.

106. Al tomar nota de la aprobación por el Consejo de Seguridad de las resoluciones 1540 (2004) y 1673 (2006), los Jefes de Estado o de Gobierno destacaron la necesidad de asegurar que ninguna medida adoptada por el Consejo de Seguridad socave la Carta de las Naciones Unidas y los tratados multilaterales vigentes sobre armas de destrucción en masa y de organizaciones internacionales establecidas en este sentido, así como tampoco el papel de la Asamblea General. Además, alertaron contra la práctica continuada del Consejo de Seguridad de utilizar su autoridad para definir los requisitos legislativos que deben cumplir los Estados Miembros al aplicar las decisiones de ese órgano. En ese sentido, los Jefes de Estado o de Gobierno destacaron la importancia de que la Asamblea General encare de manera inclusiva la cuestión de la adquisición de armas de destrucción en masa por agentes no estatales, teniendo en cuenta los criterios de todos los Estados Miembros.

107. Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron el derecho soberano de los Estados a adquirir, fabricar, exportar, importar y conservar armas convencionales para su legítima defensa y necesidades de seguridad. También expresaron su preocupación acerca de las medidas coercitivas unilaterales, e hicieron hincapié en que no deberían imponerse restricciones excesivas a la transferencia de dichas armas.

108. Los Jefes de Estado o de Gobierno reconocieron el desequilibrio significativo que existe entre los países industrializados y los Países No Alineados en cuanto a la producción, la posesión y el comercio de armas convencionales, y exhortaron a la reducción significativa de la producción, la posesión y el comercio de armas convencionales por los Estados industrializados con miras a promover la paz y la seguridad a los niveles internacional y regional.

109. Los Jefes de Estado o de Gobierno seguían profundamente preocupados por la transferencia, fabricación y circulación ilícitas de armas pequeñas y armas ligeras y su excesiva acumulación y difusión incontrolada en muchas regiones del mundo. Reconocieron la necesidad de establecer y mantener controles sobre la propiedad privada de las armas pequeñas. Exhortaron a todos los Estados, en particular a los grandes productores, a que aseguraran que el suministro de armas pequeñas y armas ligeras se limite solamente a los gobiernos o a las entidades debidamente autorizadas por éstos, y a que impusieran restricciones jurídicas que impidan el comercio ilícito de armas pequeñas y armas ligeras. Los Jefes de Estado o de Gobierno alentaron todas las iniciativas de los Estados encaminadas a movilizar recursos y expertos, así como a prestar asistencia con miras a fortalecer la plena aplicación del Programa de Acción de las Naciones Unidas para prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos.

110. Los Jefes de Estado o de Gobierno subrayaron la importancia de la pronta y plena aplicación del Programa de Acción y, en ese sentido, destacaron que la asistencia y la cooperación internacionales son aspectos esenciales de la aplicación cabal del Programa de Acción. Expresaron su decepción por el hecho de que no se adoptó un documento final durante la Conferencia encargada del examen de los avances en la aplicación del Programa de Acción para prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos, celebrada en Nueva York del 26 de junio al 7 de julio de 2006. Reafirmaron la plena validez del Programa de Acción y exhortaron a las delegaciones del MNOAL a coordinar esfuerzos en las Naciones Unidas con miras a llegar a acuerdos respecto de las actividades en la aplicación total del Programa de Acción. Llamaron a que se aplique plenamente el Instrumento internacional que permita a los Estados identificar y rastrear de forma oportuna y fidedigna las armas pequeñas y ligeras, aprobado por la Asamblea General.

111. Los Jefes de Estado o de Gobierno continuaron deplorando el uso, en violación del derecho internacional humanitario, de las minas antipersonales en situaciones de conflicto destinadas a mutilar, matar y aterrorizar a civiles inocentes, negarles el acceso a las tierras de cultivo, ocasionar hambruna y obligarlos a huir de sus hogares, lo que a la larga conduce a diezmar a la población e impedir el regreso de los civiles a su lugar de residencia original. Exhortaron a todos los Estados en condiciones de hacerlo a que prestaran la asistencia financiera, técnica y humanitaria necesarias para las operaciones de remoción de minas y la rehabilitación social y económica de las víctimas, así como a que asegurararan el pleno acceso de los países afectados a material, equipo, tecnología y recursos financieros para la remoción de minas.

112. Los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados Partes en la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales y sobre su destrucción, invitaron a los Estados que todavía no lo hubiesen hecho, a que consideraran la posibilidad de adherirse a la Convención.

113. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su preocupación con respecto a los restos explosivos de la segunda guerra mundial, particularmente las minas terrestres que siguen ocasionando daños humanos y materiales y obstruyendo los planes de desarrollo en algunos Países No Alineados. Instaron a los Estados fundamentalmente responsables de haber colocado esas minas y explosivos activos fuera de sus territorios durante la segunda guerra mundial a que cooperaran con los países afectados y les prestaran apoyo para la remoción de minas, incluido el intercambio de información, mapas que indiquen la ubicación de las minas y los explosivos, la asistencia técnica para la remoción de las minas, la financiación de los gastos de la remoción, y la compensación por cualesquiera pérdidas ocasionadas por la colocación de las minas.

114. Los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados Partes en la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados y sus Protocolos, alentaron a los Estados a que se adhirieran a la Convención y a su Protocolo Adicional sobre restos explosivos de guerra.

115. Los Jefes de Estado o de Gobierno destacaron la importancia de la relación simbiótica que existe entre el desarme y el desarrollo y el importante papel que desempeña la seguridad en ese sentido, y expresaron su preocupación por el aumento de los gastos militares a nivel mundial, pues esos fondos podrían utilizarse para atender a las necesidades de desarrollo. Los Jefes de Estado o de Gobierno hicieron hincapié además en la importancia de reducir los gastos militares, de conformidad con el principio de la seguridad sin menoscabo con el nivel más bajo posible de armamentos, e instaron a todos los Estados a dedicar los recursos así liberados al desarrollo social y económico, en particular a la lucha contra la pobreza. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su firme apoyo a las medidas unilaterales, bilaterales, regionales y multilaterales adoptadas por algunos gobiernos con miras a reducir los gastos militares, las cuales contribuyen al fortalecimiento de la paz y la seguridad a los niveles regional e internacional, y reconocieron que las medidas de fomento de la confianza coadyuvaban a ese fin.

116. Los Jefes de Estado o de Gobierno encomiaron la labor permanente del Grupo de Trabajo sobre Desarme del MNOAL, bajo la presidencia de Indonesia, encargado de coordinar las cuestiones de interés común para el Movimiento en la esfera del desarme y la no proliferación Alentaron a todas las delegaciones de MNOAL a participar activamente en las reuniones sobre desarme internacional con vistas a promover y cumplir los objetivos del Movimiento.

117. Consecuentes con las posiciones de principio ya mencionadas y guiados por éstas, y afirmando la necesidad de promover, defender y preservar esas posiciones, los Jefes de Estado o de Gobierno acordaron:

117.1. Continuar trabajando en favor de las posiciones y prioridades del Movimiento, según corresponda, en los foros internacionales pertinentes;

117.2. Encomendar al Buró de Coordinación del MNOAL emprender esfuerzos, cuando proceda, para alcanzar los objetivos del Movimiento en el marco de las reuniones de desarme y sobre la seguridad internacional.

 

Terrorismo

118. Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron y destacaron la validez y pertinencia de la posición de principio del Movimiento con respecto al terrorismo de la manera siguiente:

118.1. Los actos de terrorismo son las violaciones más manifiestas del derecho internacional, incluidos el derecho internacional humanitario y el relativo a los derechos humanos, en particular el derecho a la vida, que privan a las personas del pleno disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y tales actos ponen en peligro tanto la integridad territorial y la estabilidad de los Estados, como la seguridad nacional, regional e internacional, desestabilizan a gobiernos legítimamente constituidos o el orden constitucional prevaleciente y la unidad política de los Estados, afectan a la estabilidad de las naciones y la base misma de las sociedades, además de acarrear consecuencias adversas para el desarrollo económico y social y causar la destrucción de la infraestructura física y económica de los Estados;

118.2. No se puede ni se debe vincular el terrorismo con religión, nacionalidad, civilización o grupo étnico alguno, y no se debe hacer uso de tales atribuciones para justificar el terrorismo o la aplicación de medidas de lucha contra el terrorismo, incluidas, entre otras cosas, la elaboración de perfiles de terroristas y la intrusión en la intimidad de las personas;

118.3. Los actos criminales intencionales o realizados con el propósito de provocar una situación de terror en la población en general, o de aterrorizar a un grupo de personas o a determinadas personas, por cualquier razón, dondequiera que se cometan, quienquiera que los perpetre, contra quienquiera que se cometan, son, en cualquier circunstancia, injustificables, sean cuales fueren las consideraciones o factores que puedan invocarse para justificarlos;

118.4. El terrorismo no se deberá equiparar con la lucha legítima de los pueblos bajo dominación colonial o foránea y ocupación extranjera por la libre determinación y la liberación nacional. Se deberá seguir denunciando el trato brutal a personas que permanecen bajo ocupación extranjera por ser la forma más grave de terrorismo, y se deberá seguir condenando el uso del poder del Estado para someter a la represión y la violencia a personas que luchan contra la ocupación extranjera en ejercicio de su derecho inalienable a la libre determinación. A este respecto y de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, la lucha de los pueblos bajo dominación colonial o foránea y ocupación extranjera por su libre determinación y su liberación nacional no constituye un acto de terrorismo;

118.5. El Movimiento reafirmó su posición de principio basada en el derecho internacional y de conformidad con lo dispuesto en la resolución 46/51 de la Asamblea General, de 27 de enero de 1992, así como en otras resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas sobre la legitimidad de la lucha de los pueblos bajo dominación colonial o foránea y ocupación extranjera por su liberación nacional y su libre determinación, que no constituye un acto de terrorismo y, una vez más, exigió que se definiera el terrorismo para diferenciarlo de la lucha legítima de los pueblos bajo dominación colonial o foránea y ocupación extranjera por la libre determinación y la liberación nacional.

119. Reconociendo el grave peligro y las amenazas que representan el terrorismo y los actos de terrorismo para la comunidad internacional, consecuentes con las posiciones de principio del Movimiento y guiados por éstas, y afirmando la necesidad de defender, preservar y promover esas posiciones, los Jefes de Estado o de Gobierno acordaron adoptar, entre otras, las medidas siguientes:

119.1. Condenar enérgica e inequívocamente el terrorismo por constituir un delito, y rechazarlo en todas sus formas y manifestaciones, así como todos los actos, métodos y prácticas de terrorismo dondequiera que se cometan, quienquiera que los perpetre, contra quienquiera que se cometan, incluidos aquellos en que los Estados están directa o indirectamente involucrados, los cuales son injustificables, sean cuales fueren las consideraciones o factores que puedan invocarse para justificarlos, y en este contexto, reafirmar su apoyo a lo dispuesto en la resolución 46/51 de la Asamblea General, de 27 de enero de 1992, y en otras resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas;

119.2. Resolver tomar medidas expeditas y eficaces para eliminar el terrorismo internacional y, en este contexto, instar a todos los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, a que cumplan las obligaciones contraídas en la lucha contra el terrorismo, en virtud del derecho internacional y el derecho humanitario internacional, como por ejemplo, enjuiciando o, cuando proceda, extraditando a los autores de actos terroristas; impidiendo que se organicen, se instiguen o se financien esos actos contra otros Estados desde dentro o fuera de sus territorios o mediante organizaciones asentadas en sus territorios; absteniéndose de organizar e instigar actos de terrorismo en el territorio de otros Estados, de contribuir a tales actos, de financiarlos o de participar en ellos; absteniéndose de alentar actividades dentro de sus territorios encaminadas a la comisión de dichos actos; absteniéndose de permitir el uso de sus territorios para actividades de planificación, entrenamiento o financiación con vistas a esos actos; o absteniéndose de suministrar armamento u otro tipo de armas que pudieran ser utilizadas en actos terroristas en otros Estados;

119.3. Condenar el apoyo político, diplomático, moral o material al terrorismo en cualquiera de sus formas y abstenerse de brindarlo y, en este contexto, instar a todos los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y en cumplimiento de sus obligaciones con arreglo al derecho internacional, a garantizar que los autores, organizadores o patrocinadores de actos terroristas no utilicen de modo ilegítimo su condición de refugiado o de cualquier otra condición jurídica, y que no se reconozcan sus reivindicaciones de motivaciones políticas como causa para denegar las solicitudes de extradición interpuestas contra ellos;

119.4. Instar a todos los Estados que aún no lo hayan hecho a considerar la posibilidad de ratificar los trece convenios y protocolos internacionales y de las Naciones Unidas, relativos a la lucha contra el terrorismo, o adhrerirse a estos;

119.5. Observar y aplicar las disposiciones de todos los convenios internacionales así como los instrumentos regionales y bilaterales relacionados con el terrorismo, de los cuales sus países son partes, teniendo en cuenta las recomendaciones del Documento Final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y justicia penal, celebrado en El Cairo en 1995, y la Conferencia Internacional sobre la lucha contra el terrorismo, celebrada en Riad, Arabia Saudita, en 2005;

119.6. Oponerse a las tentativas de equiparar con el terrorismo la lucha legítima de los pueblos bajo dominación colonial o foránea y ocupación extranjera por la libre determinación y la liberación nacional encaminadas a prolongar impunemente la ocupación y la opresión de pueblos inocentes;

119.7. Exhortar además a todos los Estados a apoyar, en principio, la convocación de una conferencia internacional bajo los auspicios de las Naciones Unidas para definir el terrorismo, diferenciarlo de la lucha por la liberación nacional y adoptar medidas exhaustivas y eficaces para la acción concertada. Asimismo, denunciaron el maltrato a los pueblos que permanecen bajo ocupación extranjera, como la forma más grave de terrorismo. Condenaron el uso del poder del Estado para reprimir y aplicar la violencia contra víctimas inocentes que luchan contra la ocupación extranjera en ejercicio de su derecho inalienable a la libre determinación. Pusieron de relieve la inviolabilidad de este derecho e instaron a que, en esta época de mayor libertad y democracia, se permita que los pueblos bajo dominación extranjera determinen libremente su destino. En este contexto, reafirmaron también su apoyo a la resolución 46/51 de la Asamblea General, de 27 de enero de 1992, así como a otras resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, y a la posición de principio del Movimiento en el sentido de que la lucha de los pueblos bajo dominación colonial o foránea y ocupación extranjera por su libre determinación no constituye terrorismo;

119.8. Al reafirmar la posición de principio del Movimiento con respecto a la lucha contra el terrorismo internacional y, a la luz de las iniciativas anteriores y las consideraciones aprobadas por el MNOAL y de su convicción de que la cooperación multilateral bajo los auspicios de las Naciones Unidas es el medio más eficaz para combatir el terrorismo internacional, los Jefes de Estado o de Gobierno reiteraron su solicitud de que se celebre una conferencia cumbre internacional bajo los auspicios de las Naciones Unidas para formular una respuesta organizada conjunta de la comunidad internacional al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, y para determinar sus causas fundamentales;

119.9. Reiterar, además, la necesidad de concertar una convención exhaustiva sobre la lucha contra el terrorismo internacional y, al respecto, tomar nota de los progresos alcanzados en el Comité Especial sobre terrorismo, creado en virtud de la resolución 51/210 referida a las negociaciones para la elaboración de una convención general sobre el terrorismo internacional, y exhortar a todos los Estados a cooperar en la solución de los asuntos pendientes;

119.10. Los Jefes de Estado o de Gobierno tomaron nota de la adopción de la Estrategia Global Contra el Terrorismo de las Naciones Unidas.

119.11. Apoyar la iniciativa presentada por Túnez con miras a la elaboración consensuada, en el marco de las Naciones Unidas, de un código internacional de conducta encaminado a fortalecer la coordinación y los esfuerzos multilaterales para prevenir el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, en cualquier parte que se cometa y quienquiera que lo cometa, de conformidad con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, en espera de la concertación de una convención general sobre el terrorismo internacional;

119.12. Celebrar reunión Ministerial del MNOAL sobre el tema del terrorismo a más tardar en el primer semestre de 2009;

119.13. Apoyar los esfuerzos nacionales, regionales e internacionales y las medidas para aplicar, según proceda, los instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes correspondientes, así como las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, incluidas la resolución 46/51 de la Asamblea General y la resolución 1373 del Consejo de Seguridad, así como acuerdos e instrumentos regionales relativos a la lucha contra el terrorismo; fortalecer la cooperación con todos los Estados a ese respecto, haciendo hincapié en que esa cooperación se debe desarrollar de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y los convenios internacionales pertinentes; y en este contexto, instar a todos los órganos pertinentes de las Naciones Unidas a promover los medios y procedimientos para apoyar y fortalecer esa cooperación;

119.14. Rechazar las acciones y medidas, el uso o la amenaza del uso de la fuerza, en particular por las fuerzas armadas, que violan la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, especialmente los convenios internacionales pertinentes, que cualquier Estado imponga o intente imponer contra cualquier país no alineado con el pretexto de combatir el terrorismo o para tratar de conseguir sus objetivos políticos, incluso catalogándolo directa o indirectamente de Estado que patrocina el terrorismo. Los Jefes de Estado o de Gobierno pidieron a los comités de sanciones del Consejo de Seguridad que perfeccionaran sus procedimientos para la inclusión y eliminación de nombres de las listas, de manera que se atienda a las preocupaciones sobre las garantías procesales y la transparencia. Además, rechazan rotundamente el uso del término “eje del mal” por cierto Estado para estigmatizar a otros Estados con el pretexto de la lucha contra el terrorismo, así como la confección unilateral de listas que acusan a los Estados de supuesto apoyo al terrorismo, que son incompatibles con el derecho internacional y constituyen una forma de terrorismo psicológico y político, y, en este contexto, pusieron de relieve la necesidad de practicar la solidaridad con los países no alineados que sean afectados por acciones y medidas de ese tipo; y

119.15. Proponer cambios cualitativos exhaustivos en las leyes y legislaciones nacionales de los Países No Alineados con el fin de tipificar como delito todos los actos de terrorismo, así como el apoyo, la financiación o la instigación de actos de ese tipo.

 

Democracia

120. Los Jefes de Estado o de Gobierno reiteraron que la democracia es un valor universal basado en la voluntad del pueblo, libremente expresada, de determinar su propio régimen político, económico, social y cultural, y en su plena participación en todos los aspectos de su vida. Reafirmaron que, si bien todas las democracias tienen características comunes, no hay un modelo único de democracia, y que ésta no es patrimonio de país o región alguna; reafirmaron además la necesidad de respetar debidamente la soberanía y el derecho a la libre determinación. Expresaron su convicción de que la cooperación internacional para promover la democracia partiendo del respeto de los principios refrendados en la Carta de las Naciones Unidas, así como de los principios de transparencia, imparcialidad, no selectividad y participación, puede contribuir a alcanzar el objetivo de consolidar la democracia a nivel nacional e internacional.

121. Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron que la democracia, el desarrollo y el respeto a todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son conceptos interdependientes que se refuerzan mutuamente. La comunidad internacional debe apoyar el fortalecimiento y la promoción de la democracia, el desarrollo y el respecto de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales en el mundo entero, de conformidad con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.

122. Los Jefes de Estado o de Gobierno recordaron el compromiso de los líderes de los Estados Miembros de las Naciones Unidas, como se reafirmó en la Cumbre Mundial de 2005, y destacaron el importante papel que desempeñan las Naciones Unidas en la promoción y el fortalecimiento de las prácticas democráticas en los Estados Miembros que han procurado obtener asistencia jurídica, técnica y financiera. Los Jefes de Estado o de Gobierno tomaron nota de la puesta en funcionamiento del Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia.

123. Los Jefes de Estado o de Gobierno acogieron con beneplácito la venidera Conferencia Internacional de las Democracias Nuevas o Restauradas, que se celebrará en Doha, Qatar, del 30 de octubre al 1ro. de noviembre de 2006,
e instaron a una participación activa en esta Conferencia.

124. Consecuentes con las posiciones de principio mencionadas y guiados por éstas, y afirmando la necesidad de promover, defender y preservar esas posiciones, los Jefes de Estado o de Gobierno acordaron adoptar, entre otras, las medidas siguientes:

124.1. Trabajar aunadamente para promover la democracia y lograr procesos políticos más abarcadores en que puedan participar realmente todos los ciudadanos de todos los países, incluidos los que procuran voluntariamente la asistencia de las Naciones Unidas;

124.2. Promover, sin dejar de reconocer la importancia de la promoción de la democracia a nivel nacional, la democratización del sistema de gobernanza internacional con vistas a incrementar la participación de los países en desarrollo en la adopción de decisiones a nivel internacional; y

124.3. Combatir y condenar todo intento de uso indebido o el uso indebido de la cooperación internacional por motivaciones políticas para promover la democracia, incluida la marginación o la exclusión de los Países No Alineados de participar plenamente y disfrutar de iguales oportunidades para integrar los organismos intergubernamentales del sistema de las Naciones Unidas.

 

Diálogo y cooperación Norte-Sur

125. Al reconocer la necesidad de una mayor interacción entre los líderes del mundo en desarrollo y del mundo desarrollado, los Jefes de Estado o de Gobierno acordaron adoptar, entre otras, las medidas siguientes:

125.1. Crear, ampliar y profundizar una relación y una cooperación más dinámicas con los países desarrollados e industrializados, en particular, con el Grupo de los Ocho, que estén profundamente arraigadas en el respeto mutuo, el beneficio mutuo, la responsabilidad compartida y diferenciada, el compromiso y el diálogo constructivos, la amplia asociación y una verdadera interdependencia, con miras a elaborar respuestas o iniciativas adicionales sobre temas mundiales y propiciar una mayor comprensión entre el Norte y el Sur;

125.2. Continuar celebrando Reuniones Ministeriales entre las Troikas del MNOAL y la Unión Europea con miras a facilitar un intercambio transparente y amplio sobre cuestiones de interés común que se abordarán en los períodos ordinarios de sesiones de la Asamblea General;

125.3. Garantizar que las opiniones de los países en desarrollo se tengan plenamente en cuenta antes de que los países desarrollados tomen decisiones sobre las cuestiones pertinentes que los afectan a ellos y a la comunidad internacional, que se podrían alcanzar, entre otras cosas, institucionalizando los contactos establecidos entre los más altos líderes de los países en desarrollo y desarrollados y, en este contexto, solicitar al Presidente del Movimiento que coordine con el Presidente del Grupo de los 77 y China para determinar medidas que pudieran contribuir al logro de este objetivo; y

125.4. Instar a las venideras Cumbres anuales del Grupo de los Ocho a tener en cuenta los intereses y las preocupaciones de los países en desarrollo, y solicitar a la Presidencia del Movimiento que traslade esos intereses y preocupaciones a los líderes del Grupo de los Ocho.

Función de las organizaciones regionales

126. Los Jefes de Estado o de Gobierno destacaron la importante función que pueden desempeñar los acuerdos y organismos regionales, integrados por países no alineados y otros países en desarrollo, en la promoción de la paz y la seguridad regionales, así como en el desarrollo económico y social mediante la cooperación entre los países de la región.

127. Los Jefes de Estado o de Gobierno solicitaron que se intensificara el proceso de consultas, cooperación y coordinación entre las Naciones Unidas y las organizaciones, los acuerdos o los organismos regionales y subregionales, de conformidad con el Capítulo VIII de la Carta de las Naciones Unidas, así como en relación con sus mandatos, alcance y composición, lo que es de utilidad y puede contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

128. Los Jefes de Estado o de Gobierno recordaron la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Nueva Asociación para el Desarrollo de África (NEPAD), y exhortaron a la comunidad internacional a reiterar el compromiso con NEPAD y otras iniciativas conexas para África, tomando nota a este respecto de los esfuerzos realizados por la Unión Africana y otras comunidades económicas regionales en el ámbito de la integración económica, así como los esfuerzos que está realizando la Unión Africana para que se apliquen las disposiciones contenidas en la resolución 59/213 de la Asamblea General, en la que se ponen de relieve ámbitos específicos que requieren el apoyo del sistema de las Naciones Unidas a la Unión Africana en las esferas social, económica, política, de la paz y la seguridad, y ponen de manifiesto su pleno compromiso de seguir propugnando constantemente la necesidad de proseguir el apoyo internacional indispensable para enfrentar las necesidades especiales de África, contenidas en la Declaración del Milenio y en el Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005.

 

 

CAPÍTULO II: CUESTIONES POLÍTICAS REGIONALES Y SUBREGIONALES

 

Oriente Medio: Proceso de paz

129. Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron su apoyo al proceso de paz en el Oriente Medio, sobre la base de las resoluciones 242, 338, 425, 1397 y 1515 del Consejo de Seguridad y del principio de territorio por paz. Rechazaron los intentos de modificar el mandato del proceso de paz y, rechazaron además, la imposición de medidas y planes unilaterales dirigidos a que Israel, la Potencia ocupante, imponga una solución unilateral ilegal. Hicieron hincapié en la necesidad de reanudar las negociaciones directas y serias entre las partes con miras a alcanzar un arreglo general, justo, duradero y pacífico, basado en las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y de acuerdo con las reglas y principios del derecho internacional que ellas refrendan. A este respecto, reiteraron la necesidad y la urgencia de poner fin a la prolongada e ilegal ocupación israelí de todos los territorios árabes ocupados desde 1967. Reafirmaron además su inveterada posición de apoyo a la creación del Estado palestino independiente en todo el Territorio Palestino ocupado por Israel en 1967, incluida Jerusalén oriental como su capital.

130. En consecuencia, los Jefes de Estado o de Gobierno solicitaron a la comunidad internacional que intensifique sus esfuerzos para reactivar el proceso de paz y garantizar el respeto del derecho internacional, incluidos el derecho internacional humanitario y el relativo a los derechos humanos. Hicieron hincapié en la necesidad urgente de reanudar el proceso de paz por todas las vías de negociación en el Oriente Medio con miras al logro de una paz general y de la estabilidad regional. Además, pusieron de relieve, en particular, las funciones y responsabilidades asumidas por el Cuarteto y lo exhortaron a emprender esfuerzos y acciones serios para lograr que se reanuden las negociaciones israelo-palestinas encaminadas a la aplicación, honesta y satisfactoria, de la Hoja de Ruta para lograr una solución biestatal permanente del conflicto israelo-palestino. Exhortaron al Cuarteto a acudir al Consejo de Seguridad, teniendo en cuenta su autoridad y responsabilidad, conforme a la Carta de las Naciones Unidas, respecto del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Reafirmaron su apoyo a la Iniciativa de Paz Árabe aprobada en la XIV Cumbre Árabe, celebrada en Beirut en 2002, acogieron con beneplácito la decisión de la reciente Cumbre Árabe, celebrada en Jartum, de revitalizar la Iniciativa de Paz Árabe y, además, exhortaron a intensificar los esfuerzos para alcanzar esa meta. Instaron al Consejo de Seguridad a actuar también sobre la base de esta iniciativa, y en virtud de sus propias resoluciones, para alcanzar una paz justa y general en el Oriente Medio, en particular a la luz de las urgentes circunstancias y los peligrosos acontecimientos que tienen lugar actualmente en la región.

 

Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén oriental

131. Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron su adhesión a las posiciones en cuanto a Palestina, aprobadas en la XIV Conferencia Ministerial del MNOAL, celebrada en Durban en agosto de 2004, así como en la Reunión Ministerial del MNOAL celebrada en Putrajaya en mayo de 2006, como guía para los Países No Alineados en lo que respecta a la cuestión de Palestina, y reafirmaron, además, su adhesión a las posiciones establecidas en la Declaración sobre Palestina, aprobada en la XIII Cumbre del MNOAL, celebrada en Kuala Lumpur en febrero de 2003.

132. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su profundo pesar por la falta de progreso en el tratamiento de los temas principales y el seguimiento de las posiciones medulares en cuanto a la cuestión de Palestina, y manifestaron además su profunda preocupación por los recientes acontecimientos peligrosos y el grave deterioro de la situación. Asimismo expresaron, en particular, su profunda preocupación por la situación política, económica, social y humanitaria sumamente difícil en que se encuentra el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén oriental, como consecuencia de las continuas políticas y prácticas ilegales de Israel, la Potencia ocupante. Condenaron la continua y creciente campaña militar de Israel contra el pueblo palestino, mediante la cual, la Potencia ocupante ha seguido perpetrando graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de guerra, que han sido notificados, incluidos el asesinato y las lesiones causadas a civiles palestinos por el uso excesivo e indiscriminado de la fuerza, así como la práctica incesante de ejecuciones extrajudiciales, la vasta destrucción de propiedades, infraestructura y de tierras agrícolas y el arresto y el encarcelamiento de miles de palestinos, incluidos mujeres y niños. Demandaron que Israel, la Potencia ocupante, ponga fin de inmediato a esas violaciones del derecho internacional, incluidos el derecho internacional humanitario y el relativo a los derechos humanos.

133. Los Jefes de Estado o de Gobierno condenaron la continua imposición por parte de Israel del castigo colectivo contra el pueblo palestino, incluidas, en particular, las duras restricciones al movimiento de personas y bienes por medio de cierres y cientos de puestos de control, algunos de los cuales se han convertido en estructuras parecidas a los cruces fronterizos internacionales permanentes, incluso en Qalandiya y Belén, en medio del Territorio Palestino Ocupado, lejos de la frontera (la Línea Verde) de 1967. Recalcaron que tales prácticas ilegales de Israel, de hecho, están estrangulando la economía y la sociedad palestinas, están separando físicamente las partes norte, central y sur del Territorio Palestino Ocupado y convirtiéndolas en zonas desarticuladas y aisladas, y están socavando su integridad y contigüidad territoriales. En este contexto, reiteraron su gran preocupación y enérgica condena por la sostenida e intensa campaña israelí de colonialismo de asentamientos, incluidas la confiscación de vastas extensiones de tierra y la construcción y expansión de asentamientos ilegales, y condenaron las intenciones de Israel de proceder a aplicar el peligroso e ilegal Plan E-1 dentro y alrededor de la Jerusalén oriental ocupada, así como sus anunciados planes de anexión ilegal del Valle del Jordán. Además, pusieron de relieve los peligros que plantean las continuas medidas unilaterales del Gobierno israelí en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén oriental, y expresaron su rechazo a las intenciones manifiestas de ese Gobierno de seguir ejecutando planes unilaterales ilegales en la Ribera Occidental. Reafirmaron que esos planes son ilegales, inaceptables y no pueden cambiar el mandato del proceso de paz ni negar los derechos inalienables del pueblo de Palestina.

134. En este sentido, los Jefes de Estado o de Gobierno también reiteraron su condena a Israel por persistir en la construcción del Muro a través del Territorio Palestino Ocupado, incluso dentro y alrededor de Jerusalén oriental, en violación manifiesta del derecho internacional y haciendo caso omiso de la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia, de 9 de julio de 2004, y de la resolución ES-10/15 de la Asamblea General, de 20 de julio de 2004. Expresaron su profunda preocupación por la devastación física, económica y social que causa el Muro, que desmiembra el territorio en varios cantones amurallados y aislados y separa la Jerusalén oriental ocupada del resto del Territorio Palestino Ocupado. A este respecto, reiteraron además que el Muro, una vez terminado, junto con la campaña de asentamientos ilegales de Israel y la fortificación de sus puestos de control ilegales, impedirá hacer realidad la solución biestatal. Por tanto, hicieron hincapié en la urgencia y la obligación de que Israel, -la Potencia ocupante-, los Estados Miembros y las Naciones Unidas respeten y acaten la Opinión Consultiva y la resolución ES-10/15. Expresaron, además, su decepción por la falta de progresos por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas en la creación del registro de los daños y perjuicios ocasionados por el Muro, como se pide en la resolución ES-10/15, y pidieron al Secretario General que hiciera todos los esfuerzos necesarios a fin de acelerar el trámite de este asunto.

135. Los Jefes de Estado o de Gobierno, al tomar nota de la retirada de las fuerzas de ocupación israelíes de Gaza -y del desmantelamiento de los asentamientos allí- y de partes de la región septentrional de la Ribera Occidental a finales de 2005, expresaron su alarma y profunda preocupación por el agravamiento de la crisis económica, social y humanitaria en la Franja de Gaza. Condenaron enérgicamente la continua y creciente agresión militar de Israel contra la población civil palestina en la Franja de Gaza, que ha ocasionado el asesinato y las lesiones de cientos de civiles, incluidos mujeres y niños, y la destrucción deliberada y arbitraria de los bienes y de la infraestructura vital de Palestina, y condenaron también la incesante imposición por Israel de políticas ilegales y del castigo colectivo contra el pueblo palestino, que acarrea una mayor privación económica y social en Gaza. Recalcaron que tales acciones ilegales de la Potencia ocupante constituyen graves violaciones del derecho internacional, por ejemplo, los crímenes de guerra notificados, por los cuales sus autores deben responder y comparecer ante la justicia. Los Jefes de Estado o de Gobierno demandaron el cese inmediato de la agresión militar y el castigo colectivo por parte de Israel contra el pueblo palestino y pidieron el estricto cumplimiento por Israel de todas las obligaciones jurídicas contraídas en virtud del derecho internacional, incluido el Cuarto Convenio de Ginebra. Asimismo, exigieron la retirada de las fuerzas de ocupación israelíes de la Franja de Gaza, que Israel cumpla su responsabilidad de reparar todos los daños y perjuicios ocasionados a la infraestructura de la Franja de Gaza, y la liberación inmediata de todos los funcionarios palestinos electos arrestados por Israel, la Potencia ocupante, desde el 28 de junio de 2006.

136. Los Jefes de Estado o de Gobierno solicitaron que el Cuarteto y toda la comunidad internacional, en particular el Consejo de Seguridad, intensifiquen con urgencia los esfuerzos, para hacer frente a la actual crisis política y humanitaria, a fin de reanimar el proceso de paz y reanudar las negociaciones entre ambas partes así como procurar que se aplique de manera total y honesta la Hoja de Ruta con miras a poner fin a la ocupación del Territorio Palestino que fuera ocupado en 1967, incluida Jerusalén oriental, y poner en práctica, de esa manera, la solución biestatal. Instaron al Cuarteto a acudir al Consejo de Seguridad, teniendo en cuenta su autoridad y responsabilidad, conforme a la Carta de las Naciones Unidas, respecto del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. También pusieron de relieve la importancia de las decisiones de la reciente Cumbre Árabe, celebrada en Jartum, en especial la exhortación a reactivar la Iniciativa de Paz Árabe, adoptada en Beirut en 2002.

137. Los Jefes de Estado o de Gobierno reiteraron su profunda preocupación por la intensificación de las penurias del pueblo palestino a partir de las elecciones al Consejo Legislativo Palestino de 25 de enero de 2006, así como por el creciente aislamiento financiero y político impuesto a la Autoridad Palestina por algunos miembros de la comunidad internacional a raíz de las elecciones. Exhortaron a Israel, la Potencia ocupante, a abstenerse de retener las transferencias por ingresos fiscales, adeudadas a la Autoridad Palestina, lo que está exacerbando la crisis financiera de la Autoridad. Rechazaron el castigo aplicado al pueblo palestino por la elección democrática de sus representantes, y, por otro lado, reafirmaron la necesidad de apoyar en toda circunstancia el derecho internacional, el derecho humanitario internacional, incluido en particular, el Cuarto Convenio de Ginebra, y los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas con respecto a la cuestión de Palestina. Reafirmaron además la responsabilidad permanente de las Naciones Unidas, en especial la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, en cuanto a la cuestión de Palestina mientras no se haya resuelto en todos sus aspectos basándose en el derecho internacional, incluida una solución justa a la difícil situación de los refugiados, de conformidad con la resolución 194 de la Asamblea General. Exhortaron a las Naciones Unidas a no recompensar posturas ilegales ni intransigencia y a aumentar sus esfuerzos con miras a alcanzar un arreglo de paz biestatal justo, general y duradero, y a realizar los derechos inalienables del pueblo palestino. Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron además su compromiso con una solución pacífica del conflicto israelo-palestino y con el derecho del pueblo palestino a ejercer la libre determinación y la soberanía en su Estado independiente de Palestina sobre la base de las fronteras de 1967, con Jerusalén oriental como su capital.

138. Los Jefes de Estado o Gobierno expresaron su total apoyo a la decisión de Costa Rica y El Salvador de trasladar sus misiones diplomáticas de Jerusalén a Tel Aviv. Afirmaron todas las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General relativas a Jerusalén, que confirman que ésta es parte integrante del Territorio Palestino Ocupado y demandaron su aplicación, en especial las resoluciones 252 (1968), 465 (1980), 478 (1980), 1073 (1996) del Consejo de Seguridad y la resolución 223/51 de la Asamblea General, y consideraron que las medidas israelíes encaminadas a alterar el carácter y condición jurídica, geográfica y demográfica de Jerusalén, así como otras medidas, contrarias a esas resoluciones, son nulas y sin validez.

139. Consecuentes con las posiciones de principio mencionadas anteriormente y guiados por éstas, y afirmando la necesidad de defender, preservar y promover esas posiciones, los Jefes de Estado o de Gobierno acordaron adoptar las medidas siguientes:

139.1 Continuar celebrando reuniones a nivel ministerial del Comité sobre Palestina del MNOAL en el marco de las Reuniones Ministeriales del Buró de Coordinación que tienen lugar al inicio de los periodos ordinarios de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como en cualesquiera otras Reuniones Ministeriales del Movimiento, siempre que sea necesario y de conformidad con los acontecimientos relacionados con esta cuestión.

139.2. Sostener contactos y diálogos periódicos a nivel ministerial entre la Delegación Ministerial sobre Palestina del MNOAL y los miembros del Cuarteto, así como con el resto de los Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con miras a mejorar el papel que ha desempeñado el MNOAL en los esfuerzos internacionales dirigidos al logro de la solución de la Cuestión de Palestina y de una paz duradera en toda la región.

139.3. Convocar un foro paralelo de la sociedad civil en 2007, preferentemente en los locales de las Naciones Unidas, con vistas a movilizar a la opinión pública internacional con respecto a esta cuestión y así contribuir de manera sustancial al logro de una paz justa, duradera y general en el Oriente Medio.

 

El Golán sirio ocupado

140. Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron que son nulas, sin validez ni efecto jurídico, todas las medidas y acciones que Israel, la Potencia ocupante, haya emprendido o podría emprender, como la decisión ilegal, de 14 de diciembre de 1981, que pretende modificar la condición jurídica, física y demográfica del Golán sirio ocupado, y su estructura institucional, así como las medidas israelíes para aplicar su jurisdicción y administración en esta zona. Reafirmaron también que todas estas medidas y acciones, incluida la ilegalidad de las actividades de construcción y expansión de asentamientos israelíes en el Golán sirio ocupado desde 1967, constituyen una abierta violación del derecho internacional, los convenios internacionales, la Carta y las decisiones de las Naciones Unidas, en particular la resolución 497 (1981) del Consejo de Seguridad, el Cuarto Convenio de Ginebra, relativo a la Protección de Personas Civiles en Tiempo de Guerra, de 12 de agosto de 1949, y un desafío a la voluntad de la comunidad internacional. Reiteraron la demanda del Movimiento de que Israel cumpla lo dispuesto en la resolución 497 (1981) del Consejo de Seguridad y se retire completamente del Golán sirio ocupado a las fronteras del 4 de junio de 1967, en cumplimiento de las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad, y que Israel se adhiera al mandato de Madrid, basado en el principio de territorio por paz, que se considera en su totalidad como un elemento primario y fundamental en el proceso de negociación al que habrá que adherirse, incluido el inmediato inicio de la demarcación de las fronteras del 4 de junio de 1967.

141. Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron el apoyo incondicional del Movimiento y su solidaridad con la justa demanda y los derechos de Siria de reinstaurar la plena soberanía de Siria en el Golán sirio ocupado, basándose en el mandato de la Iniciativa de Paz Árabe, el Proceso de Paz de Madrid, las resoluciones del Consejo de Seguridad y el principio de territorio por paz. Exigieron nuevamente que Israel respete todos los compromisos y las promesas que ha contraído, con miras a sentar las bases para lograr progresos sustantivos en la vía de negociación sirio-israelí.

Territorios que permanecen ocupados en el sur del Líbano y la reciente agresión israelí contra el Líbano
142. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su enérgica condena a la despiadada agresión israelí contra el Líbano y las graves violaciones de la integridad territorial y la soberanía libanesas por parte de Israel y, en este sentido, atribuyeron a Israel plena responsabilidad por las consecuencias de su agresión.

143. Los Jefes de Estado o de Gobierno manifestaron su solidaridad y apoyo al Gobierno y el pueblo del Líbano, aclamaron su heroica resistencia a la agresión israelí, y pusieron de relieve la importancia primordial de la unidad y estabilidad nacional de ese país.

144. Haciendo hincapié en los principios del derecho internacional humanitario, los Jefes de Estado o de Gobierno condenaron la agresión a objetivos civiles dondequiera que ésta ocurra.
145. Los Jefes de Estado o de Gobierno condenaron enérgicamente, en particular, los indiscriminados y generalizados ataques aéreos y bombardeos perpetrados por Israel contra los civiles, la infraestructura civil y los bienes privados de ciudades y pueblos libaneses, lo que constituye una grave violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, del derecho internacional y el derecho internacional humanitario, así como una patente y manifiesta violación de los derechos humanos.

146. Los Jefes de Estado o de Gobierno manifestaron su firme convicción de que no debe haber impunidad alguna para las violaciones del derecho internacional y el derecho internacional humanitario y los derechos humanos, y que Israel debe ser declarado responsable de los crímenes en gran escala aparentemente cometidos por ese país. Además, Israel debe entregar a las Naciones Unidas, sin más dilación, todos los mapas y la información sobre la ubicación exacta de las minas terrestres y las municiones en racimo que colocó en el Líbano, por cuanto esas minas y municiones en racimo ocasionan numerosas muertes y terror entre la población civil y el Ejército libanés, recientemente desplegado al sur del río Litani.

147. Los Jefes de Estado o de Gobierno pidieron la estricta aplicación de la
resolución 1701 (2006) del Consejo de Seguridad y, a ese respecto, exigieron la inmediata y total cesación del fuego, el levantamiento total del bloqueo aéreo, marítimo y terrestre impuesto por Israel contra los territorios del Líbano, la completa retirada de las tropas israelíes del Líbano, respetando plenamente la Línea Azul y la soberanía del Líbano en tierra, mar y aire, y el compromiso de liberar a los detenidos y prisioneros libaneses e israelíes por intermedio del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

148. Los Jefes de Estado o de Gobierno acogieron con beneplácito el despliegue de las Fuerzas Armadas del Líbano en la región al sur del río Litani, de suerte que no haya otra arma o autoridad que no sea la del Estado libanés, como se estipula en el Documento de Reconciliación Nacional de Taef, exhortaron a los Estados a acelerar su contribución al Líbano, como se solicita en la resolución 1701 (2006) del Consejo de Seguridad, y expresaron su gratitud a los Estados que han declarado su intención de contribuir.

149. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su pleno apoyo al Plan de Siete Puntos presentado por el Gobierno libanés, y recalcaron la importancia del aporte de las Naciones Unidas a la solución de la cuestión relativa a las Granjas de Sheba, de conformidad con la propuesta mencionada en el citado Plan y con la resolución 1701 (2006) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y pidieron a todas las partes pertinentes que cooperaran con las Naciones Unidas en el logro de una solución de esa cuestión, que proteja los derechos soberanos del Líbano en esa zona.

150. Los Jefes de Estado o de Gobierno solicitaron una contribución generosa a los actuales esfuerzos de socorro humanitario, e instaron a la comunidad internacional a apoyar al Líbano a todos los niveles, incluso organizando una Conferencia de Donantes que ayude al Líbano a enfrentar la onerosa carga que acarrea la tragedia humana, social y económica, así como a fortalecer la economía nacional libanesa.

151. Los Jefes de Estado o de Gobierno declararon a Israel responsable de las pérdidas de vidas y del sufrimiento así como de la destrucción de los bienes y la infraestructura en el Líbano, y demandaron a Israel que indemnizara a la República del Líbano y a su pueblo por las pérdidas sufridas como resultado de la agresión israelí.

152. Los Jefes de Estado o de Gobierno, teniendo en cuenta el fracaso de otros medios, insistieron en la necesidad de solucionar el conflicto árabe-israelí, sobre la base de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y por conducto del Consejo de Seguridad, en una iniciativa excepcional que conduzca al establecimiento de una paz justa, permanente y general en el Oriente Medio, como solicitó la Liga Árabe.

 

África

Angola

153. Los Jefes de Estado o de Gobierno tomaron nota con satisfacción del progreso alcanzado en la consolidación del proceso de paz en Angola, particularmente en el fortalecimiento de las instituciones democráticas y del orden público, que son de importancia vital para la ampliación de la unidad nacional, así como para el fomento de la estabilidad política, económica y social del país.

154. Los Jefes de Estado o de Gobierno instaron a la comunidad internacional, especialmente a las instituciones financieras internacionales, a seguir apoyando al Gobierno de Angola en sus esfuerzos por alcanzar la estabilidad macroeconómica. Asimismo reiteraron la necesidad de seguir aplicando medidas a nivel internacional para potenciar el crecimiento y el desarrollo económico del país.

Archipiélago de Chagos

155. Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron que el archipiélago de Chagos, incluido Diego García, es parte integrante del territorio soberano de la República de Mauricio. A este respecto, exhortaron nuevamente a la antigua potencia colonial a procurar rápidamente un diálogo constructivo con Mauricio con vistas a posibilitar que Mauricio ejerza su soberanía sobre el archipiélago de Chagos.

Jamahiriya Árabe Libia

156. Los Jefes de Estado o de Gobierno recordaron las posiciones anteriores del Movimiento y reiteraron su profundo pesar por la condena del ciudadano libio, Abdulbasit El-Magrahi, y exigieron su inmediata liberación, en vista de que su condena obedecía a motivos políticos, carecía de todo fundamento jurídico válido, como lo confirmaron los observadores de las Naciones Unidas y un gran número de expertos jurídicos internacionales. En este contexto, exhortaron a la comunidad internacional y a las organizaciones defensoras de derechos humanos a ejercer presión sobre los gobiernos pertinentes a fin de garantizar su liberación.

157. Los Jefes de Estado o de Gobierno acogieron con beneplácito el levantamiento de las sanciones unilaterales impuestas a Libia, y reconocieron el derecho de ese país a recibir una indemnización por los daños y perjuicios causados como consecuencia de esas sanciones.

Somalia

158. Los Jefes de Estado o de Gobierno encomiaron las gestiones de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) con miras a la reconciliación de Somalia, reunida en Nairobi, Kenya, que se tradujeron en la creación de Instituciones Federales de Transición, y el papel de la comunidad internacional para facilitar la reubicación del Gobierno en territorio de Somalia, así como las gestiones del Presidente y del Primer Ministro del Gobierno Federal de Transición de Somalia y del Presidente del Parlamento Federal de Transición de Somalia, encaminadas a la reconciliación y el diálogo, en particular, la firma de la Declaración de Adén, que culminó en la celebración de la Primera Sesión del Parlamento Federal de Transición en territorio de Somalia. Destacaron que la situación en Somalia y el objetivo de estabilidad a largo plazo se pueden abordar de manera más eficaz si la comunidad internacional y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en particular, desempeñan su papel, incluido el proceso de reconstrucción de las instituciones nacionales de Somalia. Instaron a la comunidad internacional a prestar asistencia a fin de atender a las necesidades de financiación del Gobierno Federal de Transición de Somalia para los programas de desarme, desmovilización y rehabilitación, la reconstrucción y el desarrollo, así como el fomento de la capacidad institucional. Consideraron que la intensa sequía, que ha diezmado considerablemente el ganado y acarreado una hambruna generalizada en Somalia, es motivo de grave preocupación.

159. Los Jefes de Estado o de Gobierno acogieron la Declaración Presidencial del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 15 de marzo de 2006, que acogió con beneplácito la decisión de la Cumbre de la Unión Africana (UA) sobre Somalia, de 25 de enero de 2006, incluido el despliegue de una Misión de Apoyo de la IGAD, (IGASOM) seguido de una Misión de Apoyo a la Paz de la UA. Acogieron con beneplácito, además, la reunión consultiva de la IGAD y la comunidad internacional, celebrada en Nairobi, Kenya, el 18 de abril de 2006, en la que se abordó el Plan de Estabilización y Seguridad Nacional en Somalia, tal como lo había solicitado el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Instaron al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a conceder al Gobierno de Somalia una exención del embargo de armas impuesto en virtud de la resolución 733 (1992) del Consejo de Seguridad, habida cuenta de que para el Gobierno de Somalia es importante crear fuerzas nacionales de seguridad eficaces. Condenaron enérgicamente los recientes combates en Mogadishu, en los que muchos civiles resultaron muertos, e hicieron hincapié en que ninguna medida de violencia puede aliviar la difícil situación que atraviesa el pueblo somalí, ni proporcionar estabilidad, paz o seguridad a su país; y exigieron que se ponga fin de inmediato a todos los actos de violencia en Somalia. No se debe permitir que actos de violencia deliberados socaven el compromiso del Gobierno somalí de restablecer el imperio de la ley en todo el país.

El Sudán

160. Los Jefes de Estado o de Gobierno encomiaron a la Unión Africana (UA), la IGAD y los Amigos de la IGAD por su función y sus esfuerzos indispensables, que han culminado en el logro de un Acuerdo General de Paz en enero de 2005 en el Sudán, poniendo fin, por consiguiente, a una de las guerras más prolongadas que han tenido lugar en el continente africano, y contribuyendo así a la paz en la región. Acogieron con satisfacción la firma, el 5 de mayo de 2006, del Acuerdo de Paz de Darfur en Abuja, Nigeria, como paso de avance histórico hacia una paz duradera en Darfur, y, encomiaron además el papel rector y los esfuerzos de la UA para mantener la paz y la estabilidad en la región de Darfur. Por tanto, expresaron la determinación del Movimiento de apoyar al Sudán, así como a la UA y la IGAD en su empeño de mantener y fortalecer la paz en ese país, e instaron a la comunidad internacional a proceder de igual manera.

161. Los Jefes de Estado o de Gobierno reiteraron su compromiso con la soberanía, la unidad, la independencia y la integridad territorial del Sudán.

La región de los Grandes Lagos

162. Los Jefes de Estado o de Gobierno acogieron con beneplácito los esfuerzos realizados por los países de la región de los Grandes Lagos de África con la finalidad de crear una estructura para alcanzar el desarrollo sostenible, la paz duradera y la estabilidad en la región. Asimismo, acogieron con beneplácito la aprobación en el año 2004 de la Declaración de Dar es Salaam sobre la Paz, la Seguridad, la Democracia y el Desarrollo. Reiteraron la importancia de seguir contando con el apoyo de las Naciones Unidas y la comunidad internacional encaminado a convocar la II Cumbre de la Conferencia de los Grandes Lagos en Nairobi, Kenya.

A este respecto, los Jefes de Estado o de Gobierno tomaron nota con satisfacción del desarrollo positivo alcanzado por Burundi y la República Democrática del Congo y subrayaron el apoyo del Movimiento para completar el proceso electoral en la RDC.

Sáhara Occidental

163. Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron las posiciones sostenidas anteriormente por el Movimiento de Países No Alineados acerca de la cuestión del Sáhara Occidental.

164. Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron todas las resoluciones aprobadas por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad sobre el Sáhara Occidental. Reafirmaron la resolución 60/114 del Consejo de Seguridad, aprobada sin votación, y reiteraron que, en consonancia con esta resolución, continúan apoyando enérgicamente los esfuerzos del Secretario General y su Enviado Personal para llegar a una solución política mutualmente aceptable que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental en el contexto de acuerdos compatibles con los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y la resolución 1514 (XV) de la AG, de 14 de diciembre de 1960, y les felicitaron por sus extraordinarios esfuerzos.

165. Los Jefes de Estado o de Gobierno instaron a las partes y a los Estados de la región a cooperar plenamente con el Secretario General y su Enviado Personal y reiteraron la responsabilidad de las Naciones Unidas respecto del pueblo del Sáhara Occidental.

 

Asia

Afganistán

166. Los Jefes de Estado o de Gobierno reiteraron su compromiso con la soberanía, la independencia, la integridad territorial y la unidad nacional del Afganistán. Reconocieron que los desafíos que enfrenta la República Islámica del Afganistán y su pueblo son enormes. Al reconocer la interrelación existente entre los desafíos que enfrenta el Afganistán, tomaron nota de que el progreso sostenible en materia de desarrollo, seguridad y gobernanza se consolida mediante la influencia recíproca de estos aspectos. Reconocieron, además, que el establecimiento de la paz y la seguridad era esencial para que las actividades de reconstrucción, rehabilitación y ayuda humanitaria tuvieran éxito en ese país.

167. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su profunda preocupación porque los grupos terroristas, incluidos los antiguos cuadros talibanes, se estaban reagrupando en las partes meridional y oriental de Afganistán. Asimismo causó preocupación el hecho de que los esfuerzos de la comunidad internacional por combatir el terrorismo estaban siendo socavados por el apoyo, la protección y el refugio que estas fuerzas de la desestabilización continúan recibiendo.

168. En vista de esas circunstancias, acogieron con beneplácito la celebración de elecciones parlamentarias y a los consejos provinciales el 18 de septiembre de 2005 y la subsiguiente formación de un gobierno representativo, lo que llevó a término el Acuerdo de Bonn, de 5 de diciembre de 2005.

169. Los Jefes de Estado o de Gobierno también recordaron la importancia de la Declaración de Kabul sobre las relaciones de buena vecindad, de 22 de diciembre de 2002, en la que se reafirmó el compromiso de establecer relaciones bilaterales constructivas y de apoyo, basadas en los principios de integridad territorial, respeto mutuo, relaciones amistosas, cooperación y no injerencia en los asuntos internos de los demás, y tomaron nota de que la cooperación regional constituía un medio eficaz para fomentar la seguridad y el desarrollo en el Afganistán.

170. Por consiguiente, los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron la determinación del Movimiento de:

170.1. Apoyar a la República Islámica del Afganistán y a sus dirigentes en la defensa y la preservación de su soberanía, independencia, integridad territorial y unidad nacional, incluso eliminando las amenazas a la paz y la seguridad de dicho país;

170.2. Contribuir a las actividades de reconstrucción, rehabilitación y socorro humanitario en el Afganistán, teniendo presentes las medidas concretas ya adoptadas por los Países No Alineados al respecto; y

170.3. Apoyar los esfuerzos de la comunidad internacional de donantes, incluidos los Países No Alineados, encaminados a garantizar la ejecución exitosa de la Estrategia Provisional de Desarrollo Nacional del Afganistán (iANDS) y del Pacto para el Afganistán, aprobados en Londres los días
31 de enero y 1º de febrero de 2006.

Iraq y Kuwait

171. Los Jefes de Estado o de Gobierno condenaron enérgicamente la grave violación de los derechos humanos y el asesinato de nacionales de Iraq, Kuwait y de otros terceros países por el antiguo régimen iraquí, haciendo caso omiso de las disposiciones del derecho internacional y del derecho internacional humanitario. Solicitaron que se adoptaran medidas o se emprendieran acciones para presentar ante la justicia a los miembros del antiguo régimen iraquí que son responsables de la comisión de delitos de esa índole.

Iraq

172. Los Jefes de Estado o de Gobierno acogieron con agrado el progreso logrado en la aplicación de los acuerdos del proceso político iraquí de conformidad con la cronología estipulada en la resolución 1546 (2004) del Consejo de Seguridad, en particular, el referendo sobre la Constitución, del 15 de octubre de 2005, y las elecciones legislativas del 15 de diciembre de 2005, que condujeron a la elección del nuevo Parlamento para los próximos cuatro años. También acogieron con beneplcito al Presidente electo del Iraq, al Primer Ministro y al Presidente de la nueva Asamblea Nacional del país y expresaron su apoyo al nuevo Gobierno iraquí en su empeño por lograr la seguridad, la estabilidad y la prosperidad del pueblo iraquí y mantener la independencia, la soberanía y la integridad territorial.

173. Los Jefes de Estado o de Gobierno condenaron todos los actos de terrorismo perpetrados en el Iraq y reconocieron que esos actos, apoyados por la delincuencia organizada, están dirigidos contra la infraestructura, el sector de los servicios y todos los demás aspectos de la vida en el Iraq, y que las víctimas de estos delitos suelen ser civiles y personas inocentes de ese país. Deploraron los actos de terrorismo en todas sus formas, encaminados a la sedición sectaria, y exhortaron a la comunidad internacional y a todos los Estados, especialmente los de la región, a brindar toda la asistencia posible al Gobierno iraquí en su empeño por derrotar al terrorismo y eliminarlo.

174. Los Jefes de Estado o de Gobierno subrayaron que la Comisión de las Naciones Unidas de Vigilancia, Verificación e Inspección (UNMOVIC) terminó sus labores de desarme de armas de destrucción en masa en posesión del anterior régimen iraquí. Además subrayaron que el Iraq entra ahora en una nueva era, en circunstancias que exigen al Gobierno hacer uso de todos sus recursos para la reconstrucción del Iraq y el bienestar de su pueblo. También recalcaron que ha llegado el momento de pasar revista al mandato de la UNMOVIC, de conformidad con las resoluciones 1546 (2004) y 1483 (2003) del Consejo de Seguridad, y cerrar definitivamente este capítulo, como recomendó el Secretario General de las Naciones Unidas.

175. Los Jefes de Estado o de Gobierno exhortaron a todos los Estados a cooperar y coordinar sus esfuerzos para combatir el comercio ilícito y el tráfico de antigüedades iraquíes y devolver a los museos iraquíes las obras de arte recuperadas.

176. Los Jefes de Estado o de Gobierno confirmaron su apoyo a la reconstrucción del Iraq y saludaron los esfuerzos del Gobierno iraquí en el proceso de reconstrucción. Exhortaron a todos los Estados y organizaciones internacionales a prestar todo tipo de apoyo y ayuda para satisfacer las necesidades del Iraq y facilitar las contribuciones y actividades destinadas a reanimar sus entidades orgánicas, instituciones económicas y la infraestructura. Por consiguiente, acogieron con satisfacción el compromiso del Club de París de reducir sustancialmente las deudas soberanas del Iraq, e instaron a otros acreedores a seguir el ejemplo.

177. Los Jefes de Estado o de Gobierno afirmaron e hicieron valer su determinación de respetar la soberanía de Iraq, y condenar toda interferencia externa en los asuntos internos de ese país con independencia de la excusa o el pretexto que se esgrima.

178. Los Jefes de Estado o de Gobierno recalcaron la necesidad de prestar pleno apoyo al plan de reconciliación nacional del Excelentísimo Sr. Nouri Al Maliki, Primer Ministro del Iraq, dirigido a fortalecer la unidad nacional, establecer la seguridad con miras a poner fin a la violencia reinante y garantizar la activa contribución y participación de los diferentes grupos en este proceso, dentro del marco del mencionado plan. En este contexto, subrayaron la importancia de que los líderes religiosos del Iraq celebraran una reunión encaminada a alcanzar consenso para fortalecer la unidad nacional iraquí, apoyaron las iniciativas presentadas por Su Majestad el Rey Abdullah de Jordania y acogieron con satisfacción la iniciativa de la Liga Árabe, del Secretario General de la OCI y del Gobierno de la República Islámica del Irán a este respecto.

179. Los Jefes de Estado o de Gobierno hicieron hincapié en la importancia de alcanzar la reconstrucción y el desarrollo económico del Iraq y exhortaron a los Estados Miembros a reabrir las Embajadas en Baghdad y ampliar la presencia diplomática en el Iraq.

 

Península de Corea

180. Reconociendo la importancia de garantizar una paz y seguridad duraderas en la península de Corea en beneficio de la prosperidad común del pueblo coreano, así como la paz y la seguridad del nordeste de Asia y del resto del mundo, los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su apoyo a los esfuerzos de reunificación de la península de Corea mediante las legítimas aspiraciones y los esfuerzos concertados de su propio pueblo, como se indica en la Declaración Conjunta Norte-Sur, emitida en las históricas conversaciones de la Cumbre Norte-Sur, celebradas en Pyongyang el 15 de junio de 2000.

181. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su deseo de que se hiciera efectiva la desnuclearización de la península de Corea y se siguiera apoyando la reanudación lo más pronto posible de las Conversaciones entre las seis partes, haciendo hincapié en el papel vital de estas últimas en el logro de una solución pacífica negociada de la cuestión nuclear. A este respecto, expresaron además su apoyo a la Declaración Conjunta de Principios sobre la desnuclearización de la península de Corea, de 19 de septiembre de 2005, y a su aplicación expedita y fiel.

 

Asia Sudoriental

182. Los Jefes de Estado o de Gobierno reiteraron el llamamiento a resolver todas las controversias territoriales y de soberanía en el Mar de China Meridional por medios pacíficos, sin recurrir a la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza o a ambas, e instaron a todas las partes a ejercer la moderación con miras a crear un clima positivo para la ulterior solución de todos los asuntos contenciosos. En este contexto, reafirmaron su apoyo a los principios contenidos en la Declaración de ASEAN sobre el Mar de China Meridional, de 1992, así como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 1982, y recalcaron la necesidad de que todos los interesados procedieran a la plena aplicación de esos principios. Asimismo, expresaron la esperanza de que todas las partes interesadas se abstuvieran de realizar acciones que podrían socavar la paz, la estabilidad, la credibilidad y la confianza en la región. Reafirmaron además su respeto por la libertad de navegación marítima y aérea en el Mar de China Meridional y su compromiso con ésta de conformidad con los principios universalmente reconocidos del derecho internacional. Con este fin acogieron con agrado los esfuerzos de la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia (ASEAN) y China para dar cumplimiento de manera eficaz a la Declaración sobre la conducta de las partes en el Mar de China Meridional, como paso importante para elaborar un Código de Conducta en el Mar de China Meridional, lo que ayudaría a crear un entorno propicio al mantenimiento de la paz internacional y la estabilidad en la región. Acogieron con beneplácito, además, la contribución positiva de las consultas bilaterales y multilaterales intergubernamentales en curso entre las partes interesadas, las extensas consultas en el Diálogo ASEAN-China, el intercambio periódico de opiniones en el Foro Regional de ASEAN y los talleres oficiosos sobre la gestión de posibles conflictos en el Mar de China Meridional y alentaron a continuarlos.

 

República Árabe Siria

183. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su profunda preocupación por la imposición de sanciones unilaterales contra la República Árabe Siria por parte del Gobierno de los Estados Unidos, y consideraron que la llamada “Ley sobre la responsabilidad de Siria” contraviene el derecho internacional y constituye una violación de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Exhortaron al Gobierno de los Estados Unidos a declarar dicha Ley nula y sin valor, y exhortaron además a ambos países a dialogar sobre la base del respeto y el interés mutuo para bien de las dos naciones y pueblos.

 

América Latina y el Caribe

Belice y Guatemala

184. Los Jefes de Estado o de Gobierno acogieron con agrado el hecho de que el 7 de septiembre de 2005, Belice y Guatemala firmaron un nuevo “Acuerdo sobre un marco de negociaciones y medidas de fomento de la confianza”, que instaura el proceso para una nueva ronda de negociaciones destinada a alcanzar una solución equitativa del diferendo territorial, que sea general, definitiva, honorable y permanente. Tomaron nota de los elementos importantes del Acuerdo, sobre todo, el papel clave del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la nueva ronda de negociaciones al respecto. Expresaron su confianza en que la ejecución eficaz del Acuerdo podría contribuir a la culminación de los encomiables esfuerzos de las Partes con miras al arreglo pacífico de la controversia territorial, e instaron a la comunidad internacional a prestar apoyo y asistencia.
Cuba

185. Los Jefes de Estado o de Gobierno exhortaron nuevamente al Gobierno de los Estados Unidos de América a poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba que, además de ser unilateral y contrario a la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional, así como al principio de buena vecindad, causa grandes pérdidas materiales y daños económicos al pueblo de Cuba. Instaron una vez más al estricto cumplimiento de las resoluciones 47/19, 48/16, 49/9, 50/10, 51/17, 52/10, 53/4, 54/21, 55/20, 56/9, 57/11, 58/7, 59/11 y 60/12 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Expresaron su profunda preocupación por el creciente carácter extraterritorial del embargo contra Cuba y rechazaron el reforzamiento de las medidas adoptadas por el Gobierno de los Estados Unidos para recrudecer el embargo, así como todas las demás medidas recientes aplicadas a cabo por el gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo de Cuba. También instaron al Gobierno de los Estados Unidos a devolver a la soberanía cubana el territorio actualmente ocupado por la base naval de Guantánamo, y a poner fin a las transmisiones agresivas de radio y televisión contra Cuba. Reiteraron que esas medidas constituyen una violación de la soberanía de Cuba y una grave violación de los derechos humanos de su pueblo.

Panamá

186. Los Jefes de Estado o de Gobierno recordaron el firme apoyo y la solidaridad ofrecidos por el Movimiento al pueblo y el Gobierno de Panamá en su lucha por recuperar el Canal y ejercer una soberanía efectiva sobre todo su territorio. En esta ocasión, los Jefes de Estado o de Gobierno transmitieron al Gobierno de Panamá su reconocimiento por la explotación y administración eficientes del Canal de Panamá bajo control panameño y expresaron su apoyo a esa iniciativa que, en el ejercicio de la soberanía y mediante el Referendo Nacional, promueve la construcción de un tercer conjunto de esclusas a fin de aumentar la capacidad actual del Canal como el recurso más importante para el desarrollo de la nación panameña y una valiosa vía estratégica al servicio del comercio y de las comunicaciones a escala mundial.

Venezuela

187. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su apoyo al Gobierno Constitucional del Presidente Hugo Chávez Frías, quien resultó electo democráticamente y ratificado por la mayoría del pueblo venezolano. Reconocieron la imparcialidad y la fiabilidad probadas del poder electoral constitucional para garantizar elecciones imparciales, transparentes y fiables en diciembre de 2006. Consideraron con preocupación las políticas agresivas del gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela y manifestaron el derecho inalienable del pueblo venezolano a determinar su propia forma de gobierno y elegir su sistema económico, político y social, libre de intervención extranjera, subversión, coerción y restricciones de cualquier tipo.

188. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su preocupación por el aumento de las acciones de los Estados Unidos de Norteamérica encaminadas a afectar la estabilidad de Venezuela, incluido el reciente establecimiento de una oficina para intensificar el espionaje y la recopilación de material de inteligencia contra Venezuela y Cuba.

189. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su apoyo a la solicitud de extradición interpuesta por la República Bolivariana de Venezuela ante el Gobierno de los Estados Unidos para presentar ante la justicia a los responsables del ataque terrorista contra una nave aérea de Cubana de Aviación en octubre de 1976, que provocó la muerte de 73 civiles inocentes. Al respecto rechazaron la protección ofrecida a individuos acusados de perpetrar actos terroristas en Venezuela, lo que impide a las autoridades venezolanas hacerlos comparecer ante la justicia.

Guyana y Venezuela

190. Los Jefes de Estado o de Gobierno tomaron nota con satisfacción de que las relaciones entre Guyana y Venezuela en los últimos años se caracterizaron por la amistad y la buena voluntad. Reconocieron la importancia del diálogo político y diplomático de alto nivel en curso para facilitar un clima de comprensión entre ambos países y establecer las bases para una cooperación bilateral mutuamente beneficiosa. En este sentido, saludaron la reciente celebración en Georgetown de la IV Reunión de la Comisión Bilateral de Alto Nivel Guyana-Venezuela, que dio nuevo impulso al programa de cooperación bilateral.

191. Los Jefes de Estado o de Gobierno acogieron con beneplácito el compromiso inquebrantable de ambos países de proseguir los debates dirigidos a lograr un arreglo pacífico de la controversia, bajo los auspicios del Proceso de Buenos Oficios del Secretario General de las Naciones Unidas y expresaron su apoyo a los continuos esfuerzos encaminados a ese fin, de conformidad con el Convenio de Ginebra de 1966.

Honduras

192. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su pleno apoyo a los esfuerzos del Gobierno de la República de Honduras por poner fin al boicot impuesto por las compañías transnacionales al proceso público para la licitación internacional de combustibles, que tiene lugar actualmente en ese país.

Bolivia

193. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su invariable apoyo y solidaridad al pueblo y el Gobierno de Bolivia, en momentos en que fuerzas externas pretenden desintegrar el país, desestabilizar sus instituciones y poner en peligro su democracia. Asimismo, manifestaron su firme apoyo al proceso en curso en la República de Bolivia, dirigido a garantizar que toda la población disfrute de una participación real y efectiva en los asuntos del país sin ningún tipo de exclusión o discriminación, así como a lograr el ejercicio de la soberanía plena sobre sus recursos naturales en beneficio de todos los bolivianos.

 

CAPÍTULO III: ASUNTOS DE DESARROLLO, SOCIALES Y DE DERECHOS HUMANOS

 

Introducción

194. Los Jefes de Estado o de Gobierno hicieron suyas y reafirmaron todas las posiciones del Grupo de los 77 y China, respecto de las cuestiones relativas al desarrollo económico y social y otros temas conexos, como figura en los documentos finales de la Segunda Cumbre del Sur, celebrada en Doha, Qatar, del 12 al 16 de junio de 2005, la Reunión Ministerial Anual del G-77 y China, celebrada en Nueva York en septiembre de 2005, así como la Reunión Ministerial Extraordinaria del G-77 y China, celebrada en Putrajaya, Malasia, el 29 de mayo de 2006. Igualmente, afirmaron el compromiso del Movimiento de trabajar por la plena aplicación de las decisiones y recomendaciones que figuran en esos documentos e instaron a la comunidad internacional, incluidas las organizaciones financieras internacionales así como los bancos regionales de desarrollo, a apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo para alcanzar ese objetivo.

195. Los Jefes de Estado o de Gobierno hicieron hincapié en que el desarrollo económico y social debe continuar siendo el centro de las deliberaciones en las Naciones Unidas, y que el logro de los objetivos de desarrollo convenidos a nivel internacional, entre los que figuran los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), debe seguir siendo el marco general de las Naciones Unidas. Hicieron hincapié además en la necesidad de fortalecer y mejorar la alianza mundial para el desarrollo sobre la base del reconocimiento de que los países asuman el liderazgo y el control en cuanto a las estrategias de desarrollo, con vistas a la plena aplicación de los resultados de las principales conferencias y cumbres de las Naciones Unidas sobre cuestiones económicas, sociales y conexas. También subrayaron la necesidad de fortalecer los mecanismos existentes y establecer, cuando sea menester, mecanismos eficaces para examinar la aplicación de los resultados de las principales conferencias y cumbres de las Naciones Unidas sobre cuestiones sociales, económicas conexas y darle seguimiento.

196. Los Jefes de Estado o de Gobierno subrayaron la necesidad de que la comunidad internacional, en particular los países desarrollados, apoyaran los esfuerzos de los países en desarrollo por lograr la plena aplicación de todos los objetivos de desarrollo acordados a nivel internacional, incluido los objetivos de desarrollo del Milenio, y en especial sus esfuerzos en curso por reducir a la mitad en 2015 el número de personas que viven en la pobreza y el hambre. Exhortaron además a la comunidad internacional a que continuara apoyando los esfuerzos de los países en desarrollo dirigidos a integrar los principios del desarrollo sostenible en sus estrategias de desarrollo nacional y revertir la pérdida de recursos ambientales, entre otras cosas mediante el cumplimiento en 2010 del objetivo relacionado con la biodiversidad.

197. Los Jefes de Estado o de Gobierno subrayaron que cada país tiene el derecho soberano de determinar sus propias prioridades y estrategias de desarrollo, y exhortaron a la comunidad internacional a rechazar categóricamente cualquier condicionalidad para la prestación de asistencia para el desarrollo.

198. Los Jefes de Estado o de Gobierno hicieron hincapié en la necesidad de emprender acciones y adoptar medidas concretas a todos los niveles en aras de la plena aplicación del Programa 21 y el Programa de Aplicación de Johannesburgo, de conformidad con el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas enunciado en el Principio 7 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Instaron además a la aplicación temprana y plena del Plan estratégico de Bali para el apoyo tecnológico y la creación de capacidad para los países en desarrollo.

199. Los Jefes de Estado o de Gobierno reconocieron que la creciente interdependencia de las economías nacionales en un mundo globalizado y que el surgimiento de regímenes reglamentados para las relaciones económicas internacionales han significado que el espacio para la política económica nacional, es decir, el ámbito para aplicar las políticas nacionales, en especial en la esfera del comercio, las inversiones y el desarrollo industrial, en la actualidad a menudo está determinado por las disciplinas, los compromisos internacionales y las consideraciones del mercado mundial. Corresponde a cada gobierno evaluar el equilibrio entre los beneficios de aceptar las normas y los compromisos internacionales, y las limitaciones que entraña la pérdida del espacio para la política y recalcaron que ello es particularmente importante para los países en desarrollo, teniendo presentes las metas y objetivos de desarrollo, que todos los países tomen en consideración la necesidad de un equilibrio adecuado entre el espacio de para la política nacional y las disciplinas y los compromisos internacionales.

200. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron la necesidad de estimular una mayor inversión directa, incluida la inversión extranjera, en los países en desarrollo y los países con economías en transición a fin de brindar apoyo a sus actividades de desarrollo. Instaron además a realizar mayores inversiones para la ampliación de las instalaciones de infraestructura en los países en desarrollo.

201. Los Jefes de Estado o de Gobierno acogieron con beneplácito el ofrecimiento del Estado de Qatar de acoger la celebración de la primera Conferencia de seguimiento encargada de examinar la aplicación de los resultados de la Conferencia Internacional sobre la financiación para el desarrollo, que se celebrará en Doha entre 2008 y 2009.

 

Países menos adelantados, países en desarrollo sin litoral y pequeños Estados insulares en desarrollo

202. Los Jefes de Estado o de Gobierno reconocieron las necesidades especiales de los países menos adelantados (PMA), los pequeños Estados insulares en desarrollo (SIDS), y los países en desarrollo sin litoral (LLDC) en un nuevo marco mundial para la cooperación en el transporte de tránsito de los países en desarrollo sin litoral y de tránsito, y reafirmaron la necesidad de apoyo y asistencia continuos a sus esfuerzos, en particular para alcanzar los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los que figuran en la Declaración del Milenio, y el Programa de Acción de Bruselas en favor de los PMA para el Decenio 2001 - 2010, la Estrategia de Mauricio para la ulterior ejecución del Programa de Acción de Barbados para el Desarrollo Sostenible de los SIDS, y el Programa de Acción de Almaty.

203. Los Jefes de Estado o de Gobierno acogieron con agrado la celebración de la Primera Cumbre de los países en desarrollo sin litoral, que tuvo lugar el
14 de septiembre de 2006 en La Habana, y destacaron la necesidad de que la comunidad internacional amplíe su cooperación con el fin de lograr la plena aplicación de la declaración de los Jefes de Estado o de Gobierno de los países en desarrollo sin litoral.

204. Los Jefes de Estado o de Gobierno hicieron hincapié en la necesidad de continuar prestando especial atención a la situación de los países en desarrollo que salen de una situación de conflicto, en particular los PMA, con vistas a que puedan rehabilitar y reconstruir, según proceda, sus infraestructuras políticas, sociales y económicas, y ayudarlos a alcanzar sus objetivos de desarrollo.

 

Países en desarrollo de ingresos medios

205. Los Jefes de Estado o de Gobierno insistieron en la necesidad de seguir respaldando los esfuerzos de los países en desarrollo de ingresos medios por alcanzar el desarrollo mediante intervenciones en los foros internacionales y multilaterales competentes, así como mediante acuerdos bilaterales sobre medidas encaminadas a ayudarlos, para que, entre otras cosas, puedan satisfacer sus necesidades financieras, técnicas y tecnológicas.

Comercio

206. Los Jefes de Estado o de Gobierno subrayaron la importancia de facilitar la adhesión a la Organización Mundial de Comercio (OMC) de todos los países en desarrollo, en particular los PMA, así como de los países con economías en transición, que soliciten ser miembros, de manera compatible con sus criterios, conforme a su nivel de desarrollo y teniendo presentes el párrafo 21 de la resolución 55/182 de la Asamblea General y documentos ulteriores, e instaron a la aplicación eficaz y fiel de las directrices de la OMC para la adhesión de los PMA a la organización.

207. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su grave preocupación por el continuo estancamiento en las negociaciones en todas las esferas del Programa de Trabajo de Doha, y a la vez señalaron que la suspensión de las negociaciones demorará para los países en desarrollo el cumplimiento de las promesas para el desarrollo de la Ronda de Doha y exhortaron a los países desarrollados a que demuestren la flexibilidad y la voluntad política necesarias para poner fin al actual punto muerto en las negociaciones. Reafirmaron el compromiso contraído en la Ronda de Negociaciones Comerciales de Doha y la decisión del Consejo General de la Organización Mundial de Comercio de 1 de agosto de 2004 de cumplir con la dimensión del desarrollo del Programa de Doha para el Desarrollo e instaron a la conclusión exitosa y oportuna de la Ronda de Negociaciones Comerciales de Doha con la realización más plena de las dimensiones del desarrollo del Programa de Trabajo de Doha y subrayaron que la reanudación de las negociaciones deberá llevar adelante el avance logrado.

208. Los Jefes de Estado o de Gobierno reiteraron la importancia de responder plenamente a las preocupaciones presentadas por los países en desarrollo en el
párrafo 8 del Plan de Acción de Doha, en especial, respecto de la realización de todas las esferas del Programa de Trabajo de Doha, en particular la agricultura, el acceso a los mercados de productos no agrícolas, los servicios, las normas de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS) así como el trato especial y diferenciado, viable y adecuado, para los países en desarrollo. También instaron a emprender acciones para acelerar los trabajos referentes al mandato relacionado con el desarrollo en el Acuerdo sobre los TRIPS y a las cuestiones de aplicación en la Declaración Ministerial de Doha, en especial, que las normas de propiedad intelectual de los TRIPS apoyen los objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica, así como los aspectos de los TRIPS y la salud pública relacionados con el comercio.

209. Los Jefes de Estado o de Gobierno reiteraron la importante función que desempeña la UNCTAD como centro de coordinación de las Naciones Unidas para el tratamiento integrado del comercio y el desarrollo y las cuestiones conexas en materia de finanzas, tecnología, inversión y desarrollo sostenible. Se comprometieron a trabajar por el fortalecimiento de la UNCTAD, a fin de mejorar su contribución en sus tres pilares fundamentales, a saber, la búsqueda de consenso, la investigación y el análisis de políticas y la asistencia técnica. Reiteraron además la necesidad de poner en práctica las nuevas funciones previstas en el mandato de UNCTAD XI en materia de espacio para la política y responsabilidad empresarial, y de fortalecer la maquinaria intergubernamental de la UNCTAD.

210. Consecuentes con las posiciones de principios mencionadas anteriormente y guiados por éstas, y afirmando la necesidad de defender, preservar y promover esas posiciones, los Jefes de Estado o de Gobierno acordaron adoptar las medidas siguientes:

210.1 Propiciar una posición común del G-77 y el MNOAL con el fin de fortalecer el papel de la UNCTAD como organismo de Naciones Unidas responsable del tratamiento integrado del comercio, el desarrollo y asuntos conexos en la esfera de las finanzas, la tecnología, la inversión y el desarrollo sostenible, especialmente en vista de su XII Conferencia.
210.2. Continuar promoviendo el rechazo a la imposición de medidas económicas coercitivas unilaterales y la adopción de acciones concretas contra estas en los diversos foros multilaterales en que participa el MNOAL y el G-77.

 

Cooperación Sur-Sur

211. Reconociendo la creciente importancia del comercio y la cooperación económica Sur-Sur, y el contexto cambiante de la interdependencia Norte-Sur, y los términos de la participación, los Jefes de Estado o de Gobierno instaron a realizar esfuerzos más enérgicos para intensificar y afianzar la cooperación Sur-Sur, incluida la cooperación triangular, teniendo presente que dicha cooperación no sustituye la cooperación Norte-Sur.

212. Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron el papel de la cooperación Sur-Sur en el contexto general del multilateralismo, como proceso continuo y vital para hacer frente a los retos que enfrenta el Sur, y como contribución valiosa al desarrollo, así como la necesidad de fortalecerla aún más, en particular mediante el aumento de las capacidades de las instituciones y las disposiciones que fomenten dicha cooperación.

213. Los Jefes de Estado o de Gobierno invitaron a todas las partes interesadas a concluir la Tercera Ronda del Sistema mundial de preferencias comerciales (SMPC) a la brevedad posible y alentaron a otros países en desarrollo a que estudiaran la posibilidad de participar en el SMPC.

214. Consecuentes con las posiciones de principio antes mencionadas y guiados por éstas, y afirmando la necesidad de defender, preservar y promover dichas posiciones, los Jefes de Estado o de Gobierno acordaron adoptar, entre otras, las medidas siguientes:

214.1 Fortalecer las capacidades nacionales para aumentar la resistencia individual y colectiva de los Países No Alineados, que podría alcanzarse en particular ampliando, afianzando y enriqueciendo la cooperación Sur-Sur en todas las esferas de relaciones entre ellos, especialmente mediante la puesta en práctica de proyectos y programas concretos, la mancomunación de recursos y el aprovechamiento de las contribuciones de personalidades e instituciones eminentes del Sur. En este sentido, el Fondo del Sur para el Desarrollo y la Asistencia Humanitaria, creado en la Segunda Cumbre del Sur del Grupo de los 77 y China, podría contribuir sobremanera al logro de las metas y objetivos de la cooperación Sur-Sur;

214.2 Estimular a los Estados Miembros a establecer acuerdos de cooperación Sur-Sur, incluidos los acuerdos de cooperación sectorial y otras asociaciones que fomenten la cooperación Sur-Sur

214.3 Promover, a título voluntario, acuerdos comerciales entre los países en desarrollo como una herramienta para fortalecer la cooperación económica Sur-Sur;

214.4 Promover y fortalecer la integración regional y subregional, mediante agrupaciones y otras disposiciones de beneficio mutuo, la complementariedad y la solidaridad entre los países en desarrollo, con miras a facilitar y acelerar el crecimiento económico y el desarrollo de sus economías;

214.5 Alentar al Centro para la Cooperación Técnica Sur-Sur del Movimiento de Países No Alineados (CCTSS del MNOAL), de conformidad con su mandato, a continuar organizando los programas de capacitación y aumento de capacidades para los Países No Alineados, y en este sentido, instarlos además a prestar la asistencia necesaria al Centro, a título voluntario, con miras a alcanzar sus metas y objetivos establecidos;

214.6 Fortalecer la capacidad de los países en desarrollo para evaluar los asuntos económicos internacionales, mediante el establecimiento de una red de coordinación y cooperación del MNOAL entre los centros académicos especializados de investigación y estudios económicos;

214.7 Reafirmaron la función central del Centro Sur como grupo de expertos de los países del Sur, llamaron a los miembros del Movimiento a apoyar el Centro y solicitaron a este establecer redes Sur-Sur entre las instituciones pertinentes para facilitar el intercambio de programas, académicos, etc.;

214.8 Estimular al Foro Empresarial de Cooperación Sur-Sur del MNOAL, de conformidad con su mandato, a proseguir sus iniciativas encaminadas a intensificar las relaciones comerciales Sur-Sur y, en este sentido, instar además al sector empresarial de los Países No Alineados a participar en la II Reunión del Foro Empresarial del MNOAL y la Reunión General del Consejo Empresarial del MNOAL para la Cooperación Sur-Sur que se celebrará en mayo de 2007 en La Habana, Cuba;

214.9 Instar a los Estados Miembros de las Naciones Unidas a apoyar los fondos internacionales para el desarrollo dirigidos a financiar la aplicación de los proyectos de cooperación Sur-Sur, tales como el Fondo Pérez Guerrero.

 

Migración internacional y desarrollo

215. Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron la responsabilidad que incumbe a los Gobiernos de salvaguardar y proteger los derechos de los migrantes contra actos ilícitos y de violencia, especialmente actos de discriminación racial y delitos perpetrados por motivos racistas o xenófobos por individuos o grupos, y los instó a adoptar medidas más estrictas en ese sentido.

216. Los Jefes de Estado o de Gobierno acordaron promover y proteger eficazmente los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los migrantes independientemente de su condición migratoria, especialmente los de las mujeres y niños en conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los instrumentos internacionales de que sus gobiernos son partes.

217. Los Jefes de Estado o de Gobierno reconocieron que el tráfico de personas y el contrabando de migrantes continúan siendo un grave problema para la humanidad y requieren una respuesta internacional concertada y, en ese sentido, instaron a todos los Estados a adoptar medidas eficaces, a hacerlas cumplir y a consolidarlas para prevenir, combatir y eliminar todas las formas de tráfico de personas, a fin de contrarrestar la demanda de víctimas del tráfico y brindarles protección, especialmente a las mujeres y niños sujetos a trabajo forzado, explotación comercial o sexual, violencia y abuso sexual.

218. Los Jefes de Estado o de Gobierno alentaron los esfuerzos de los Estados Miembros y la comunidad internacional para promover un enfoque equilibrado e integral orientado a la migración internacional y al desarrollo, especialmente formando alianzas y garantizando la acción coordinada para desarrollar capacidades, incluida la gestión migratoria.

219. Los Jefes de Estado o de Gobierno acogieron con beneplácito la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de sostener un Diálogo de alto nivel sobre la migración internacional y el desarrollo, en septiembre de 2006, para analizar los aspectos multidimensionales de la migración internacional y el desarrollo con el objetivo de determinar las formas y medios para elevar al máximo sus beneficios para el desarrollo y reducir al mínimo sus consecuencias negativas.

220. Los Jefes de Estado o de Gobierno, reconociendo el crítico vínculo existente entre la migración internacional y el desarrollo, reiteraron la importancia de las iniciativas eficaces dirigidas a promover una migración sin riesgos y facilitar el libre movimiento de la fuerza de trabajo. En este contexto hicieron hincapié en que la ronda de Doha para el desarrollo debía culminar con una solución amplia de las preocupaciones expresadas por los países en desarrollo, teniendo presentes sus intereses y objetivos respecto de los efectos positivos de la migración de la fuerza de trabajo tanto en los Estados de origen como en el Estados receptores.

221. Los Jefes de Estado o de Gobierno tomaron nota de las iniciativas emprendidas a nivel regional e internacional por los Estados Miembros y las organizaciones intergubernamentales regionales e internacionales pertinentes a fin de promover el diálogo y la cooperación sobre la migración internacional y el desarrollo, incluido su aporte a los preparativos del Diálogo de alto nivel.

222. Los Jefes de Estado o de Gobierno hicieron hincapié en la necesidad de que los países de destino de los migrantes aprueben políticas para reducir el costo de transferencia de sus remesas a los países en desarrollo sin parcialidad o discriminación.

223. Los Jefes de Estado o de Gobierno subrayaron además la necesidad de que la comunidad internacional aborde las consecuencias negativas que tiene para los esfuerzos de desarrollo de sus países de origen la migración desde muchos países en desarrollo de personal altamente calificado y con una educación superior.

 

Agua

224. Los Jefes de Estado o de Gobierno pusieron de relieve la necesidad de prestar ayuda a los países en desarrollo en sus esfuerzos por preparar planes de ordenación integrada y eficiencia de los recursos hídricos como parte de sus estrategias nacionales de desarrollo y por proporcionar acceso a agua potable segura y servicios básicos de saneamiento de conformidad con la Declaración del Milenio y el Plan de Aplicación de las Decisiones de Johannesburgo, en particular el objetivo de reducir a la mitad para 2015 la proporción de la población que carezca de acceso a agua potable o no pueda costearlo y que no tenga acceso a los servicios básicos de saneamiento.

225. Los Jefes de Estado o de Gobierno hicieron hincapié en la necesidad de intensificar las actividades de prevención de la contaminación del agua con el fin de reducir los peligros para la salud y proteger los ecosistemas introduciendo tecnologías de saneamiento y tratamiento de aguas residuales industriales y domésticas de costo accesible, mitigando los efectos de la contaminación del agua subterránea y estableciendo, a nivel nacional, sistemas de vigilancia y regímenes jurídicos eficaces.

226. Los Jefes de Estado o de Gobierno recordaron lo que fue acordado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas en noviembre de 2002, reconocieron la importancia del agua como recurso natural vital y finito, que cumple una función económica, social y ambiental, y reconocieron el derecho de todos al agua.

227. Los Jefes de Estado o de Gobierno recalcaron la necesidad de mejorar la ordenación de los recursos hídricos y los conocimientos científicos sobre el ciclo del agua mediante la cooperación en actividades conjuntas de observación e investigación y, con tal fin, alentar y promover el intercambio de conocimientos y prestar asistencia, en particular a los países en desarrollo y los países con economías en transición, para el aumento de capacidades y para la transferencia de tecnologías, incluidas la teledetección y la tecnología de satélites, según las modalidades convenidas de común acuerdo.

El Mar Muerto

228. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron preocupación por el continuo deterioro y degradación del singular ecosistema del Mar Muerto, y destacaron la importancia de trabajar progresivamente para revertir esa catástrofe ecológica. Señalaron a la atención de la comunidad internacional la necesidad de adoptar medidas internacionales para proteger el Mar Muerto y prevenir una mayor degradación ambiental de su ecosistema, mediante el otorgamiento de subvenciones en condiciones favorables.
El Mar Caribe

229. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron preocupación por el embarque continuo de desechos peligrosos por las aguas del Mar Caribe. Reconociendo los esfuerzos de cooperación que realizan los Estados del Caribe para promover una gestión integrada del Mar Caribe en el contexto del desarrollo sostenible de los océanos y los mares, acogieron con beneplácito la resolución 59/230 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Declaración de Mauricio (enero de 2005). En este sentido expresaron su apoyo a las iniciativas regionales dirigidas a lograr que se declare el Mar Caribe “zona especial”, prometieron su apoyo para la promoción del desarrollo sostenible de este grupo de países especialmente vulnerables, para los que la cooperación internacional sigue siendo un factor indispensable, y señalaron a la atención de la comunidad internacional la necesidad de emprender acciones internacionales para que se considere al Mar Caribe una zona especial en el marco del desarrollo sostenible.

 

Energía

230. Los Jefes de Estado o de Gobierno destacaron la necesidad de diversificar el suministro de energía desarrollando tecnologías avanzadas menos contaminantes, más eficientes, accesibles y económicas, en particular las tecnologías para el aprovechamiento de los combustibles fósiles y de las fuentes de energía renovables, incluidas las de energía hidroeléctrica, transfiriéndolas a los países en desarrollo en condiciones favorables mutuamente convenidas. Aumentar considerablemente, con carácter urgente, la proporción de fuentes renovables de energía utilizadas en todo el mundo con miras a acrecentar su contribución a la oferta total de energía, reconociendo la importancia de los objetivos nacionales y voluntarios así como de las iniciativas, en el caso de que estos existan, y velando por que las políticas energéticas sirvan de apoyo a los esfuerzos de los países en desarrollo para erradicar la pobreza, y evaluar periódicamente los datos disponibles para examinar los progresos realizados.

231. Los Jefes de Estado o de Gobierno hicieron hincapié en la necesidad de acelerar el desarrollo, la difusión y el uso de tecnologías asequibles y menos contaminantes de eficiencia energética y ahorro de energía, así como la transferencia de esas tecnologías, en particular a los países en desarrollo, en condiciones favorables mutuamente convenidas, incluidas las concesionarias y preferenciales.

232. Los Jefes de Estado o de Gobierno tomaron nota de los retos para el desarrollo que entraña el mercado internacional del petróleo para varios Estados Miembros del Movimiento. Tomaron nota además de los diversos y complejos factores desestabilizadores del mercado en el sector petrolero. En este contexto, apoyaron los esfuerzos encaminados a mejorar el funcionamiento, la transparencia e información sobre los mercados de la energía respecto de la oferta y la demanda, con el objetivo de alcanzar mayor estabilidad y previsibilidad en beneficio de los Estados productores y consumidores. Acordaron aumentar la cooperación con miras a mejorar el acceso a la energía, incluidas las fuentes energéticas alternativas por parte de los países en desarrollo. Subrayaron la necesidad de aumentar la colaboración Norte-Sur así como continuar la cooperación Sur-Sur como parte de una estrategia a largo plazo hacia el desarrollo sostenible. También destacaron el derecho soberano de los Estados sobre la gestión de sus recursos energéticos.

233. Los Jefes de Estado o de Gobierno acordaron organizar, en coordinación con el G-77, una conferencia del Sur sobre el "Uso Racional de la Energía Eléctrica”, así como sobre el uso de las fuentes de energía alternativa para la generación de electricidad.

Derechos humanos y libertades fundamentales

234. Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron la validez y pertinencia de las posiciones de principio del Movimiento con respecto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de la manera siguiente:

234.1 Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron la considerable importancia que atribuye el Movimiento a la promoción y protección de los derechos humanos y los compromisos para cumplir las obligaciones de promover el respeto universal, la observancia y la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todos, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, otros instrumentos relativos a los derechos humanos, según proceda, y el derecho internacional. Reafirmaron además que todos los derechos humanos, en particular el derecho al desarrollo, son universales, inalienables, indivisibles, interdependientes e interrelacionados y que las cuestiones relativas a los derechos humanos deben abordarse en el contexto mundial mediante un enfoque constructivo basado en el diálogo, de manera justa y equitativa, con objetividad y respeto por la soberanía nacional y la integridad territorial, la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, la imparcialidad, la no selectividad y la transparencia como principios rectores, teniendo en cuenta las particularidades políticas, históricas, sociales, religiosas y culturales de cada país. En este sentido, reiteraron la consternación y condena inequívoca del Movimiento por las flagrantes y sistemáticas violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales y porque se siguen creando situaciones que obstaculizan gravemente el pleno disfrute de los derechos humanos, así como actos y actividades de violencia que atentan contra su pleno disfrute;

234.2 Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron preocupación por el hecho de que la difamación de religiones se justifica de manera errónea con el pretexto de la libertad de expresión, haciendo caso omiso de las restricciones claramente articuladas en los instrumentos pertinentes sobre los derechos humanos, incluidos el párrafo 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos así como el párrafo 3 del Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y destacaron la necesidad de que todos los Estados continúen realizando esfuerzos internacionales a fin de aumentar el diálogo y ampliar el entendimiento entre civilizaciones, culturas y religiones, haciendo hincapié en que los Estados, las organizaciones regionales, las organizaciones no gubernamentales, las entidades religiosas y los medios de prensa tienen que desempeñar un papel importante en la promoción de la tolerancia, el respeto por la religión y los credos; así como la libertad de profesarlos;

234.3 Los Jefes de Estado o de Gobierno afirmaron que, si bien es necesario armonizar las directrices relativas al proceso para la presentación de informes de los órganos creados en virtud de los tratados de derechos humanos, se precisa desplegar mayores esfuerzos para garantizar que su trabajo sea más eficaz, objetivo, transparente y responsable, así como para asegurar una composición más equilibrada, de conformidad con el principio de distribución geográfica equitativa, equilibrio de género, así como para asegurar que los miembros propuestos para desempeñarse en los órganos creados en virtud de tratados ejerzan sus funciones a título personal, con gran moralidad, imparcialidad reconocida y competencia en la esfera de los derechos humanos;

234.4 Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron preocupación por la carencia y baja representación de los Países No Alineados en el personal de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), teniendo presente la importancia capital de la necesidad de adherirse al principio de distribución geográfica equitativa;

234.5 Reafirmaron que la Alta Comisionada debe rendir informes a la Asamblea General, que es un órgano universal de las Naciones Unidas, sobre las cuestiones relativas a los derechos humanos, según lo dispuesto por la Asamblea General en su resolución 48/141 de diciembre de 1993;

234.6 Los Jefes de Estado o de Gobierno insistieron nuevamente en que se deberá prohibir la explotación de los derechos humanos con fines políticos, incluido el señalamiento selectivo de determinados países por consideraciones no pertinentes, lo que es contrario a los Principios Fundacionales del Movimiento y la Carta de las Naciones Unidas. Instaron a que, durante el debate sobre los derechos humanos, se preste debida atención a la cuestión de la pobreza, el subdesarrollo, la marginación, la inestabilidad y la ocupación extranjera, que engendran la exclusión social y económica y la violación de la dignidad humana y de los derechos humanos, que no pueden desligarse de todo examen adecuado relativo a los derechos humanos;

234.7 Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron que la democracia, la buena gobernanza nacional e internacional, el desarrollo y el respeto de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, en particular el derecho al desarrollo, son interdependientes y se refuerzan mutuamente. Adoptar, por cualquier motivo o consideración, medidas, reglas, políticas, coercitivas, y unilaterales contra los países en desarrollo, constituye una flagrante violación de los derechos básicos de sus poblaciones. Es indipensable que los Estados promuevan los esfuerzos dirigidos a combatir la pobreza extrema y estimulen la participación de los miembros más pobres de la sociedad en los procesos de adopción de decisiones;

234.8 Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron su preocupación por las flagrantes violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular el derecho a la vida y el derecho al desarrollo, que resultan de acciones terroristas, incluidas las perpetradas por potencias extranjeras ocupantes en los territorios sometidos a ocupación extranjera, y reiteraron su condena a todos los actos, métodos y prácticas de terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas;

234.9 Los Jefes de Estado o de Gobierno pusieron de relieve su preocupación y consternación cada vez mayores ante el flagrante menosprecio de las vidas humanas unido a una indiscriminada destrucción de los bienes, como se observa en el territorio palestino ocupado y el Líbano. Exhortaron al Consejo de Derechos Humanos a que cumpliera su mandato y diera una respuesta apropiada a estas graves violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales;

234.10 Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron el derecho de los pueblos sometidos a dominación colonial o foránea u ocupación extranjera a luchar por la liberación nacional y la libre determinación;

234.11 Los Jefes de Estado o de Gobierno reiteraron la necesidad de que se realicen esfuerzos encaminados a fortalecer y promover aún más el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales y a establecer instituciones democráticas y políticas económicas racionales que respondan a las necesidades del pueblo. En este contexto, reiteraron la necesidad de equidad y transparencia en los sistemas financieros, monetarios y comerciales internacionales; y de participación plena y efectiva de los países en desarrollo en la adopción de decisiones y el establecimiento de normas; y

234.12 Los Jefes de Estado o de Gobierno acogieron con beneplácito la reciente elección de mujeres Jefas de Estado o de Gobierno, a saber las de Chile, Jamaica y Liberia, y destacaron la importancia de la igualdad de género en el sistema político de los Países No Alineados, de conformidad plena con el Objetivo 3 de Desarrollo del Milenio “Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer”.

235. Consecuentes con las posiciones de principio antes mencionadas y guiados por éstas, y afirmando la necesidad de defender, preservar y promover esas posiciones, los Jefes de Estado o de Gobierno acordaron adoptar, entre otras, las medidas e iniciativas siguientes:

235.1 Promover y proteger todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todos los pueblos, en especial, el derecho al desarrollo, y prever un marco eficaz para ello, incluidas las soluciones para reparar las infracciones o violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales, de conformidad con los Principios Fundacionales del Movimiento, la Carta de las Naciones Unidas y los instrumentos internacionales de derechos humanos pertinentes atendiendo a las obligaciones de los Estados independientemente de su sistema político, económico y cultural;

235.2 Promover la democratización del sistema de gobernanza internacional a fin de aumentar la participación eficaz de los países en desarrollo en la adopción de decisiones en el ámbito internacional;

235.3 Instar a los países desarrollados a participar en asociaciones eficaces como la Nueva Asociación para el Desarrollo de África (NEPAD) y otras iniciativas similares junto con los países en desarrollo, en particular los PMA, con vistas a la realización de su derecho al desarrollo, incluido el logro de los objetivos de desarrollo del Milenio;

235.4 Destacar la adhesión a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y a los Principios Fundacionales del Movimiento, y rechazan y condenan la selectividad y el doble rasero en la promoción y la protección de los derechos humanos así como los intentos de explotar los derechos humanos como pretexto para alcanzar fines políticos;

235.5 Fortalecer la presencia del Movimiento de Países No Alineados promoviendo su posición en las deliberaciones que tienen lugar en los principales foros internacionales, en particular el Consejo de Derechos Humanos, el (ECOSOC) y la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas como aporte al mejoramiento de la coordinación y cooperación entre las mencionadas entidades de las Naciones Unidas para promover y proteger todos los derechos humanos;

235.6 Actualizar e introducir en la Tercera Comisión de la Asamblea General y en el Consejo de Derechos Humanos, según corresponda, proyectos de resoluciones sobre las siguientes cuestiones: el derecho al desarrollo, los derechos humanos y las medidas coercitivas unilaterales y el mejoramiento de la cooperación internacional en el campo de los derechos humanos, así como considerar la posibilidad de patrocinar otras iniciativas que promuevan el respeto por las posiciones de principio del Movimiento en esta esfera de la cooperación internacional;

235.7 Promover y proteger todos los derechos humanos, en especial el derecho al desarrollo como un derecho universal e inalienable y como parte integrante de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales;

235.8 Instar a todos los Estados a garantizar una mayor protección para sus poblaciones en la lucha contra el terrorismo y el delito transnacional, y en ese sentido, instar además a todos los Estados a que velen por que sus leyes o legislaciones nacionales, especialmente en lo que concierne a la lucha contra el terrorismo, no limiten los derechos individuales y que no sean discriminatorias o xenófobas;

235.9 Esforzarse por una mayor aceptación, aplicación y realización del derecho al desarrollo, a escala internacional, instar a todos los Estados a emprender, a nivel nacional, la formulación de las políticas necesarias y el establecimiento de las medidas requeridas para poner en práctica el derecho al desarrollo como un derecho humano fundamental, e instar además a todos los Estados a ampliar y afianzar la cooperación mutuamente ventajosa para garantizar el desarrollo y eliminar los obstáculos al desarrollo, en el contexto de la promoción de una cooperación internacional eficaz para la realización del derecho al desarrollo, teniendo presente que el progreso sostenido hacia la realización del derecho al desarrollo requiere políticas de desarrollo eficaz en el plano nacional, así como relaciones económicas equitativas y un entorno favorable a escala internacional;

235.10 Instar al mecanismo de derechos humanos de las Naciones Unidas a garantizar la aplicación del derecho al desarrollo como una prioridad, entre otras cosas mediante la elaboración de un Convenio sobre el Derecho al Desarrollo por el mecanismo pertinente, teniendo en cuenta las recomendaciones de las iniciativas que correspondan;

235.11 Incorporar el derecho al desarrollo en los programas operacionales y los objetivos de las Naciones Unidas y sus organismos especializados, programas y fondos así como en las políticas y los objetivos de los sistemas financieros internacionales y de comercio multilateral, teniendo en cuenta, en este sentido, que los principios clave de las esferas económicos, comercial, y financiera a nivel internacional, tales como la equidad, la no discriminación, la transparencia, la responsabilidad, la participación y la cooperación internacional, incluidas las asociaciones y los compromisos, son indispensables para lograr el derecho al desarrollo y prevenir el trato discriminatorio de los asuntos de interés para los países en desarrollo por consideraciones políticas u otras de naturaleza no económica;

235.12 Promover las posiciones comunes y mejorar la coordinación del Movimiento en los foros intergubernamentales pertinentes, en especial la Asamblea General y el Consejo Económico y Social así como el Consejo de Derechos Humanos, con el objetivo de fortalecer la cooperación y la coordinación internacionales en la promoción y protección de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales;

235.13 Alentar a las instituciones nacionales independientes de derechos humanos a desempeñar un papel constructivo, sobre la base de la imparcialidad y la objetividad, en la promoción y protección de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales en sus países, y solicitar, en este contexto, a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que brinde mayor asistencia, previa solicitud de los gobiernos interesados, para el establecimiento y funcionamiento de las instituciones nacionales;

235.14 Exhortar a los Países No Alineados y la comunidad internacional a apoyar el objetivo y funcionamiento eficaz del Consejo de Derechos Humanos creado como órgano subsidiario de la Asamblea General de las Naciones Unidas, e insistir en la gran necesidad de asegurar que el trabajo del Consejo esté desprovisto de toda politización, doble rasero y selectividad; y

235.15 Defender y promover las posiciones del MNOAL en el contexto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a ese fin:

• Continuar celebrando reuniones de Ministros de Trabajo del MNOAL en el marco de cada Conferencia Internacional del Trabajo.
• Promover la transparencia y una participación más democrática de todos los actores de los mecanismos y procedimientos de la OIT.

• Dar seguimiento y consolidar la labor del Grupo de Trabajo del MNOAL en la OIT respecto de la reforma de los métodos de trabajo de la Comisión de Aplicación de Normas y la ampliación del Comité de Libertad Sindical.

 

Racismo y discriminación racial, esclavitud y tráfico de personas

236. Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron su condena a todas las formas de racismo, discriminación racial, xenofobia e intolerancia conexa, incluidas las plataformas y actividades relacionadas con ellas, que constituyen graves violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales y dificultan la igualdad de oportunidades. Recordaron a la comunidad internacional mantener su reconocimiento de que la esclavitud y el comercio de esclavos, incluso el comercio trasatlántico de esclavos, son crímenes de lesa humanidad, y que los legados de la esclavitud, del comercio de esclavos, del colonialismo, de la ocupación extranjera, de la dominación foránea del genocidio y de otras formas de vasallaje se han manifestado en la pobreza, el subdesarrollo, la marginación, la exclusión social y las disparidades económicas para el mundo en desarrollo.

237. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su gran preocupación por los efectos negativos que entrañan la esclavitud y la trata de personas para los derechos humanos y el desarrollo, así como por el aumento de la vulnerabilidad de los Estados ante estos delitos. Asimismo, reafirmaron la necesidad de trabajar mancomunadamente en la lucha contra la esclavitud y la trata de personas.

238. Los Jefes de Estado o de Gobierno reconocieron que la esclavitud y la trata de personas siguen constituyendo un gran reto para la humanidad y requieren una respuesta internacional concertada. Para lograr ese objetivo, instaron a todos los Estados a elaborar, aplicar y fortalecer medidas eficaces para combatir y eliminar todas las formas de esclavitud y trata de personas a fin de acabar con la demanda de víctimas de la trata y protegerlas.

239. Los Jefes de Estado o de Gobierno invitaron a todos los Estados que aún no lo hayan hecho a que consideren la posibilidad de ser partes en el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada, y luego de su entrada en vigor, a que apliquen el Protocolo de manera eficaz, en especial mediante la incorporación de sus disposiciones a la legislación nacional y el fortalecimiento de los sistemas de justicia penal. Igualmente expresaron la decisión del Movimiento de fortalecer la capacidad de las Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales de prestar asistencia a los Estados Miembros que la soliciten para la aplicación del Protocolo.

240. Los Jefes de Estado o de Gobierno instaron a todos los Estados, individualmente y mediante la cooperación internacional, a aumentar los esfuerzos para acabar con la trata de personas, entre otras cosas, mediante su aporte activo para una asociación mundial contra la esclavitud y la trata de personas en el siglo XXI, con el objetivo de mejorar la coordinación e intercambio de información, especialmente para la protección de los derechos de las víctimas de la trata de personas.

241. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su consternación ante casos de prejuicios religiosos y culturales, la incomprensión, intolerancia y discriminación por motivos de religión o credo o diferencias de los sistemas de credos, que socavan el disfrute de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales y obstaculizan el fomento de la cultura de paz. El pluralismo, la tolerancia y la comprensión de la diversidad religiosa y cultural son aspectos esenciales para la paz y la armonía. Las acciones que entrañan prejuicio, discriminación, estereotipos y perfiles raciales, religiosos y sectarios constituyen una afrenta a la dignidad humana y la igualdad, y no deberán tolerarse. El respeto de la democracia y los derechos humanos y el fomento de la comprensión y la tolerancia por los Gobiernos y entre las minorías, son imprescindibles para la promoción y la protección de los derechos humanos. Reafirmaron que los Estados tienen el deber de garantizar el pleno disfrute de todos los derechos humanos y de las libertades fundamentales sin discriminación y en plena igualdad ante la ley.

242. Al recordar la oposición del Movimiento a toda forma de racismo, discriminación racial, xenofobia y las formas conexas de intolerancia y expresar profunda preocupación por el resurgimiento de formas contemporáneas de esos delitos abominables en diversas partes del mundo, los Jefes de Estado o de Gobierno tomaron nota de los progresos efectuados por los Estados a escala nacional, regional e internacional, con especial hincapié en un seguimiento amplio de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia y la aplicación de la Declaración y el Programa de Acción de Durban. A este efecto, los Jefes de Estado o de Gobierno instaron al Consejo de Derechos Humanos a emprender la formulación de normas complementarias de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. También exhortaron a la Asamblea General de las Naciones Unidas a que adoptara en su sexagésimo primer período de sesiones una decisión respecto de la convocatoria de la conferencia de examen de Durban.

 

Derecho internacional humanitario

243. Los Jefes de Estado o de Gobierno instaron a que se otorgue prioridad al fomento del conocimiento, el respeto y cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional humanitario, en particular de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos de 1977, y alentaron a los Estados a considerar la posibilidad de ratificar los dos Protocolos Adicionales de 1977 o adherirse a estos.

244. Los Jefes de Estado o de Gobierno exhortaron a todas las partes en conflictos armados a cumplir sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario, entre otras cosas, mediante la prohibición de utilizar a la población y a objetos civiles como blancos durante un conflicto armado y el cumplimiento por las partes en un conflicto de brindar protección general contra los peligros dimanantes de operaciones militares a las instalaciones civiles, los hospitales y materiales de socorro y los medios de transporte y distribución de estos materiales.

245. Los Jefes de Estado o de Gobierno reiteraron la condena del Movimiento a los ataques cada vez más frecuentes contra la seguridad del personal que cumple funciones humanitarias e instaron a los gobiernos de los Estados Miembros de las Naciones Unidas a garantizar el respeto a la protección del personal de las organizaciones humanitarias, de conformidad con las normas pertinentes del derecho internacional. Los organismos humanitarios y su personal deberán respetar las leyes de los países donde trabajen y los principios de neutralidad y no injerencia, así como los valores culturales, religiosos y de otra índole de la población de los países donde operen.

246. Los Jefes de Estado o de Gobierno recordaron la protección que el derecho internacional humanitario y los instrumentos de derechos humanos pertinentes confieren a las personas capturadas en circunstancias de conflicto armado internacional.

247. Consecuentes con las posiciones de principio mencionadas anteriormente y guiados por éstas, y afirmando la necesidad de defender, preservar y promover esas posiciones, los Jefes de Estado o de Gobierno acordaron adoptar, entre otras, las medidas siguientes:

247.1 Invitar a los Estados que aún no lo hayan hecho a considerar la posibilidad de ratificar la Convención de La Haya de 1954 para la protección de la propiedad cultural en caso de conflicto armado y sus dos Protocolos Adicionales;

247.2 Instar a los Estados a cumplir cabalmente las disposiciones del derecho internacional humanitario, en especial de conformidad con lo estipulado en los Convenios de Ginebra, a fin de brindar protección y ayuda a los civiles en los territorios ocupados, e instar además a la comunidad internacional y las organizaciones pertinentes del sistema de las Naciones Unidas a fortalecer la asistencia humanitaria a los civiles sometidos a la ocupación extranjera; y

247.3 Hacer hincapié en que a todos los detenidos o personas capturadas en actividades relacionadas con conflictos armados internacionales se deberá dispensar un trato humano y respetuoso a su dignidad inherente conferida en virtud del derecho internacional humanitario y de los instrumentos de derechos humanos pertinentes.

 

Asistencia humanitaria

248. Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron que la prestación de asistencia humanitaria no deberá politizarse y deberá respetar plenamente los principios de humanidad, neutralidad e imparcialidad, como se enuncia en la resolución 46/182 de la Asamblea General y su anexo que constituyen los principios rectores de la coordinación de la asistencia humanitaria, e hicieron hincapié en que todas las entidades humanitarias de las Naciones Unidas y organizaciones asociadas deberán actuar en correspondencia con sus respectivos mandatos, el derecho internacional humanitario y la legislación nacional. Reafirmaron además que la soberanía, la integridad territorial y la unidad nacional de los Estados deberá respetarse plenamente de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. En este contexto, subrayaron que la asistencia humanitaria deberá prestarse en virtud del principio de solicitud y consentimiento del país afectado.

249. Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron el compromiso del Movimiento de aumentar la cooperación internacional a fin de prestar asistencia humanitaria de plena conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, y al respecto, reiteraron el rechazo del Movimiento al llamado “derecho” de intervención humanitaria, que carece de fundamento en la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional.

250. Los Jefes de Estado o de Gobierno instaron a la comunidad internacional a que brinde pleno apoyo, en particular recursos financieros, a la asistencia humanitaria de emergencia a todos los niveles, y por ende, acogieron con beneplácito el establecimiento del Fondo Central para la Acción en caso de Emergencias de las Naciones Unidas (CERF) y destacaron la necesidad de mantener el seguimiento, la supervisión y el examen, por parte de la Asamblea General, de las actividades realizadas por el recién establecido CERF, para velar por que éste funcione de conformidad con los principios convenidos que figuran en las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, en particular la resolución 46/182 de la Asamblea General.

251. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su preocupación por el sufrimiento humano y las consecuencias económicas provocados por la reciente serie de desastres naturales en todo el mundo. Alentaron a la comunidad internacional, las autoridades nacionales y las organizaciones no gubernamentales a fomentar una colaboración más estrecha para responder a los desastres naturales aumentando la preparación para casos de emergencia y las medidas de gestión desastres, tales como los sistemas regionales de alerta temprana sobre desastres y el intercambio de información.

252. Los Jefes de Estado o de Gobierno alentaron nuevamente a los Estados a cumplir sus compromisos relativos a la prestación de asistencia a los países en desarrollo expuestos a desastres naturales y a los Estados afectados por desastres que se encuentran en la fase de transición a una recuperación física, social y económica sostenida, así como asistencia para las actividades de reducción de los riesgos durante la recuperación después de los desastres y para los procesos de rehabilitación.

 

Tecnología de la información y las comunicaciones

253. Los Jefes de Estado o de Gobierno acogieron con beneplácito la participación de los Jefes de Estado o de Gobierno del Movimiento en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) en su segunda fase, celebrada en Túnez del 16 al 18 de noviembre de 2005, y subrayaron la importancia del aporte de los Países No Alineados para que la Cumbre alcanzara resultados orientados al desarrollo, el Compromiso de Túnez y la plena aplicación del programa para la Sociedad de la Información, e instaron a los Estados Miembros de las Naciones Unidas, los organismos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales, así como a la sociedad civil, incluidos las organizaciones no gubernamentales y el sector privado, a contribuir de manera activa a la aplicación y el seguimiento de los resultados de las fases de Ginebra y Túnez de la Cumbre, en especial, emprendiendo acciones, conforme a lo dispuesto en los documentos finales de estos foros.

254. Los Jefes de Estado o de Gobierno encomiaron altamente a Malasia por haber acogido la VI Conferencia de Ministros de Información de Países No Alineados (COMINAC-VI), celebrada en Kuala Lumpur, Malasia, del 19 al 22 de noviembre de 2005, y por el documento final sustantivo allí adoptado, y expresaron la determinación y el compromiso del Movimiento de aplicar plenamente las decisiones y recomendaciones que figuran en él.

255. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su oposición a la difusión de informes discriminatorios y distorsionados de los acontecimientos que ocurren en los países en desarrollo. En tal sentido, acogieron con satisfacción los esfuerzos por revitalizar las Organizaciones de Radiodifusión de los Países no Alineados, como vía eficaz para transmitir objetivamente al mundo los acontecimientos que tienen lugar en los países en desarrollo. También tomaron nota, a este respecto, de la valiosa experiencia de “La Nueva Televisión del Sur” (TELESUR).

256. Los Jefes de Estado o de Gobierno reiteraron su apoyo al Programa de Túnez para la Sociedad de la Información, en particular, su contenido en materia de desarrollo y destacaron la importancia de la participación eficaz de una representación equitativa y efectiva de los países en desarrollo en la aplicación de los resultados del proceso de la CMSI, incluidos el Foro para la Gobernanza de Internet y el Aumento de la Cooperación.

257. Consecuentes con las posiciones de principio mencionadas anteriormente y guiados por éstas, y afirmando la necesidad de defender, preservar y promover esas posiciones, los Jefes de Estado o de Gobierno acordaron adoptar, entre otras, las medidas e iniciativas siguientes:

257.1 De conformidad con una de las recomendaciones de la VI Conferencia de Ministros de Información de Países No Alineados (COMINAC-VI), celebrada en Kuala Lumpur, Malasia, del 19 al 22 de noviembre de 2005, decidieron aprobar el establecimiento así como el fortalecimiento y la consolidación del funcionamiento de la Red de Noticias del Movimiento de Países No Alineados (NNN), encabezado por Malasia.

257.2 Convocar a la VII Reunión de Ministros de Información del MNOAL (COMINAC VII) en el primer semestre de 2008, que se celebrará en un País Miembro del MNOAL que deberá determinarse sobre la base del principio de rotación regional.

257.3 Invitar a los Países No Alineados a presentar propuestas para la COMINAC VII con vistas a fortalecer la cooperación dentro del Movimiento en la esfera de la tecnología de la información y las comunicaciones.

 

Adelanto de la mujer

258. Los Jefes de Estado o de Gobierno comprometieron nuevamente al Movimiento con la aplicación de la Declaración y la Plataforma de Acción, aprobadas en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer y apoyaron plenamente los resultados del examen y evaluación quinquenal, que figuran en el documento “Otras medidas e iniciativas” para aplicar la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, aprobado durante el vigésimotercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrado en junio de 2000.

259. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su determinación de eliminar todas las formas de discriminación y violencia contra la mujer y la niña, especialmente en situaciones de conflicto armado y ocupación extranjera, incluida la utilización sistemática del secuestro y la violación, por las partes en el conflicto, como instrumento de guerra, así como la trata y victimización de mujeres y niñas. Asimismo expresaron su aversión por la persistencia de esos actos. Al respecto, exhortaron a los Estados a adoptar las medidas necesarias contra los autores de tales actos y velar por la adhesión al derecho internacional y la legislación nacional, incluida la creación de leyes para la protección de la mujer y la niña en situaciones de conflicto armado. Exhortaron además a los Estados, que no lo hayan hecho, a trabajar con miras a ratificar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer o adherirse a ella, y alentaron a todos los Estados Miembros a considerar la posibilidad de ratificar su Protocolo Facultativo o adherirse a éste.

260. Los Jefes de Estado o de Gobierno tomaron nota de que recientemente se estableció en la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos la división a cargo del género, cuyo cometido es promover y proteger los derechos humanos de la mujer en el contexto del Consejo de Derechos Humanos. Si bien esta división se encuentra todavía en una fase de constitución, los Jefes de Estado o de Gobierno advirtieron que sus operaciones no deben entrar en conflicto con la actual asociación entre la División para el Adelanto de la Mujer y la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Los Jefes de Estado o de Gobierno subrayaron que el mandato de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer es amplio y abarca dimensiones sociales y económicas que exceden los derechos humanos de la mujer.

261. Los Jefes de Estado o de Gobierno elogiaron altamente a Malasia por haber acogido la Conferencia Ministerial del Movimiento de Países No Alineados sobre el Adelanto de la Mujer, celebrada en Putrajaya, Malasia, del 7 al 10 de mayo de 2005, celebraron el documento final sustantivo aprobado, y expresaron la decisión y el compromiso del Movimiento de aplicar cabalmente las decisiones y recomendaciones que figuran en él.

262. Consecuentes con las posiciones de principio mencionadas anteriormente y guiados por éstas, y afirmando la necesidad de defender, preservar y promover esas posiciones, los Jefes de Estado o de Gobierno acordaron adoptar, entre otras, las medidas e iniciativas siguientes:

262.1 Celebrar en 2007 la Segunda Reunión Ministerial del MNOAL sobre el Adelanto de la Mujer, que tendrá lugar en Guatemala.

262.2 Decidieron, según la recomendación de la Reunión Ministerial del MNOAL sobre el Adelanto de la Mujer, celebrada en Putrajaya, Malasia, del 7 al 10 de mayo de 2005, brindar apoyo al establecimiento de un centro del MNOAL sobre género y desarrollo, que estaría ubicado en Kuala Lumpur, Malasia.

 

Poblaciones indígenas

263. Los Jefes de Estado o de Gobierno reiteraron su apoyo a la necesidad de promover los derechos económicos, políticos y culturales de las poblaciones indígenas y su compromiso de prestar especial atención a los esfuerzos realizados a nivel nacional y multilateral para mejorar sus condiciones de vida mediante la participación civil. Asimismo, ante la apropiación y el uso indebido de los conocimientos tradicionales entre indígenas, acordaron promover la defensa del patrimonio colectivo biológico y cultural a fin de que las poblaciones indígenas puedan disponer de instrumentos jurídicos referentes a la propiedad intelectual, de suerte que sus conocimientos tradicionales queden protegidos contra el uso inadecuado o sin autorización por parte de terceros.

 

Analfabetismo

264. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su profunda preocupación por el hecho de que más de 113 millones de niños carecen de acceso a la educación primaria, 877 millones de adultos son analfabetos y más de las dos terceras partes de esos analfabetos se encuentran en el África subsahariana, el Asia meridional y occidental, los Estados árabes y el África septentrional. Si no se avanza a un ritmo acelerado hacia la educación para todos, las metas acordadas nacional e internacionalmente para la reducción de la pobreza no se cumplirán, y las desigualdades entre los países y dentro de las sociedades aumentarían. Al respecto, reiteraron el apoyo y el compromiso del Movimiento para cooperar en la consecución de las metas del Decenio de las Naciones Unidas para la Alfabetización (2003-2012).

265. En este contexto, los Jefes de Estado o de Gobierno decidieron conceder atención prioritaria al desarrollo de mecanismos de cooperación entre los Estados Miembros del MNOAL, así como al fortalecimiento de la cooperación regional e internacional con el objetivo de hacer frente al analfabetismo en forma eficaz y erradicarlo en cumplimiento del segundo objetivo de desarrollo del Milenio trazado para el año 2015.

 

Salud, VIH/SIDA, Paludismo, Tuberculosis y otras enfermedades transmisibles

266. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su preocupación por la amenaza global que representa la propagación de epidemias, tales como VIH/SIDA, paludismo, tuberculosis y otras enfermedades transmisibles. En este contexto, instaron a los Estados Miembros de las Naciones Unidas a los niveles nacional, regional e internacional a que aumente su cooperación para hacer frente y combatir estos flagelos.

267. Los Jefes de Estados o de Gobierno reconocieron que el VIH/SIDA constituye una emergencia global y plantea uno de los retos mas formidables para el desarrollo, el progreso y la estabilidad de sus respectivas sociedades y del mundo en general, y que requiere una respuesta mundial amplia y excepcional. Acogieron con beneplácito la declaración política sobre el VIH/SIDA, aprobada el 2 de junio de 2006 por la Reunión de alto nivel sobre VIH/SIDA de la Asamblea General de las Naciones Unidas, e instaron a los Estados Miembros de las Naciones Unidas a ampliar de manera significativa sus esfuerzos con miras a alcanzar, para 2010, el objetivo de acceso universal a amplios programas de prevención, tratamiento, cuidado y apoyo, y de esta manera, exhortaron a todos los Estados, especialmente a los países desarrollados a que cumplan cabalmente estos compromisos, e instaron a las organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales y al sector empresarial a que apoyen las actividades nacionales en este sentido.

268. Los Jefes de Estado o de Gobierno reconocieron los logros de la cooperación Sur-Sur en la lucha contra el VIH/SIDA y decidieron conceder atención prioritaria al desarrollo de mecanismos de cooperación entre los Estados Miembros del MNOAL, así como al fortalecimiento de la cooperación regional e internacional para enfrentar con efectividad el VIH/SIDA en cumplimiento de los ODM 6 y 8.

269. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron grave preocupación por la grave amenaza que representa la propagación de la influenza aviar desde que notificaron los primeros brotes importantes, lo que puede tener graves repercusiones no sólo para la salud pública en todo el planeta mundial sino también para la economía mundial. Asimismo reiteraron que resulta imprescindible adoptar medidas concertadas a nivel nacional, regional e internacional para enfrentar ese reto de manera eficaz y oportuna.

 

Delincuencia transnacional organizada

270. Los Jefes de Estado o de Gobierno reiteraron el compromiso del Movimiento de coordinar sus esfuerzos y estrategias a escala nacional, regional e internacional contra los delitos transnacionales y de elaborar los métodos más eficaces para combatir delitos de esa naturaleza. Reafirmaron que los esfuerzos internacionales contra los delitos transnacionales deberán realizarse con el debido respeto por la soberanía e integridad territorial de los Estados.

271. Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron que las actividades de la delincuencia organizada afectan adversamente al desarrollo, la estabilidad política y los valores sociales y culturales.

272. Los Jefes de Estado o de Gobierno reiteraron que la respuesta a la amenaza que representa la delincuencia transnacional organizada requiere una estrecha cooperación a nivel internacional. Han tenido lugar importantes cambios en la estructura y la dinámica de los delitos organizados a escala nacional e internacional, incluidas nuevas manifestaciones de lavado de dinero y corrupción. Algunos territorios han comenzado a utilizarse como puntos de tránsito de actividades de delincuencia organizada, tales como el tráfico de drogas. Estos delitos amenazan la integridad de los sectores financiero y comercial, ponen en peligro la soberanía nacional y desconocen las fronteras nacionales.

273. Los Jefes de Estado o de Gobierno consideraron firmemente que las amplias estrategias de prevención del delito deben abordar, entre otras cosas, las causas básicas y los factores de riesgo relacionados con el delito.

274. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su preocupación sobre la gravedad del tráfico de órganos humanos y la creciente participación de grupos delictivos organizados en ese sentido.

275. Los Jefes de Estado o de Gobierno también expresaron su preocupación por el aumento de la participación de grupos de la delincuencia organizada en el tráfico de bienes culturales saqueados, robados o contrabandeados.

276. Consecuentes con las posiciones de principio antes mencionadas y guiados por éstas, los Jefes de Estado o de Gobierno acordaron adoptar, entre otras, las medidas siguientes:

276.1 Adoptar las medidas necesarias en el plano nacional e internacional con miras a la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada y los instrumentos internacionales contra el tráfico ilícitos de drogas, según proceda;

276.2 Solicitar un nivel suficiente de asistencia y cooperación financiera y técnica para que los países en desarrollo y los países con economías en transición puedan aplicar esos tratados;

276.3 Fortalecer la cooperación y la asistencia técnica internacionales para el aumento de capacidades en los países en desarrollo y los países con economías en transición para cumplir de manera eficaz las obligaciones establecidas en los instrumentos internacionales vigentes para la prevención del delito; y

276.4 Adoptar otras medidas y fortalecer la cooperación internacional a fin de prevenir, combatir, sancionar y erradicar más eficazmente toda forma de delincuencia transnacional organizada, de conformidad con el derecho internacional.

 

Tráfico de drogas

277. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron profunda preocupación por el empeoramiento del problema del tráfico ilícito de drogas en el mundo por su naturaleza transfronteriza e internacional, lo que constituye una grave amenaza para toda la comunidad internacional. Reiteraron que se deben adoptarse medidas eficaces para prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito armas pequeñas y ligeras, el cual esta vinculado con el tráfico ilícito de drogas. Reconocieron que ningún Gobierno puede aspirar a combatir con éxito esta amenaza por sí solo, dado que las organizaciones delictivas vinculadas al tráfico de drogas operan de forma colectiva en el territorio de varios países y multiplican las rutas de tráfico y métodos de distribución.

278. Consecuentes con la citada posición, los Jefes de Estado o de Gobierno reiteraron que el problema mundial de las drogas ilícitas sólo se puede resolver de manera eficaz mediante la cooperación internacional y sobre la base de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y el principio de responsabilidad compartida. Al respecto, expresaron la determinación del Movimiento de hacer todo lo posible para aumentar y fortalecer la cooperación entre todos los Estados en este empeño común. Exhortaron a la comunidad internacional y las organizaciones internacionales a prestar mayor atención a la lucha general contra esta amenaza. En este contexto, los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron preocupación por la retirada de los recursos de la Naciones Unidas a determinados países en desarrollo, sin tener en cuenta la vulnerabilidad de estos países en la lucha contra el tráfico de drogas.

 

Corrupción

279. Los Jefes de Estado o de Gobierno destacaron que las prácticas corruptas, que incluyen la falta de gobernanza corporativa internacional sólida, el soborno, el lavado de dinero y la transferencia al exterior de fondos y activos adquiridos ilícitamente, socavan la estabilidad política y económica y la seguridad de las sociedades, socavan la justicia social y ponen gravemente en peligro los esfuerzos de los países en desarrollo para alcanzar el desarrollo sostenible. Reconocieron que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción instituye normas aceptadas universalmente para prevenir y combatir las prácticas corruptas, establece el principio de recuperación y transferencia de activos de origen ilícito y los mecanismos para la cooperación internacional a este respecto.

280. Consecuentes con las posiciones mencionadas anteriormente, los Jefes de Estado o de Gobierno destacaron, en particular, la aplicación de las disposiciones sobre la recuperación de activos que figuran en el Capítulo V de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que estipula que los Estados Miembros restituyan los activos obtenidos mediante la corrupción.

 

La Habana, Cuba
Septiembre de 2006

 

 

Anexo I: Países Miembros del Movimiento de Países No Alineados
(Hasta el 16 de septiembre de 2006)